Nacionales
El Ministro de Educación a favor de enseñar religión en las escuelas, enciende el debate en las redes
Mientras los docentes universitarios están planeando hacer un paro nacional de una semana el mes próximo por la paritaria nacional, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo encendió la polémica en el país al decir que “en las escuelas públicas debe haber enseñanza de la religión, no solamente de una” de ellas.
El ejemplo de Jesús debe ser aprendido, pero también el ejemplo de Mahoma, las enseñanzas del budismo y el hinduismo, otras religiones también para crecer juntos reconociendo al otro”,
dijo el ministro durante la inauguración de un colegio en Esquina, ciudad ubicada 320 kilómetros al sur de la capital correntina. La declaración generó un fuerte debate en las redes sociales y también entre especialistas, que advierten que hay una suerte de “vacío legal” en el país tras la derogación de la histórica Ley 1420, que terminó en 1884 con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas argentinas. Además, la Corte Suprema debe decidir si son constitucionales una serie de normas de Salta que habilitaron que se enseñe religión católica en las escuelas públicas de aquella provincia.
Fuentes del Ministerio de Educación negaron rotundamente al diario Clarín que vayan a promover la educación religiosa en el país. “Para nada estamos de acuerdo con eso. Ni en el Plan Maestro ni en ninguna norma que impulsamos lo proponemos“, dijeron. Sin embargo, las declaraciones del ministro actualizaron un debate que fue creciendo en la Argentina en los últimos años. Sobre todo desde 2015, cuando el Congreso decidió derogar la Ley 1420, al considerar que ya fue reemplazada por la actual Ley de Educación Nacional 26.206 de 2006 y por las leyes provinciales.
La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase”.
Artículo 8, Ley 1420. Sancionada en 1884, y tras encendidos debates, la Ley 1420 que garantiza la escuela pública gratuita, universal y obligatoria, es una de las más respetadas en la Argentina. Esa norma, junto a la construcción de escuelas y el apoyo a los maestros, fue lo que permitió desde fines del siglo XIX el progreso social a la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a la Argentina. Esa Ley logró, entre otras cosas, que en 1930 el 60% de los chicos argentinos completaran la escuela primaria, liderando la región. Si bien no mencionaba el carácter laico de la educación, el artículo 8 dejaba bien claro que la instrucción religiosa es optativa y por fuera del horario escolar.
Desde 2015 esta ley quedó derogada con el argumento que la actual Ley de Educación -de 2006- y las leyes provinciales la reemplazaron. Pero las nuevas normas no regulan la religión en la escuela pública, y algunas voces denuncian que así se abre la puerta a que vuelva la religión a las escuelas públicas.
Nacionales
Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación
Una semana antes de que se conozca el índice de inflación de enero, calculado con el nuevo IPC del Indec, este lunes se conoció la renuncia del director del organismo estadístico, Marcos Lavagna, el único funcionario nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández que sobrevivía en la Era Milei.
Según la prensa porteña, la salida de Lavagna “sorprendió a la Casa Rosada” y se produjo horas después de conocerse el Informe de Política Monetaria del Banco Central, donde se afirma que de haberse aplicado antes la nueva tabla del IPC, los indicadores de inflación hubiesen sido más altos.
El índice de inflación de enero es el primero en medirse con los parámetros del nuevo IPC, que se supone tiene ponderadores más acordes a los consumos actuales de los argentinos, y que estaba listo desde hace meses, pero Lavagna lo demoró para que no interfiriera en el año electoral.
El Informe de Política Monetaria del BCRA sostiene que con el nuevo IPC la inflación de los dos años de Miei hubiese sido más alta, por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec.
“Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el Indec reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023)”, dice el informe del Central.
“Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)”, explica el documento.
Según detalla Clarín, en 2024 los bienes aumentaron un 96,3% y los servicios 189%, mientras que en 2025 los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%, por lo que, con el nuevo IPC, el dato de inflación hubiese dado bastante más por arriba, un desfasaje que los gremios ubican en 15 puntos.
El propio BCRA dice ahora que “las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC”.
Nacionales
Oficializaron el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso
A través del Decreto 53/2026, el gobierno amplió el temario del Congreso, previsto para el período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero, para tratar el “Régimen Penal Juvenil”, que busca bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años.
La medida se oficializó horas después del anuncio que dio el presidente Javier Milei, ayer en Mar del Plata, y fue formalizada este martes a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El texto normativo es escueto, pero contundente. En su artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
De esta manera, la decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en Mar del Plata, donde ante sus seguidores sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto“.
El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad, hoy fijada en 16 años, y permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.
Nacionales
En Buenos Aires ofrecen créditos para pagar expensas atrasadas
En medio de recortes y sueldos congelados, el Banco Ciudad lanzó una línea de crédito para que los vecinos de consorcios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan pagar sus expensas atrasadas en hasta 18 cuotas.
De esta manera, el beneficio les permitirá cancelar hasta tres meses de deuda, con un monto máximo de $1.500.000 que se deposita directo en la cuenta del consorcio.
La línea tiene tasa fija del 60% TNA y cuotas de 3, 6, 9, 12 y 18 meses, siempre que no superen el 20% de los ingresos del solicitante. A modo de ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 18 meses tendría una primera cuota de $98.225.
Cabe recordar que, en 2025 las expensas subieron 36% en promedio en CABA y 313,6% en los últimos dos años, por lo que este nuevo crédito surge como una herramienta alternativa para facilitar que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse al día con sus obligaciones.
Sin ir más lejos, el anuncio se realizó en un contexto de creciente morosidad en los pagos de expensas, tanto en CABA como en el conurbano. Según datos arrojados por un relevamiento de ConsorcioAbierto 17 de cada 100 departamentos se encuentran en situación de mora, un nivel que se mantuvo estable durante todo 2025.
El informe también señala que las tasas de interés promedio en diciembre fueron del 4,8% en CABA y del 6,2% en la provincia de Buenos Aires, lo que impacta directamente en la gestión financiera de los consorcios, especialmente en un contexto de retrasos en los pagos.
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