Nacionales
El peronismo se encaminaba a aprobar un repudio al “golpe de Estado” en Bolivia
Cambiemos limitó su proyecto a condenar las intervenciones políticas y militares. Pero quedó en minoría. Macri pretendía que ni se hablara de “golpe”.
BUENOS AIRES (Diarios y agencias). Sin el apoyo del macrismo, el pronunciamiento de repudio “al golpe de estado en Bolivia” iba camino a ser aprobado por la mayoría peronista en Diputados, ya que no hubo acuerdo entre los bloque
Ya se había anticipado que el oficialismo se abstendría de votar el texto del PJ a pesar de haber presentado un proyecto que condenaba lo sucedido con Evo Morales.
El presidente Mauricio Macri logró que sus legisladores evitaran referirse a la salida de Evo Morales como “un golpe de Estado”, pero no evitó que repudiaran la intervención militar que lo obligó a dimitir el domingo.
El debate interno entre el PRO y la UCR demoró la sesión de la Cámara de Diputados e impidió que acordaran una declaración conjunta con el resto de la oposición y casi se frustre.
Es que los legisladores de Cambiemos no llegaron a sus bancas cuando había pasado una hora de la citación y Emilio Monzó bien podría haber suspendido la sesión, pero prefirió esperar hasta que se reunieran 129.
Ni bien comenzó, pidió un cuarto intermedio para negociar un texto común entre los bloques pero no fue posible y el secretario parlamentario Eugenio Inchausti leyó las tres declaraciones: la del Gobierno, la de la oposición y la de Evolución, el bloque de Martín Lousteau, que no estaba para firmar.
El de Cambiemos no menciona golpe de Estado y repudia las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y es bastante más duro que las definiciones de Macri y Faurie por estos días, con letra de los radicales con experiencia diplomática que integran el bloque.
Dice: “Ratificar el compromiso con la cláusula democrática de la OEA y el protocolo de Usuahia del Mercosur, repudiar los ataques contra el sistema democrático, sufridos por el Estado Plurinacional de Bolivia, las condenables intervenciones policiales y militares en el proceso político, como así también las gravísimas alteraciones a la voluntad popular que desembocaron en el anuncio de una nueva convocatoria a elecciones nacionales.
Rechazar cualquier golpe contra la democracia y cualquier tipo de violencia, apoyando las autoridades constitucionales y la alternancia democrática”.
“Abogar por el inmediato restablecimiento pleno del Estado de derecho que garantice la paz en el pueblo de Bolivia a través de la convocatoria y realización de elecciones con total transparencia y la vigencia irrestricta a sus normas constitucionales”, termina el texto firmado por los tres jefes de bloque: Mario Negri (UCR), Álvaro González (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
El segundo párrafo de los fundamentos sienta una postura que tampoco se escucha en el palacio San Martín: “Es particularmente preocupante que reaparezcan en nuestro continente injerencias directas de las fuerzas armadas propiciando la renuncia de autoridades civiles”.
El del peronismo es escueto porque buscó ser consensuado por todo el recinto, pero no fue posible. “Expresar su profundo repudio al golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 en el Estado plurinacional de Bolivia, que obligó al presidente Evo Morales y a otros funcionarios a renunciar”, dice el primero de los tres párrafos.
El de Carla Carrizo y Teresita Villavicencio, aliadas de Lousteau, cuestiona el golpe de Estado en Bolivia y las “prácticas electorales” fraudulentas.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, que además es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT), firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales y el salario inicial de los trabajadores del sector llegará al asciende a $1.779.351,32.
La suba se corresponde a una actualización de los sueldos de mayo de 2025 y se traduce en un 1,5% de aumento, en línea al índice de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Censos (Indec).
De esta manera, el sector bancario acumula aumentos de 13,5% en lo que va del año y en junio un trabajador que recién se inicie tendrá un sueldo de $1.779.351,32, al que se suma el monto correspondiente a la participación en las ganancias del sector (ROE), que se estableció en $80.365,30.
Según detalló Infobae, el incremento salarial se aplica sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, incluyendo componentes remunerativos y no remunerativos, así como adicionales convencionales y no convencionales.
Además del salario mensual, el ajuste impacta en el monto correspondiente al Día del Bancario, celebrado cada 6 de noviembre, cuando los empleados del sector perciben un bono anual adicional.
Con esta última actualización, el monto mínimo del bono quedó fijado en $1.586.230,15, valor que también estará sujeto a correcciones futuras según las próximas actualizaciones salariales mensuales.
El acuerdo fue rubricado entre la Asociación Bancaria y las siguientes entidades: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y el Banco Central de la República Argentina. Este esquema de revisión mensual se mantiene como un caso excepcional dentro de las negociaciones paritarias, dada la capacidad financiera del sector y la existencia de una cláusula específica dentro del convenio colectivo de trabajo.
ACTUALIZACIÓN SALARIAL MAYO 2025
Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de Mayo de 2025.
Más info → https://t.co/3VMa2NQwhk pic.twitter.com/8i0Q1PXkT0
— Asociación Bancaria (@La_Bancaria) June 13, 2025
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