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Camioneros, judiciales y petroleros cerraron aumentos salariales de 40% para 2018

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BUENOS AIRES (Agencias). Los gremios de empleados judiciales, de camioneros y de los petroleros cerraron aumentos salariales de 40 por ciento, según confirmaron hoy desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y de gremio que conduce Pablo Moyano.

La Corte Suprema de Justicia decidió otorgar un aumento salarial a todos los trabajadores del Poder Judicial. Para ello, cumplió con el formalismo de solicitarle al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una modificación de las partidas presupuestarias.

Según resolvieron los ministros del máximo tribunal por unanimidad, la suba se dará en dos tramos: 10 por ciento a partir del 1 de octubre y otro 10 por ciento  desde el 1 de diciembre.

Este nuevo incremento se suma a otros dos de 10 por ciento que ya se pagaron en 2018. Así, la recomposición anual para los trabajadores del sector alcanzará a fin de año el 40 por ciento.

El sindicato de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que agrupa a 21 cámaras del sector, resolvieron modificar el acuerdo paritario que había sido cerrado el 19 de junio de este año, cuando el aumento pactado para 2018 fue del 25 por ciento.

Hace cuatro meses Camioneros firmó ese aumento, que superaba el techo del 15 por ciento que intentó fijar el Gobierno para las negociaciones paritarias a comienzos de año, el sindicato que conducen los Moyano fue tomado como referencia por otros gremios que todavía no habían cerrado sus acuerdos.

En este nuevo acuerdo, Camioneros y FADEEAC pactaron una suba del 11% a partir de noviembre y otra del mismo porcentaje para marzo de 2019, al tiempo que resolvieron retomar las negociaciones sobre un tercer aumento para mayo del año que viene.

También cerraron su paritaria los trabajadores petroleros privados, cuyo representante gremial Guillermo Pereyra estuvo en la Secretaría de Trabajo. Al igual que en el caso de los Judiciales y los Camioneros, los Petroleros recibirán un aumento del 40 por ciento en 2018, en otra negociación que casi triplicó el techo de subas de salarios al que aspiraba el oficialismo.

El detalle del acuerdo establece aumentos del 10 por ciento a partir de noviembre y otro 10 en febrero del año que viene. Sumados al 20,4 por ciento pactado a comienzos de año, y al 5 extra de agosto, esto equivale a una suba total del 45 por ciento en las paritarias 2018.

A raíz de la disparada del costo de vida, la UOM reclama una actualización en tres cuotas de 5% cada una, a pagar en octubre, noviembre y diciembre. Por este reclamo, ya se produjeron dos encuentros entre sindicalistas y empresarios sin que se llegara a un acuerdo.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) pidió la reapertura de la negociación salarial con la Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAYP), con la cual se había convenido un aumento del 22% de los salarios básicos de las categorías Marineros, Maestranza y Auxiliares de Maquinas a partir del 1 de abril de 2018.

El titular del gremio de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, afirmó que “es probable que antes de fin de año” deba pedir la reapertura de la paritaria del sector, ya que había firmado un acuerdo salarial en junio pasado por el 15 por ciento hasta junio del año próximo

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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