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Comienza el juicio por la caída del avión de Austral que salió de Posadas
Fue el 10 de octubre de 1997 y murieron 74 personas. La máquina, un DC9, había despegado de la capital misionera con destino a Buenos Aires. Sufrió una falla al atravesar una tormenta y se precipitó. Hay 35 procesados entre ex directivos de la empresa y funcionarios de la Fuerza Aérea.
BUENOS AIRES y POSADAS. A casi 22 años de la mayor tragedia de la aviación argentina y que dejó 74 muertos, mañana comenzará el juicio con 35 procesados por el fatídico vuelo 2553 de la empresa Austral que partió de Posadas, el 10 de octubre de 1997.
Un grupo de familiares asistirá al debate que se realizará en el subsuelo de los Tribunales de Comodoro Py, ante los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallotti y José Martínez Sobrino, del Tribunal Oral Federal N° 5, que juzgarán las responsabilidades de por la caída del DC9 en Fray Bentos, Uruguay.
Da acuerdo con fuentes judiciales, en el banquillo estarán 35 procesados por la causa madre y otras dos derivadas del expediente principal, entre los cuales figuran ex directivos y empleados de la aerolínea, en esa época operada en concesión por la española Iberia, y ex funcionarios de la Fuerza Aérea.
El juicio fue considerado como histórico por las dos décadas que separan al trágico suceso de su efectivo juzgamiento, lo que torna al proceso injusto tanto para los deudos como para los acusados. Y por las implicancias del resultado del debate.
Una crónica señaló que los imputados llegan acusados de estrago doloso seguido de muerte, delito para el que se prevén penas de 10 a 25 años de prisión. Los procesamientos bajo esa calificación, en 2006, torcieron el inminente rumbo de prescripción que tenía la causa.
La querella, que reúne a 15 familiares de víctimas del suceso -entre ellas, la esposa del piloto Jorge Cécere y la madre de la auxiliar de a bordo Bibiana Rumachella, cuya hermana, Silvina, encabezará la representación legal-, sostiene que el trágico final del vuelo AU-2553 fue consecuencia de la corrupción del sistema de aeronavegación argentino.
Según el informe oficial de la junta de investigación de accidentes aéreos uruguaya, al atravesar un fuerte de tormenta, a 10.000 metros de altitud, el copiloto Horacio Núñez, que estaba a cargo de los mandos de la aeronave, advirtió en el instrumental una sostenida pérdida de velocidad que, de mantenerse, ponía en riesgo la situación de vuelo.
Para contrarrestarlo decidió extender los slats, que son hipersustentadores del borde de ataque de las alas que usualmente se usan en el despegue o en aterrizaje, junto con los flaps. Pero lo cierto es que, en opinión de los peritos uruguayos, no había tal pérdida de velocidad, sino una obturación de la entrada de los tubos pitot que se habría traducido en lecturas erróneas de la velocidad relativa en el instrumental. Al abrirse los slats a casi 1000 kilómetros por hora, las alas se “desarmaron” y el avión cayó en picada.
Los peritos uruguayos no lograron determinar si los pilotos habían activado el sistema de calentamiento de tubo pitot -lo usual cuando se vuela en condiciones de “engelamiento” por hielo atmosférico- o si falló el calefactor de descongelamiento del tubo pitot.
Pero lo cierto, y aquí está el meollo de la acusación, el DC9 de Austral no tenía colocada la alarma con sistema de indicación luminoso que advirtiera sobre esa falla. Eso, a pesar de que, a raíz de accidentes similares ocurridos desde 1974, las normas internacionales (que la aviación argentina asume como propias) habían prescripto la obligatoriedad de que este tipo de aviones contara con una luz en el panel maestro de alarmas que indicara tanto la falla del tubo pitot como del calefactor.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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