Nacionales
Coronavirus: habrá 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas
El pago se hará por única vez en abril. Es para trabajadores independientes y monotributistas clases A y B.
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El Gobierno Nacional anunció este lunes el pago de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas clases A y B, en el marco del programa de “Ingreso Familiar de Emergencia”.
El pago se hará por única vez en abril, en el marco de la pandemia de coronavirus que sigue cobrando miles de víctimas e infectados en todo el mundo al tiempo y genera un deterioro importante del sistema económico de los países como consecuencia de las cuarentenas obligatorias pero necesarias para contener la propagación del Covid-19.
En ese contexto, y luego de una batería de medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno, este lunes los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni, dieron cuenta de nuevas medidas económicas con foco en los monotributistas, los trabajadores autónomos y los del sector informal.
“Toda persona debe quedar protegida en esta situación de crisis”, señaló Guzmán. Por eso, dijo que se estableció “la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años”, explicó.
El ministro de Economía señaló que se hará a través de “un pago único, en principio durante abril, de $10.000 que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. Llegará a familias que no hayan quedado protegidas por otras prestaciones“. El universo al que llegará esta medida es de 3,6 millones de personas.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señaló: “Estamos llegando con el estado al sector que en esta situación de emergencia no tiene ninguna posibilidad de seguir con su trabajo. Este universo de trabajadores vamos a definirlo a través de la familia, es decir, cuando su familia no tiene ningún otro ingreso. Va a ser un sistema muy simple”.
La semana pasada, el gobierno había anunciado un paquete enfocado en pymes que incluyó seguro de desempleo, salarios privados a cargo del Estado, precios máximos y nuevo Procrear entre otras acciones destinadas a paliar las consecuencias económicas del coronavirus.
El propósito de las decisiones anunciadas, que había sido adelantado por el presidente Alberto Fernández en entrevistas televisivas durante el fin de semana, es tratar de contener a sectores de la población cuyas actividades sufren de lleno el freno forzado por el aislamiento social dictado para moderar el impacto de la pandemia.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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