Nacionales
El freno judicial al tarifazo de la luz ya impacta en todo el país
El tarifazo de la luz dispuesto por el Gobierno comienza a recorrer idéntico camino al del gas, suspendido por la Justicia y que hoy comenzará su derrotero rumbo a la Corte Suprema. La jueza en lo contencioso administrativo Federal N° 2 de San Martín, Martina Forns dispuso ayer la suspensión -en todo el país- del aumento de la tarifa eléctrica, mediante una medida cautelar otorgada en el marco de un amparo colectivo. El fallo reviste un carácter inédito porque es el primero que no se restringe a una jurisdicción en particular, sino que ordena a la propia empresa mayorista de luz que abastece al resto de las distribuidoras que no aplique aumento alguno en todo el territorio nacional. La cautelar reiteró el incumplimiento del Ejecutivo en la manda constitucional de una audiencia pública previa, dispuso la suspensión de la facturación con incrementos a las empresas, y obligó a considerar como crédito el pago que eventualmente hayan realizado los usuarios de sus facturas.
En un nuevo amparo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (Cepis) -que se ha convertido en la pesadilla para el Gobierno por sus éxitos judiciales- logró buena acogida en primera instancia, tras lo dispuesto por Forns. La magistrada dispuso la suspensión de las resoluciones N° 6/2016, 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y 1/2016 del ENRE, y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) “que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario aprobado por la primera de las resoluciones citadas, respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública”. Anoche, Cammesa confirmó el freno judicial y sostuvo que el precio mayorista regresará de los valores anteriores como dispuso la Justicia.
Crítica por audiencias
Forns volvió a subrayar la necesidad de realizar audiencias públicas previas a incrementar la tarifa, algo que no se cumplió, por lo que se habilitaba la vía de suspensión a través de una cautelar. Como una nota al pie citó votos de los jueces supremos Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni como parte de la doctrina jurídica que ya había avalado la determinación de precios de servicios públicos a través del cumplimiento de ese proceso. En definitiva, será la Corte quien también dirima el tarifazo de la luz, que se encuentra un par de escalones por detrás del de gas.
La medida de alcance nacional impacta en “todas las distribuidoras del país” y fue adoptado en función de los “exorbitantes y desproporcionados”, aumentos verificados en las boletas de electricidad. Forns arrojó algo de claridad al escenario general -que seguramente será apelado por el Estado- a través de dos aclaraciones a su fallo: todas las empresas están obligadas a refacturar sin aumentos y los usuarios que ya hubieran pagado, deberán contar con ese dinero como crédito “a cuenta” de futuras liquidaciones. Asimismo, en cumplimiento con la legislación, la magistrada solicitó al Ejecutivo un informe en la causa como parte de la resolución de fondo del pleito.
” Grave riesgo”
“De no hacerse lugar a la medida cautelar interina implicaría un grave riesgo para los usuarios del servicio público de energía eléctrica de todo el territorio nacional, en el caso de que no sean abonadas las facturas del servicio de energía eléctrica, por el posible corte del suministro”, alegó la magistrada.
Como una estocada más, Forns agregó una cita al actual procurador del Tesoro, Carlos Balbín (el encargado hoy de canalizar todas las apelaciones del Gobierno en su rol de abogado del Estado) en la que, en 2008, había cuestionado los aumentos tarifarios dispuestos durante el Gobierno kirchnerista. La ironía es que, en ese entonces, las consideró de “carácter intempestivo, desproporcionado e irrazonable, porque cualquier incremento debe ser debidamente fundado y particularmente gradual -es decir, tarifas justas y accesibles”. De todas formas, lo resuelto en la Justicia federal de San Martín no aborda la cuestión de fondo. Algo similar había dispuesto la Cámara Federal de La Plata, que hace casi un mes, suspendió por 90 días la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur.
La resolución termina por colisionar también con lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata (Justicia bonaerense) que durante la feria resolvió que se le conceda al Gobierno el efecto suspensivo del fallo del juez Luis Arias, con lo que, en teoría, y para las empresas Edelap, Edesa, Edea y Eden (y sus usuarios) las tarifas con aumento volvían a estar vigentes mientras se tramitaba la apelación. Como las firmas también se abastecen de la estatal Cammesa, ahora deberán abstenerse de facturar con el nuevo cuadro tarifario.
“Deberán abstenerse de realizar cortes de suministro por falta de pago”, indicó lo resuelto por Forns, en un tema que ya había suscitado la preocupación de usuarios que estaban recibiendo intimaciones por corte de parte de las empresas, ante la falta de pago. El Gobierno apelará la medida ante la Cámara, en un expediente que amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
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El presidente Alberto Fernández visitó este miércoles a la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, hospitalizada en una clínica de Jujuy, y consideró la detención de la mujer “una clara persecución”.
Fernández dialogó con la dirigente social, detenida y procesada por la justicia jujeña desde hace 7 años, causas que el mandatario definió como “inventadas” por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) que gobierna la provincia.
El presidente afirmó que en el caso de Sala “se ha instaurado un sistema de clara persecución”.
