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El Presupuesto 2018 y el Consenso Fiscal pasaron por Diputados con obras y fondos para Misiones

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta madrugada y giró al Senado los proyectos de Presupuesto 2018 y de prórroga de impuestos, con el respaldo del oficialismo, de los legisladores que responden a los gobernadores y del massista Frente Renovador. También convirtió en ley el Consenso Fiscal y la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal.

Tras diez horas de debate, el proyecto de Presupuesto fue aprobado en general con 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención; en tanto que el Responsabilidad Fiscal, registró 159 a favor, 55 en contra y 3 abstenciones; y el de Consenso Fiscal, 145 a favor, 53 en contra y 20 abstenciones.

En los dos casos, el bloque Argentina Federal que integra el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, acompañó las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional, aunque en forma anticipada se sabía de la postura que adoptaría este sector.

Los legisladores misioneros, Jorge Franco (renovador) y Luís Pastori (Cambiemos), en sus exposiciones destacaron las previsiones presupuestas para esta provincia, pero también los alcances del Consenso Fiscal que firmó el gobernador Hugo Passalacaqua y fue avalado por la Legislatura.

Entre los emprendimientos figuran: la pavimentación de la ruta provincial 8, entre Campo Grande y Jardín América, así como distintas obras en Posadas y municipios del interior; construcción de casas de madera a través del Plan Nacional de Viviendas; Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable para Posadas y Garupá.

También la ampliación del sistema de agua potable y cloacas en El Soberbio. Desagües cloacales de Aristóbulo del Valle. Nuevo sistema de bombeo de toma de agua en Dos de Mayo. Agua potable en Campo Grande. Provisión de agua potable etapas 1 y 2 de San Vicente. Agua potable en Corpus y Bernardo de Irigoyen. Desagües cloacales en Bernardo de Irigoyen, Corpus, Jardín América y Cerro Azul

Además, el cálculo nacional contempla la construcción de la línea de 132 kv San Isidro-Alem-Oberá; el acueducto troncal en Oberá; fondos para la Universidad Nacional del Alto Uruguay; construcción  del puente sobre el río Uruguay entre Misiones y Río Grande Do Sul (Brasil), así como el asfaltado de la ruta provincial 3.

Para aprobar las iniciativas, el interbloque Cambiemos tuvo asistencia casi perfecta y contó con el respaldo de los legisladores que responden a gobernadores de otras fuerzas políticas, además del bloque que encabeza Lousteau.

El massismo, con 15 diputados, dio su apoyo en general al proyecto de Presupuesto y al de Responsabilidad Fiscal, en tanto que se abstuvo en la votación del de Consenso Fiscal.

A ellos se sumó la legisladora del Frente para la Victoria, MIrta Soraire, que privilegió su relación con su gobernador provincial.

Por la negativa votaron el Frente para la Victoria, que reúne 65 legisladores; los tres diputados de la izquierda, los cuatro del Movimiento Evita y dos el peronismo puntano, entre otros.

El proyecto de Presupuesto 2018 contempla una suba del PBI del 3,5 por ciento, una inflación promedio del 15,7 por ciento, un aumento de la inversión superior al 17 por ciento, y destinar más del 70 de los recursos a gastos sociales.

En tanto que también fue girado al Senado el proyecto de impuestos que deben establece prorrogas hasta el 2022 del referido al cheque -cuya recaudación se utilizará para solventar a la Anses-, de Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, adicional del cigarrillo y la derogación del Fondo del Conurbano.

Por otra parte, convirtieron en ley el denominado Consenso Fiscal, donde figura los compromisos para bajar la presión tributaria, que en el caso de las provincias figura el compromiso de bajar las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, y la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal que tiene como objetivo reducir el gasto público y el déficit fiscal.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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