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El 70% de camas de terapia intensiva en Capital Federal ya están ocupadas

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Se marcó un récord de contagios y de muertes pese a la cuarentena estricta. El Gobierno mantiene su idea de avanzar con aperturas graduales.

 

El aumento de contagios y muertes por coronavirus, que ayer marcó un triste récord en la Argentina, también se siente en la ocupación de camas. La Ciudad de Buenos Aires informó este jueves que el 70% de las plazas en unidades de terapia intensivas están ocupadas: 282, con pacientes graves de COVID-19. Además, hay 886 personas que transitan la enfermedad con síntomas moderados y 2723, leves.

El número de ocupación de camas de terapia intensiva en toda el Área Metropolitana (Ciudad + Conurbano) es del 63,7%, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

La situación del sistema sanitario es una de las principales preocupaciones de las autoridades, que dispusieron a partir del 1° de julio una cuarentena estricta en el Área Metropolitana. Las medidas, que tuvieron un acatamiento dispar, no dieron los resultados esperados.

Ayer, miércoles, la Argentina registró por primera vez 82 muertes y más de 4000 casos positivos. Según analizan los especialistas, son personas que contrajeron el virus hace 15 días, cuando ya se había iniciado el aislamiento más duro.

El doctor Tomás Orduna, integrante del equipo de infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández, reconoció que esos números representaron una “piña”, aunque por ahora se mantienen los planes originales del gobierno nacional: mañana se anunciaría una salida gradual de la cuarentena, con la reapertura de comercios no esenciales y mayor margen para las salidas recreativas de los chicos, en vacaciones de invierno desde el próximo lunes.

Anoche se reunieron Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en la Quinta de Olivos. Acordaron avanzar como estaba previsto con una reapertura progresiva de la cuarentena y consensuaron que el anuncio con el que presentarán los detalles de la nueva etapa, tras más de 115 días de aislamiento, será este viernes, al filo del vencimiento de la fase actual.

En la Ciudad, el índice R se ubicó en estos días, según las estadísticas, en torno a 1. En Provincia, siguen con más atención la duplicación de casos.

Los números de la Ciudad

Un total de 28 personas con coronavirus fallecieron ayer en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual llegan a 804 las muertes por esta causa en el distrito, en tanto que 1.128 fueron los nuevos diagnósticos positivos, que representan un 42,4% de las pruebas realizadas.

Así lo informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño en su reporte diario, en el que consignó, además, que la cantidad de casos acumulados desde que comenzó la pandemia es de 41.079, mientras que el porcentaje de letalidad acumulado es de 1,96 por ciento.

Las altas acumuladas son 15.395, de las cuales 312 se dieron ayer, señaló el reporte. En total, fueron realizados 168.201 hisopados, con un índice de positividad acumulado de 36%, en tanto los de ayer fueron 4.054, con un índice de positividad de 42,4%. El 83,1% de los casos confirmados tiene entre 0 y 59 años, mientras que el 82,2% de los fallecidos tiene más de 60, con un promedio de edad de 75,5 años.

Las estadísticas tienen pequeñas variaciones con los partes que difunde el Ministerio de Salud de la Nación, que procesa distinto la información.

A partir de los 70 años, la letalidad del virus supera el 9,9% de los casos y es del 15 en mayores de 80. En los barrios populares, que tienen la tercera parte del total de contagios de la Ciudad, ayer se detectaron 122 nuevos casos de coronavirus y con un nuevo deceso, el total de fallecimientos asciende a 117 con un índice de letalidad del 1 por ciento.

Las altas acumuladas son de 7.274 en esos conglomerados, 72 en el día de ayer. Con la búsqueda activa del plan Detectar, que realizan en conjunto Ciudad y Nación, se registraron hasta ahora 1.865 casos en Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 2.187 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 2.263 en el barrio 21-24 (Barracas); 1.500 en barrio 20 y 1.161 en el barrio 15, ambos de Villa Lugano, 547 en el barrio Carrillo y 157 en el barrio Rodrigo Bueno. También se confirmaron 474 casos en Balvanera y 221 en Flores; mientras que en La Boca hubo 173 positivos; en Constitución, 130; en Barracas, 218; en Almagro, 211; en Palermo, 142; en Villa Soldati, 118; en Paternal, 95; en Chacarita, 96; en Parque Chacabuco, 49; en Boedo, 14; en San Cristóbal, 48, en Mataderos, 76, en Recoleta, 18 y se esperan resultados de San Telmo.

En los centros de salud, el Gobierno porteño realizó ayer 4.073 test (94.564 acumulados) de anticuerpos (serológico) al personal sanitario y 84 (2.141 acumulados) dieron positivos, mientras que 12 (555 acumulados) trabajadores fueron ayer positivos al PCR, que es la prueba que se realiza para ver si la persona está cursando la Covid-19. En cuanto a los geriátricos, ayer se hicieron 986 (20.811 acumuladas) pruebas serológicas y 26 (639 acumulado) dieron positivas, mientras que hubo ocho casos (192 acumulados) con la enfermedad en curso detectados mediante la prueba de PCR.

Los tratamientos con plasma

El Ministerio de Salud de la Ciudad forma parte del Ensayo Clínico Nacional para evaluar la efectividad del tratamiento de transfusión de plasma a pacientes con complicaciones a causa de la infección por COVID-19. Las personas recuperadas de coronavirus poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. Esto podría significar una alternativa de tratamiento.

La investigación se desarrolla en el área metropolitana y no está demostrada fehacientemente la seguridad y eficacia del tratamiento. Hasta el momento, 95 personas ya donaron plasma y 101 pacientes lo recibieron.

La jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, Patricia Epstein, explica que “el plasma es la parte líquida de la sangre, que a su vez tiene una parte celular, que la componen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, pero no es este el objetivo de nuestro ensayo, sino el plasma en el que están disueltas estas células”, señala.

Epstein asegura que el plasma “aparte de vehiculizar estas células, tiene también proteínas e inmunoglobulinas, que son defensas que el cuerpo desarrolla para distintas cosas”. “Las que nos interesan son las que actúan específicamente contra el virus COVID-19”, precisa.

“La idea es utilizarla en personas que están afectadas con cierto grado de compromiso y que aún no han desarrollado sus defensas, que nosotros podamos aportarles estos anticuerpos para que estén en mejores condiciones para resolver la enfermedad”, agrega.

Requisitos para donar plasma

– Haber cursado la infección y que hayan pasado 14 días de la recuperación, contando con dos pruebas negativas para COVID-19.

– No tener antecedentes de transfusiones, ni abortos o antecedentes gestacionales.

– Cumplir con los requisitos de cualquier donante de sangre habitual: tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kg y estar clínicamente recuperado de la infección.

Antes de la donación, la persona deberá firmar un Consentimiento Informado específico que explicita que su donación se realiza para ser utilizada en pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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