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El aguinaldo no pagaría Ganancias y el Estado devolverá tres meses

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Los beneficios impositivos para la modificación del impuesto a las Ganancias propuestos por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se tratarán mañana en comisión. Con esta medida, se espera que los trabajadores y jubilados tengan 10.000 millones de pesos extra, que se volcarán al consumo.

Massa introdujo dos modificaciones sustanciales al proyecto de Ganancias: el aguinaldo no pagará el impuesto y la baja será retroactiva al 1 de enero, con lo cual una vez sancionada la ley, el Estado reintegrará lo deducido en los primeros tres meses de 2021. La iniciativa traerá alivio fiscal a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.

El plato fuerte con el que se abrirá el año legislativo será la modificación del Impuesto a las Ganancias, que fija el piso en 150.000 pesos. El oficialismo apunta a recuperar el control de la agenda con una medida que tendrá impacto económico, político y social.

La serie de reuniones de consulta que mantuvo el titular de la Cámara de Diputados con referentes sindicales y legisladores, y que continuará con representantes del sector empresarial, sirvió para pulir detalles e incorporar más beneficios a uno de los sectores más castigados por la realidad del país: la clase media.

Mañana, el nuevo proyecto de Ganancias comenzará a tratarse de manera formal en el Congreso de la Nación, debate que contará con las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. Sobre la mesa estarán las recientes modificaciones que incorporó el texto que lleva la firma de Massa.

La primera medida estipula que la implementación de la suba del nuevo piso a 150 mil sea retroactiva al 1 de enero. De esta forma, el Estado reintegrará en el salario de abril lo deducido por el impuesto a las Ganancias en enero, febrero y marzo.

En los cálculos trazados por el equipo técnico que está detrás de la letra chica del proyecto, se prevé que sean beneficiados más de 1.200.000 contribuyentes. Este universo de trabajadores y jubilados, además de dejar de pagar Ganancias, contarán en su bolsillo con la devolución de lo que hayan abonado en los primeros tres meses de 2021. El impacto de la medida podría verse reflejado en los recibos de sueldo de abril.

La otra modificación surge de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara Baja con una veintena de dirigentes sindicales. Massa escuchó los planteos de la CGT y, tras estudiar detalladamente las sugerencias, incluyó un cambio sobre el Sueldo Anual Complementario. Con la sanción de la Ley se eximirá del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

“El alivio fiscal que representa esta medida está orientado a que nuestros trabajadores y clase media recuperen poder de compra y muevan el mercado interno tan importante para el crecimiento”, expresó Massa a Infobae. Desde hace tiempo el titular de la Cámara Baja sentó las bases de que el 2021 debería ser el año de la recuperación económica atendiendo no solo las consecuencias de la pandemia, sino también la herencia del macrismo: “Venimos de un ciclo en que la presión fiscal y las tarifas demolieron a la clase media”, sentenció.

Con la reforma del gravamen, el Estado generará un impacto positivo de 10 mil millones de pesos en los bolsillos de trabajadores y jubilados durante el mes de abril, que el Gobierno da por sentado que se volcará de manera directa al consumo. “Es tiempo de reconstruir el trabajo y la clase media como pilar de la reconstrucción argentina”, afirmó Massa.

El líder del Frente Renovador siempre cuestionó que el sueldo de un trabajador promedio sea contemplado para tributarse en Ganancias. La sanción de la nueva Ley será el caballito de batalla con el que el oficialismo buscará recuperar a parte del electorado que más sufrió la pandemia y la cuarentena en términos económicos.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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El gobierno aumentó a $70.000 la asignación de ayuda escolar anual

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El presidente Javier Milei firmó este viernes un decreto mediante el cual incrementó en un 311% la asignación de ayuda escolar anual para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, elevando de esta manera el beneficio de $17.000 a $70.000.

La mencionada ayuda escolar se trata de un beneficio otorgado a través de Anses a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados como así también beneficiarios de la AUH con hijos en edad escolar.

La asignación generalmente se cobra en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, la medida alcanzará a unos 7,3 millones niños escolarizados desde nivel inicial hasta secundaria. Con el incremento dispuesto, el monto a cobrar pasará entonces de los $17.318 actuales a $70.000.

El decreto señala que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Es sin límite de edad en caso de que tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados.

Tope máximo de ingreso del grupo familiar $ 3.960.000.- (bruto)

Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $ 1.980.000.- (bruto)

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

Se solicita ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Eligiendo la opción Hijos > Presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos.

Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme. Luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de los hijos antes del 31 de diciembre.


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