Nacionales
Docente que pidió licencia y se fue a Brasil recibió dos años de prisión
Sucedió en Santa Fe en 2018. La mujer -que además no podrá ejercer más cargos- y un médico que la ayudó a falsificar documentación deberán pagar 35 mil pesos.
Una docente de 58 años y un médico psiquiatra fueron condenados por la Justicia de la ciudad de Santa Fe por falsificación de licencias médicas. Recibieron la pena de dos años y seis meses de ejecución condicional. Además, deberán pagar una multa de 35 mil pesos. En el caso de la mujer, quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, informó Rosario 3.
Los condenados se llaman Adriana María de las Nieves Muhn y Javier Nicolás Degatti. Los delitos por los que recibieron dos años y seis meses de prisión fueron cometidos entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en perjuicio del Ministerio de Educación. El fiscal Martín Castellano estuvo a cargo de la investigación.
Adriana María de las Nieves Muhn de 58 años al momento de la investigación poseía tres cargos oficiales asignados en entidades educativas provinciales. En tanto, Nicolás Degatti se desempeñaba como médico psiquiatra en la ciudad de San Francisco, en Córdoba.
La sentencia fue dictada por el juez Osvaldo Carlos en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos realizado de forma remota a través de la plataforma Zoom.
“El magistrado resolvió que los condenados deberán pagar además una multa de 35 mil pesos cada uno. Además, a la docente se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, informó el fiscal Castellano.
Los hechos
“El lunes 17 de diciembre de 2018, la docente estatal solicitó licencia médica por 30 días y, junto al médico condenado, completaron y firmaron en forma personal un formulario emitido por el Ministerio de Educación. También adjuntaron un certificado privado expedido por el profesional que indicaba reposo laboral por un mes”, relató Castellano.
De acuerdo al fiscal, la licencia médica –de carácter público– al igual que el certificado privado, fueron presentados por la docente en los tres establecimientos educativos donde dictaba clases.
“El 18 de enero de 2019, la docente solicitó la renovación de la licencia médica anterior y, del mismo modo, completó y suscribió junto a Degatti el formulario administrativo-público del cartera educativa y adjuntó un nuevo certificado privado”, indicó Castellano. En tal sentido, agregó que “en esta oportunidad, el certificado fue emitido falsamente e indicaba el mismo período de reposo laboral”.
El funcionario del MPA explicó que “en ambos pedidos de licencias ante los establecimientos educativos provinciales, Muhn indicó ante las autoridades estatales que permanecería en su casa”. No obstante, “la condenada no estaba en el territorio nacional al momento de confeccionarse la última solicitud de licencia médica, lo que indica la falsedad de los documentos elaborados y luego utilizados y presentados ante el ministerio de Educación”, agregó. . .
Castellano detalló en la audiencia que “Muhn egresó del país el 5 de enero de 2019 a la República Federativa del Brasil junto a sus familiares, y regresó tres semanas después, mientras aún estaba vigente la licencia médica”.
Por otro lado, con respecto a Degatti, el fiscal especificó que “se encargó de confeccionar y completar documentación administrativa-estatal y médica privada presentada en nombre de Muhn ante las autoridades educativas provinciales”. Asimismo, informó que “actuó sin examinar a la docente ni constatar su patología o establecer la necesidad de prolongar su licencia médica”.
Castellano subrayó que “las maniobras engañosas desplegadas por los condenados tuvieron entidad suficiente para provocar una disposición patrimonial mediante inducción a error al Estado provincial”. Al respecto, concluyó que “a Muhn se le abonaron los importes correspondientes a los haberes de diciembre de 2018 y de enero y de febrero de 2019, sin ningún tipo de disminución, retención ni descuento”.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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