Luego de la publicación del Decreto 462/2025 el pasado 8 de julio en el boletín oficial de la Nación, directores regionales de todo el país, junto a coordinadores de programas de investigación, emitieron un comunicado repudiando la medida que redujo cargos jerárquicos poniendo en riesgo el regular funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Esto es así porque fue eliminada la autarquía del organismo y resultó subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Al mismo tiempo, el Consejo Directivo que estuvo conformado por diez miembros quedó reducido a un solo presidente.

Bajo el título “Modernizar no es destruir. Transformar no es arrasar. Gobernar no es imponer”, los ex directivos cuestionaron que “bajo el discurso de `modernización´, se concentra el poder en una sola figura designada políticamente, el presidente de la institución, eliminando su estructura participativa y federal”. 

Por lo que señalaron: “Esto no es modernizar: es centralizar, debilitar y poner en riesgo una institución estratégica para el desarrollo de la Nación”. 

El Inta fue creado en 1956 y desde entonces ha transitado por diversos contextos políticos, sosteniendo las misiones para las que fue creado, como ser: “Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente”.

De esta manera, aseguraron que dichas acciones se hicieron posibles sobre los cimientos de sus pilares principales: la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas, la presencia territorial en todo el país, la articulación y cooperación nacional e internacional, gobernanza público-privada y concursos públicos para acceder a cargos técnicos y de conducción.

Por este motivo, los directores regionales del Inta enfatizaron: “Este decreto con excusas de “modernización” viene a destruir la constitución de esta institución de ciencia y técnica, estratégica para la innovación productiva, la soberanía tecnológica y el desarrollo local, como la de muchos otros organismos del estado”.

Nueva estructura

Tras ser subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se conoció el nuevo organigrama del Inta, en el que el gobierno designó al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente, cuyo puesto tendrá rango y jerarquía de secretario.

En tanto, María Beatriz Giraudo Gaviglio asumirá el rol de consejera técnica.

Para finalizar, los ex directivos manifestaron que el decreto en cuestión “propone en sus artículos, una conducción centralizada, vertical, que elimina la autonomía institucional, al modificar la composición y representatividad del Consejo Directivo, excluyendo a representantes del sistema científico y organizaciones del sector agropecuario y concentrando la mayoría de las decisiones en manos del gobierno de turno”. 

Por lo que, a su entender, la nueva estructura “elimina la posibilidad de sostener líneas de trabajo y políticas públicas estables, independientes de los vaivenes políticos”.

En ese sentido, resaltaron: “Reducir el Inta a una oficina dependiente del Poder Ejecutivo es ignorar su historia, su valor estratégico y el consenso social que lo respalda. Implica romper con la continuidad de políticas públicas esenciales para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica, las economías regionales, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad”.

Durante una reunión entre Bronzovich y directores experimentales, plantearon algunas de las acciones venideras del organismo, entre las que resaltan: bajar la cantidad de cargos jerárquicos que asciende a 932, mejorar el control de presentismo, seguir con la investigación ligada con el sector privado, hacer un retiro voluntario de trabajadores y, entre otras acciones, disminuir la cantidad de Centros Regionales y programas, al mismo tiempo en que aseguraron que se mantendrán los becarios.

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Hace unos días, el diputado nacional del partido Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, presentó en el Congreso un proyecto de ley para la creación de una nueva moneda que reemplace al Peso, el Argentum, con el símbolo AG.

El nombre en cuestión no tendría nada de peculiar, si no fuera porque coincide con el título de la película que los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat estrenarán en agosto, Homo Argentum, con un estelar elenco encabezado por Guillermo Francella.

El término elegido por el ex ministro de Economía del gobierno de La Alianza, que inventó el corralito, guarda referencia con la etimología de la palabra en Latín, donde alude a la “plata”, como metal precioso.

Cohn y Duprat, en cambio, se valieron para su película de la acepción del término que dio origen al nombre de Argentina y al gentilicio que se aplica a la población del país.

Así, Homo Argentum, se propone el retrato del “argentino promedio” a través de los diversos personajes encarnados por Francella, en 16 estereotipos distintos.

Mil a uno

En términos técnicos, el proyecto de López Murphy propone quitarle tres ceros al Peso y cambiarle de nombre.

Así, el Argentum comenzaría a circular en enero de 2026 con una conversión de $1.000 por cada 1 AG, con la posibilidad de que ambos signos monetarios convivan durante los siguientes seis meses.

En su proyecto, el diputado de Republicanos Unidos, esgrime fundamentos puramente técnicos y hace hincapié en que la nueva moneda que propone va a facilitar las operaciones contables, reducir errores en los sistemas digitales y simplificar contratos, balances y liquidaciones.

La idea no es nueva, como tampoco los argumentos. Desde 1970, Argentina eliminó 13 ceros de su moneda a través de sucesivos cambios de denominaciones: del Peso Ley, se pasó al Peso Argentino; luego, vino el Austral y, finalmente, el Peso actual, que entró en vigencia en 1991.

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En la tarde de hoy el vocero presidencial Manuel Adorni anunció los últimos decretos con “superpoderes” del gobierno nacional, entre los que finalmente confirmaron la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos detalles serán publicados en el Boletín Oficial mañana martes.

“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, lanzó el vocero mientras anticipaba la medida que también alcanzará a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Al mismo tiempo, hizo referencia a la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por una causa vinculada a la licitación irregular de obras para rutas. 

La medida, en concreto, afectará a alrededor de 5500 empleados, de los cuales al menos 140 se desempeñan en Misiones.

Respecto a la infraestructura, unas 118 rutas nacionales quedarían “a la deriva” con más de 40 mil kilómetros “sin mantenimiento ni cobertura”, según denunciaron los gremios del sector que desde hace varios días se mantienen en estado de alerta y movilización en varios puntos del país, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipara el lanzamiento del decreto en cuestión.

“De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales”, planteó Adorni durante el anuncio realizado en Casa Rosada.

A su vez, informó que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradas como nunca antes en la historia del país”.

Cabe recordar que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue creada como una entidad autárquica del Estado Nacional en 1932, transformando la antigua dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Corte de calle y protesta en Posadas

Esta mañana, empleados y referentes gremiales se apostaron en la intersección de las calles Jujuy y Bolivar para rechazar el inminente decreto que pondrá en riesgo los puestos de al menos 140 trabajadores en Misiones, mientras que otros serían cesanteados. 

El Decreto Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467, que ahora serán derogados, fue la encargada de la creación y regulación de la Dirección Nacional de Vialidad, definiendo su estructura, funcionamiento y fondos. En concreto, se ocupó de la conservación, mantenimiento y proyección de las rutas nacionales, de las cuales en Misiones se ven comprometidas las arterias 12, 14, 105 y 101.

Posible disolución de Vialidad Nacional afectaría a 140 empleados misioneros

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