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El Gobierno destinará $1200 millones para subsidiar indemnizaciones por despidos

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El Gobierno destinará 1.200 millones de pesos por año a la aplicación de un plan destinado a la reconversión de sectores industriales en riesgo por la apertura de importaciones, que incluirá subsidios para las indemnizaciones por los eventuales despidos en esas actividades o para abaratar los sueldos de las nuevas contrataciones, como había anticipado el diario Ámbito Financiero. El Plan de Transformación Productiva, presentado ayer por los ministerios de Producción y Trabajo, fue recibido con escepticismo por los industriales que temen por la baja de aranceles, en tanto que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) directamente lo rechazó de plano.

El programa fue presentado ayer como parte de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo y al calor de la anunciada eliminación de los aranceles para la importación de productos informáticos a partir de marzo próximo. En el sector habían advertido que una medida de esas características pondría en riesgo unos 15 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos sólo en la actividad. La iniciativa, no obstante, podrá aplicarse a cualquier industria amenazada por la competencia externa, de acuerdo con sus postulados.

Respecto de los trabajadores de actividades en riesgo potencial el plan tiene dos abordajes: por un lado prevé un subsidio para las empresas incluidas en el plan de reconversión y que tengan previsto contratar nuevo personal. Por otro, para los empleados despedidos de industrias que se hubiesen declarado imposibilitadas de encarar una reconversión de sus actividades habrá un seguro de desempleo ampliado” equivalente por lo menos a un salario mínimo (en la actualidad, de $7.560) y cuyo valor máximo será la mitad del último salario percibido. En otras palabras, un subsidio estatal para facilitar las cesantías.

Apenas conocidos los puntos principales del plan presentado ayer la UOM reaccionó. Francisco Gutiérrez, de la seccional Quilmes del gremio y miembro de la conducción nacional de la CGT, calificó la semana pasada de “aberrante” el plan por entenderlo como un mecanismo para facilitar los despidos en lugar de sostener los puestos de trabajo.

“Del plan no vemos nada por ahora, sólo que se le abrirá el mercado a China al cero por ciento de arancel, cuando es una economía que está afuera del mercado internacional. Y no lo decimos nosotros: la Argentina tiene más de 800 casos de dumping contra China. El costo de esta apertura va a ser muy grande en tiempo y dinero. Por lo pronto, son miles de obreros que, si la idea es descartarlos, habrá que darles sustento y reformularlos para otras tareas. Lo que sí podemos evaluar son los 300 millones de dólares que perderá el Estado entre aranceles y sustitución de importaciones”, lamentó el empresario Carlos Scimone, de la Cámara de Máquinas de Oficinas Comerciales (Camoca, sector informático).

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Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación

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Indec

Una semana antes de que se conozca el índice de inflación de enero, calculado con el nuevo IPC del Indec, este lunes se conoció la renuncia del director del organismo estadístico, Marcos Lavagna, el único funcionario nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández que sobrevivía en la Era Milei.

Según la prensa porteña, la salida de Lavagna “sorprendió a la Casa Rosada” y se produjo horas después de conocerse el Informe de Política Monetaria del Banco Central, donde se afirma que de haberse aplicado antes la nueva tabla del IPC, los indicadores de inflación hubiesen sido más altos.

El índice de inflación de enero es el primero en medirse con los parámetros del nuevo IPC, que se supone tiene ponderadores más acordes a los consumos actuales de los argentinos, y que estaba listo desde hace meses, pero Lavagna lo demoró para que no interfiriera en el año electoral.

El Informe de Política Monetaria del BCRA sostiene que con el nuevo IPC la inflación de los dos años de Miei hubiese sido más alta, por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec.

“Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el Indec reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023)”, dice el informe del Central.

“Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)”, explica el documento.

Según detalla Clarín, en 2024 los bienes aumentaron un 96,3% y los servicios 189%, mientras que en 2025 los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%, por lo que, con el nuevo IPC, el dato de inflación hubiese dado bastante más por arriba, un desfasaje que los gremios ubican en 15 puntos.

El propio BCRA dice ahora que “las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC”.

 

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Oficializaron el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso

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senadores

A través del Decreto 53/2026, el gobierno amplió el temario del Congreso, previsto para el período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero, para tratar el “Régimen Penal Juvenil”, que busca bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. 

La medida se oficializó horas después del anuncio que dio el presidente Javier Milei, ayer en Mar del Plata, y fue formalizada este martes a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El texto normativo es escueto, pero contundente. En su artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

De esta manera, la decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en Mar del Plata, donde ante sus seguidores sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto“. 

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad, hoy fijada en 16 años, y permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

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En Buenos Aires ofrecen créditos para pagar expensas atrasadas

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En medio de recortes y sueldos congelados, el Banco Ciudad lanzó una línea de crédito para que los vecinos de consorcios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan pagar sus expensas atrasadas en hasta 18 cuotas. 

De esta manera, el beneficio les permitirá cancelar hasta tres meses de deuda, con un monto máximo de $1.500.000 que se deposita directo en la cuenta del consorcio.

La línea tiene tasa fija del 60% TNA y cuotas de 3, 6, 9, 12 y 18 meses, siempre que no superen el 20% de los ingresos del solicitante. A modo de ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 18 meses tendría una primera cuota de $98.225. 

Cabe recordar que, en 2025 las expensas subieron 36% en promedio en CABA y 313,6% en los últimos dos años, por lo que este nuevo crédito surge como una herramienta alternativa para facilitar que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Sin ir más lejos,  el anuncio se realizó en un contexto de creciente morosidad en los pagos de expensas, tanto en CABA como en el conurbano. Según datos arrojados por un relevamiento de ConsorcioAbierto 17 de cada 100 departamentos se encuentran en situación de mora, un nivel que se mantuvo estable durante todo 2025.

El informe también señala que las tasas de interés promedio en diciembre fueron del 4,8% en CABA y del 6,2% en la provincia de Buenos Aires, lo que impacta directamente en la gestión financiera de los consorcios, especialmente en un contexto de retrasos en los pagos.

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