El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó el pedido del presidente Alberto Fernández de retomar el diálogo bilateral por la soberanía de las Islas Malvinas.

La negativa británica a reabrir las deliberaciones por las islas en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, se dio en el transcurso de la cumbre del G-7, en Munich, Alemania.

Fernández se reunió con Johnson a pedido del británico, que estaba interesado en la posibilidad de ampliar las relaciones comerciales con Argentina, especialmente en lo relacionado con granos y alimentos.

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“Jonhson me agradeció la participación en el G7 y escuchó las particularidades de la posición argentina sobre Ucrania; pero en un momento le dije: ‘Quiero ser honesto con usted, es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas’”, contó el presidente argentino.

“Eso ya se definió hace 40 años”, le contestó Johnson, en referencia a la guerra de 1982, cerrando la puerta a cualquier diálogo.

Fernández le reiteró que la Argentina está lista para retomar el diálogo de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, y pidió el restablecimiento de vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con la aerolínea nacional de bandera.

Un rato después del encuentro, el Gobierno británico publicó una carta en su sitio web, donde ofreció detalles de la reunión entre ambos mandatarios, y expresó que la soberanía de las Islas Malvinas no está en debate, reivindicando el derecho de los isleños a la autodeterminación, una pretensión que Argentina rechaza por considerarlos una “población implantada” a partir de la ocupación inglesa de 1833.

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La decisión se tomó en momentos en que el Congreso debate la declaración de emergencia del transporte público del interior y aumentar el monto de los subsidios.

El Gobierno otorgará más $16.000 millones al transporte público de pasajeros del interior del país, con el fin de compensar los desequilibrios financieros de las empresas del sector.

Se trata de la distribución correspondiente al “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”, según la Resolución 401/2022 del Ministerio de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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La decisión se tomó en momentos en que el Congreso debate la declaración de emergencia del transporte público del interior y aumentar el monto de los subsidios.

El monto se distribuirá en cuotas de $3.850 millones cada una durante julio, agosto y septiembre, más una de $4.500 millones en octubre, por un total de $16.050 millones, de acuerdo con el texto oficial.

El dinero será transferido de la Nación a las jurisdicciones provinciales y/o municipales, a fin de que éstas lo transfieran en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios de transporte de pasajeros.

Además, las jurisdicciones deberán continuar aportando al sistema -ya sea a las empresas prestadoras de los servicios o, en su caso, al municipio que así se lo hubiera requerido- “un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes a 2021, procurando la sustentabilidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros involucrados”, señaló la Resolución.

El Ministerio de Transporte recordó que durante el primer trimestre de 2022 entregó $3.200 millones por mes a las empresas del sector, en concepto de subsidios del Fondo de Compensación, mientras que en el segundo semestre destinó hasta $3.500 millones mensuales por el mismo concepto.

Ya vencida la última cuota de asistencia, el Poder Ejecutivo consideró necesario mantener “la continuidad del esquema de liquidación”, con las condiciones de distribución establecidas.

Durante la semana pasada, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros del interior y aumentar los subsidios a $59.500 millones.

La iniciativa debe ser analizada ahora por la Comisión de Presupuesto, paso previo para que pueda ser tratada en el recinto.

El texto fija “la emergencia del transporte urbano e interurbano del interior del país y del urbano e interurbano de jurisdicción nacional e internacional”.

Entre otros puntos, establece modificar la Ley de Presupuesto 2021, prorrogar el Fondo de Compensación hasta diciembre de 2022 y facultar al Jefe de Gabinete a disponer los ajustes necesarios para su cumplimiento.

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El Movimiento Evita le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández (CFK) con un comunicado titulado con la máxima más conocida de Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad”.

“Ante la campaña de estigmatización contra las organizaciones populares que se ha incrementado en los últimos días en los medios de comunicación y en las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, queremos expresar nuestra posición”, dice el primer párrafo del pronunciamiento difundido en las redes sociales, equiparando los dichos de CFK con la opinión que suelen asumir los medios afines a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC).

“Lamentamos que parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el Siglo XXI”, señala el documento, destacando asimismo la existencia en el país de más de 200 organizaciones sociales que “nacieron al calor de la resistencia al neoliberalismo de los ’90 y al macrismo”.

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“Son las mismas que estuvieron al frente del cuidado en la pandemia y las que hoy proponen organizar una sociedad que hoy reclama nuevas formas de producción y trabajo”, agrega el comunicado con que el Movimiento Evita salió al cruce de las declaraciones de CFK en el acto de la CTA en Avellaneda, donde pidió que el Estado vuelva a tomar el control en la administración de los fondos sociales.

“Reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad. Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y trabajadores”, sentencia el documento.

“La economía popular es la expresión de esta nueva realidad del trabajo que tenemos que dignificar y dotar de derechos para construir las instituciones que requieren los descamisados del presente”, sostiene.

“El IFE nos demostró que había más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras por fuera de las relaciones de dependencia. Hay 6,5 millones en el sector privado y más de 3 en el sector público”, enumera.

“Los 11 millones de trabajadores y trabajadoras a las que nos referimos no se quedaron esperando que el Estado o el mercado resolvieron sus ingresos, salieron a buscárselos y hoy son la mayoría de la fuerza de trabajo”, agrega.

El comunicado acusa a la “política tradicional” de entender a la población más humilde “desde dos lugares igual de estigmatizantes: víctimas, que deben recibir ayuda inmediata del Estado como único ejecutor posible; o victimario, en forma de puntero político que es culpable de reproducir la pobreza”.

“Punteros y planeros son dos expresiones que intentan denigrar la organización política y productiva de nuestros barrios populares, a cargo de dirigentes sociales que dejan su vida en la lucha por la dignidad de sus compañeros y compañeras, y que a la vez exigen una renovación política que exprese las demandas actuales y reales, pero que fundamentalmente los tenga como protagonistas”, argumenta.

Comunicado • 21/06/2022

Ante la campaña de estigmatización contra las organizaciones populares, queremos expresar nuestra posición.#EconomiaPopularEsTrabajo pic.twitter.com/CUNCG97myF

— Movimiento Evita (@MovimientoEvita) June 21, 2022

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