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El gobierno subiría el salario mínimo, vital y móvil a 22 mil pesos

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El Gobierno buscará cerrar un acuerdo en torno al 30% lo que ubicaría al Salario Mínimo, Vital y Móvil en torno a los $22 mil, mientras que la CGT y CTA anticiparon pedir un ajuste del 167% hasta llevar el piso salarial a los niveles de la canasta básica.

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este miércoles para adecuar ese piso de ingresos. A diferencia de otras negociaciones, en las que la cifra de aumento del salario mínimo afecta en muy pocos casos, este ajuste tendrá un impacto directo en más de medio millón de planes sociales y en más de dos millones de subsidios del programa ATP frente a la pandemia.

El Gobierno espera fijar en torno del 30% el aumento del salario mínimo para este año, lo que lo llevaría a unos 22.000 pesos, en sintonía con el promedio de paritarias que cerraron hasta el momento.

Este martes la CGT y la CTA anticiparon que pedirán un piso de 45.000 pesos, acorde con el costo de la canasta básica de consumo, lo que representaría un aumento de 167% respecto de los actuales 16.875 pesos de salario mínimo, vital y móvil pactado en octubre del año pasado.

“No es una negociación más. Hay muchas variables atadas hoy al salario mínimo”, adelantó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La referencia del funcionario se centra en el mayor gasto público que implicaría para las cuentas públicas un aumento mayor al que se maneja en su cartera. El Consejo se reunirá este miércoles a las 15 de manera virtual, donde se definirá un nuevo monto del haber mínimo, según informó El Destape.

Además de fijar un nuevo haber mínimo de referencia, la reunión tripartita (cámaras patronales, gremios y Estado) determinará los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo y el básico docente. Tanto la CGT, que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña, como la CTA Autónoma que conducen Ricardo Peidro y Hugo Godoy, coincidieron en que reclamarán más de 45 mil pesos y en un solo tramo, mientras la CTA que lidera Hugo Yasky, realiza estudios para definir su propuesta.

Según el último valor disponible difundido por el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total, para una familia tipo de cuatro miembros, registró en agosto pasado un costo de 45.477,66 pesos, sin la actualización inflacionaria de septiembre y octubre. La última homologación del mínimo fue el 3 de septiembre de 2019, cuando el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, rubricó una suba del 35% y el salario pasó 12.500 pesos a los actuales 16.875 en tres tramos. Históricamente el salario básico de convenio de la primera categoría, que se negocia en paritarias, se sitúa entre 10% y 20% por encima de ese mínimo.

El Gobierno sostiene que el informe impacta de manera directa en el programa de ATP, que consiste en el pago de hasta dos salarios mínimos por empleado en las empresas privadas. Es el segundo subsidio en importación después del IFE (el bono de 10.000 pesos a las familias). El Estado destinó en el programa ATP unos 207.000 millones de pesos al sector privado.

El ajuste definido del salario mínimo también permite estimar el pago del REPRO, un subsidio que este año recibieron 190 empresas. El programa consiste en una suma fija mensual remunerativa de hasta un salario mínimo por trabajador por hasta 12 meses para completar el sueldo de su categoría en empresas que acrediten una situación de crisis.


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UTA llamó a un paro de colectivos por 24 horas para el 5 de marzo

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uta paro de colectivos

Tras culminar la conciliación obligatoria sin acuerdo por los reclamos salariales, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el paro de colectivos en todo el país, a excepción -hasta ahora- del área metropolitana de Buenos Aires (Amba), para el próximo martes 5 de marzo.

El anuncio de la medida de fuerza fue realizado esta tarde por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), entidad que representa a más de 40 empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros.

“Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, anunciaron a través de su cuenta en X.

En la publicación, además, se adjuntó un comunicado que añade: “En atención al vencimiento del período de conciliación laboral impuesto, y tras dos meses sin ofrecimiento salarial alguno y a la profundización del conflicto, informamos que se ha resuelto la adopción de una medida de acción gremial, consistente en un paro por 24 horas durante toda la jornada del día martes 5 de marzo de 2024″.

Además, AAETA informó que el 7 de marzo habrá una nueva audiencia virtual para “monitorear el estado de situación” y establecer nuevas medidas.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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