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Camioneros, judiciales y petroleros cerraron aumentos salariales de 40% para 2018

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BUENOS AIRES (Agencias). Los gremios de empleados judiciales, de camioneros y de los petroleros cerraron aumentos salariales de 40 por ciento, según confirmaron hoy desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y de gremio que conduce Pablo Moyano.

La Corte Suprema de Justicia decidió otorgar un aumento salarial a todos los trabajadores del Poder Judicial. Para ello, cumplió con el formalismo de solicitarle al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una modificación de las partidas presupuestarias.

Según resolvieron los ministros del máximo tribunal por unanimidad, la suba se dará en dos tramos: 10 por ciento a partir del 1 de octubre y otro 10 por ciento  desde el 1 de diciembre.

Este nuevo incremento se suma a otros dos de 10 por ciento que ya se pagaron en 2018. Así, la recomposición anual para los trabajadores del sector alcanzará a fin de año el 40 por ciento.

El sindicato de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que agrupa a 21 cámaras del sector, resolvieron modificar el acuerdo paritario que había sido cerrado el 19 de junio de este año, cuando el aumento pactado para 2018 fue del 25 por ciento.

Hace cuatro meses Camioneros firmó ese aumento, que superaba el techo del 15 por ciento que intentó fijar el Gobierno para las negociaciones paritarias a comienzos de año, el sindicato que conducen los Moyano fue tomado como referencia por otros gremios que todavía no habían cerrado sus acuerdos.

En este nuevo acuerdo, Camioneros y FADEEAC pactaron una suba del 11% a partir de noviembre y otra del mismo porcentaje para marzo de 2019, al tiempo que resolvieron retomar las negociaciones sobre un tercer aumento para mayo del año que viene.

También cerraron su paritaria los trabajadores petroleros privados, cuyo representante gremial Guillermo Pereyra estuvo en la Secretaría de Trabajo. Al igual que en el caso de los Judiciales y los Camioneros, los Petroleros recibirán un aumento del 40 por ciento en 2018, en otra negociación que casi triplicó el techo de subas de salarios al que aspiraba el oficialismo.

El detalle del acuerdo establece aumentos del 10 por ciento a partir de noviembre y otro 10 en febrero del año que viene. Sumados al 20,4 por ciento pactado a comienzos de año, y al 5 extra de agosto, esto equivale a una suba total del 45 por ciento en las paritarias 2018.

A raíz de la disparada del costo de vida, la UOM reclama una actualización en tres cuotas de 5% cada una, a pagar en octubre, noviembre y diciembre. Por este reclamo, ya se produjeron dos encuentros entre sindicalistas y empresarios sin que se llegara a un acuerdo.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) pidió la reapertura de la negociación salarial con la Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAYP), con la cual se había convenido un aumento del 22% de los salarios básicos de las categorías Marineros, Maestranza y Auxiliares de Maquinas a partir del 1 de abril de 2018.

El titular del gremio de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, afirmó que “es probable que antes de fin de año” deba pedir la reapertura de la paritaria del sector, ya que había firmado un acuerdo salarial en junio pasado por el 15 por ciento hasta junio del año próximo

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Milei restituyó las normas que rigen el funcionamiento de Vialidad, Inta e Inti

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Milei Vialidad

Luego del rechazo de legisladores a cinco decretos delegados, la gestión de Javier Milei restituyó las normas que rigen el funcionamiento de entes públicos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), entidades culturales, la actividad en distintos sectores de la economía y su intento por limitar el derecho a huelga.

Las modificaciones habían sido puestas en marcha por cinco decretos delegados y frenadas posteriormente por las cámaras de Diputados y el Senado a fines de agosto.

Finalmente, este miércoles fueron publicados los DNU 627 y 628 en el Boletín Oficial, los cuales sostienen: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.

Al mismo tiempo fueron restituidas “las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585, del 14 de agosto”.

Cabe recordar que los decretos delegados, que fueron rechazados por el Congreso, implicaban cambios en el régimen laboral de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores de la economía considerados esenciales o estratégicos; la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; la disolución de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo; así como una serie de modificaciones en el Inti, Inta y entidades culturales.

Desde el gobierno justificaron la restitución sosteniendo que la finalidad es “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”.

Decretos sin efecto

El decreto 462/2025 establecía que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se convirtieran en unidades organizativas dependientes de la Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. En concreto, modificaba sus funciones.

Con el decreto 587, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) pasó a depender de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras que con el decreto 371, el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del organismo.

A través del decreto 461/2025, el Ejecutivo disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

El Gobierno desreguló el transporte marítimo a través del decreto 340 y habilitaba a buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional. Implicaba la pérdida de la exclusividad de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores económicos.

El decreto 351 ordenaba la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de un organismo descentralizado a uno desconcentrado. Había pasado a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estaba dispuesto en el decreto 345/25.

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La inflación fue de 1,9% en julio y acumula 36,6% en los últimos doce meses

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La inflación de julio fue del 4%: la más baja desde enero del 2022

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de julio, el cual se ubicó en 1,9% y acumuló un 36,6% en los últimos doce meses. Mientras que, en lo que va del año suma un 17,3%.

Este resultado da cuenta de que hubo un leve incremento respecto al mes de junio, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,6%.

El rubro que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general.

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).

Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.

Días atrás las mediciones privadas anticipaban que la suba de casi 14% del dólar en julio no impactaría tanto sobre la inflación, lo que puede contrastarse con el mes anterior, cuando la inflación fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora la menor de los últimos cinco años.

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Oficializaron el triple veto de Milei: jubilaciones, moratoria y discapacidad

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En la mañana de hoy se conoció el decreto 534/2025, con el que el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Estas tres iniciativas fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, obtuvo 34 ausencias.

Con la nueva medida quedarán sin efecto, tal como lo había anticipado por el mandatario apenas las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta.

El triple veto fue firmado el pasado sábado y publicado en el Boletín Oficial este lunes con las firmas de Milei y los miembros de su gabinete. 

A partir de ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso y para sostener el veto el oficialismo necesitará 86 votos.

Los detalles

La decisión presidencial deja sin efecto el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70.000 a $110.000, y que iba a actualizarse por inflación, según la norma aprobada por el Senado.

Paralelamente se había aprobado la reapertura por dos años de la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes, lo que también fue vetado.

Por último, quedó sin efecto el proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

En los considerandos del decreto presidencial se menciona como argumento central para desestimarlas, que estas leyes, de instrumentarse, romperían el equilibrio fiscal, ya que implicarían “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026“.

Argumentación del triple veto

El decreto señala una serie de irregularidades, entre las que sobresale que: “la sesión fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación” y recordó que se trata de un punto que “garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente”.

Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica: “además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría“.

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Javier Milei ratificó el veto del gobierno al aumento de las jubilaciones

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