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Docente que pidió licencia y se fue a Brasil recibió dos años de prisión

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Sucedió en Santa Fe en 2018. La mujer -que además no podrá ejercer más cargos- y un médico que la ayudó a falsificar documentación deberán pagar 35 mil pesos.

 

Una docente de 58 años y un médico psiquiatra fueron condenados por la Justicia de la ciudad de Santa Fe por falsificación de licencias médicas. Recibieron la pena de dos años y seis meses de ejecución condicional. Además, deberán pagar una multa de 35 mil pesos. En el caso de la mujer, quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, informó Rosario 3.

Los condenados se llaman Adriana María de las Nieves Muhn y Javier Nicolás Degatti. Los delitos por los que recibieron dos años y seis meses de prisión fueron cometidos entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en perjuicio del Ministerio de Educación. El fiscal Martín Castellano estuvo a cargo de la investigación.

Adriana María de las Nieves Muhn de 58 años al momento de la investigación poseía tres cargos oficiales asignados en entidades educativas provinciales. En tanto, Nicolás Degatti se desempeñaba como médico psiquiatra en la ciudad de San Francisco, en Córdoba.

La sentencia fue dictada por el juez Osvaldo Carlos en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos realizado de forma remota a través de la plataforma Zoom.

“El magistrado resolvió que los condenados deberán pagar además una multa de 35 mil pesos cada uno. Además, a la docente se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, informó el fiscal Castellano.

Los hechos

“El lunes 17 de diciembre de 2018, la docente estatal solicitó licencia médica por 30 días y, junto al médico condenado, completaron y firmaron en forma personal un formulario emitido por el Ministerio de Educación. También adjuntaron un certificado privado expedido por el profesional que indicaba reposo laboral por un mes”, relató Castellano.

De acuerdo al fiscal, la licencia médica –de carácter público– al igual que el certificado privado, fueron presentados por la docente en los tres establecimientos educativos donde dictaba clases.

“El 18 de enero de 2019, la docente solicitó la renovación de la licencia médica anterior y, del mismo modo, completó y suscribió junto a Degatti el formulario administrativo-público del cartera educativa y adjuntó un nuevo certificado privado”, indicó Castellano. En tal sentido, agregó que “en esta oportunidad, el certificado fue emitido falsamente e indicaba el mismo período de reposo laboral”.

El funcionario del MPA explicó que “en ambos pedidos de licencias ante los establecimientos educativos provinciales, Muhn indicó ante las autoridades estatales que permanecería en su casa”. No obstante, “la condenada no estaba en el territorio nacional al momento de confeccionarse la última solicitud de licencia médica, lo que indica la falsedad de los documentos elaborados y luego utilizados y presentados ante el ministerio de Educación”, agregó. . .

Castellano detalló en la audiencia que “Muhn egresó del país el 5 de enero de 2019 a la República Federativa del Brasil junto a sus familiares, y regresó tres semanas después, mientras aún estaba vigente la licencia médica”.

Por otro lado, con respecto a Degatti, el fiscal especificó que “se encargó de confeccionar y completar documentación administrativa-estatal y médica privada presentada en nombre de Muhn ante las autoridades educativas provinciales”. Asimismo, informó que “actuó sin examinar a la docente ni constatar su patología o establecer la necesidad de prolongar su licencia médica”.

Castellano subrayó que “las maniobras engañosas desplegadas por los condenados tuvieron entidad suficiente para provocar una disposición patrimonial mediante inducción a error al Estado provincial”. Al respecto, concluyó que “a Muhn se le abonaron los importes correspondientes a los haberes de diciembre de 2018 y de enero y de febrero de 2019, sin ningún tipo de disminución, retención ni descuento”.

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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Encuentran sin vida a un soldado misionero en la Quinta de Olivos

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Un soldado del Ejército Argentino, oriundo de Misiones e identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida este martes en uno de los puestos de guardia de la Quinta Presidencial de Olivos.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar”, informó la Vocería Presidencial en su cuenta oficial de X.

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, agrega el comunicado del gobierno y señala que, por el momento, “la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida”.

“Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias”, continúa.

“El presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor”, finaliza el parte oficial.

Según informan los medios porteños, Gómez estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y prestaba servicios en una de las garitas de la Residencia Presidencial.

Las publicaciones periodísticas sostienen que el joven soldado misionero se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria, un fusil FAL que fue encontrado junto a su cadáver.

El portal de noticias Infobae consigna que el perfil crediticio de Gómez “reflejaba deudas en blanco con bancos y entidades financieras” y que “su salario dependía de la Contaduría General del Ejército”.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal Argentina, que realizó la primera intervención junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

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