“Lo he plantado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos”, advirtió Fernández.
En una rueda de prensa en la clínica donde está internada la dirigente social, el Presidente pidió a la justicia jujeña y a la Corte Suprema de Justicia ajustar las causas contra Sala a las normas procesales vigente en el país.
“Vengo a hacer público mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo de algo que está ocurriendo y no debería ocurrir y que está afectando no solo la libertad de una persona sino su salud”, dijo el mandatario a los periodistas que lo aguardaban en la clínica.
“Apenas llegué de Alemania, me enteré de que estaba internada con un coagulo y estaba comprometida su salud. Llamé a su esposo y le dije que la iba a ir a ver. Pero esto no es de ahora, es de siempre porque yo siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos que han tenido”, contó.
“Yo no vine a buscar aplausos”, dijo Fernández, argumentando que el objetivo de su visita es “acompañarla y darle una vez más un testimonio de mi compromiso porque los derechos humanos son la base de todo el sistema de un estado de derecho”.
Trombosis
La dirigente de Tupac Amaru fue hospitalizada por un cuadro de “trombosis venosa profunda”, y permanece internada “estable” en una sala de terapia intermedia, custodiada por policías armados.
Sus abogados informaron que Sala “se encuentra custodiada por dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, en la puerta de ingreso a la UCO/UTI y un tercer agente femenino, al lado de su cama, exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria”.
La dirigente está detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.
El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
Desde entonces, la Corte IDH no sólo mantiene vigente la medida provisional sino que, además, recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.
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El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó el pedido del presidente Alberto Fernández de retomar el diálogo bilateral por la soberanía de las Islas Malvinas.
La negativa británica a reabrir las deliberaciones por las islas en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, se dio en el transcurso de la cumbre del G-7, en Munich, Alemania.
Fernández se reunió con Johnson a pedido del británico, que estaba interesado en la posibilidad de ampliar las relaciones comerciales con Argentina, especialmente en lo relacionado con granos y alimentos.
“Jonhson me agradeció la participación en el G7 y escuchó las particularidades de la posición argentina sobre Ucrania; pero en un momento le dije: ‘Quiero ser honesto con usted, es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas’”, contó el presidente argentino.
“Eso ya se definió hace 40 años”, le contestó Johnson, en referencia a la guerra de 1982, cerrando la puerta a cualquier diálogo.
Fernández le reiteró que la Argentina está lista para retomar el diálogo de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, y pidió el restablecimiento de vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con la aerolínea nacional de bandera.
Un rato después del encuentro, el Gobierno británico publicó una carta en su sitio web, donde ofreció detalles de la reunión entre ambos mandatarios, y expresó que la soberanía de las Islas Malvinas no está en debate, reivindicando el derecho de los isleños a la autodeterminación, una pretensión que Argentina rechaza por considerarlos una “población implantada” a partir de la ocupación inglesa de 1833.
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La decisión se tomó en momentos en que el Congreso debate la declaración de emergencia del transporte público del interior y aumentar el monto de los subsidios.
El Gobierno otorgará más $16.000 millones al transporte público de pasajeros del interior del país, con el fin de compensar los desequilibrios financieros de las empresas del sector.
Se trata de la distribución correspondiente al “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”, según la Resolución 401/2022 del Ministerio de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión se tomó en momentos en que el Congreso debate la declaración de emergencia del transporte público del interior y aumentar el monto de los subsidios.
El monto se distribuirá en cuotas de $3.850 millones cada una durante julio, agosto y septiembre, más una de $4.500 millones en octubre, por un total de $16.050 millones, de acuerdo con el texto oficial.
El dinero será transferido de la Nación a las jurisdicciones provinciales y/o municipales, a fin de que éstas lo transfieran en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios de transporte de pasajeros.
Además, las jurisdicciones deberán continuar aportando al sistema -ya sea a las empresas prestadoras de los servicios o, en su caso, al municipio que así se lo hubiera requerido- “un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes a 2021, procurando la sustentabilidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros involucrados”, señaló la Resolución.
El Ministerio de Transporte recordó que durante el primer trimestre de 2022 entregó $3.200 millones por mes a las empresas del sector, en concepto de subsidios del Fondo de Compensación, mientras que en el segundo semestre destinó hasta $3.500 millones mensuales por el mismo concepto.
Ya vencida la última cuota de asistencia, el Poder Ejecutivo consideró necesario mantener “la continuidad del esquema de liquidación”, con las condiciones de distribución establecidas.
Durante la semana pasada, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros del interior y aumentar los subsidios a $59.500 millones.
La iniciativa debe ser analizada ahora por la Comisión de Presupuesto, paso previo para que pueda ser tratada en el recinto.
El texto fija “la emergencia del transporte urbano e interurbano del interior del país y del urbano e interurbano de jurisdicción nacional e internacional”.
Entre otros puntos, establece modificar la Ley de Presupuesto 2021, prorrogar el Fondo de Compensación hasta diciembre de 2022 y facultar al Jefe de Gabinete a disponer los ajustes necesarios para su cumplimiento.
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