Nacionales
Atentado a CFK: detuvieron a la pareja de Fernando Sabag Montiel
La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este domingo por la noche a Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que el jueves pasado intentó asesinar a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner frente a su casa en el barrio porteño de Recoleta. En paralelo, la Justicia dispuso el secreto de sumario en la causa que investiga el hecho.
Según consignó el portal Infobae, la detención de la joven fue concretada en la estación Palermo del Tren San Martín, tras un procedimiento ejecutado por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA, bajo órdenes de la jueza que entiende en la causa, María Eugenia Capuchetti.
El diario La Nación, en tanto, añadió que la detención de Uliarte, de 23 años, fue ordenada luego de un primer análisis de cámaras de seguridad y la intervención de su teléfono celular, cuyas comunicaciones eran oídas de manera directa.
Lo que la Justicia intenta determinar es si Sabag Montiel actuó solo o contó con colaboración de otra persona para llevar adelante el magnicidio que no llegó a concretarse prácticamente de milagro, ya que el implicado gatilló en dos oportunidades una pistola Bersa calibre .32 y las balas no salieron porque no se accionó la corredera.
Este domingo la jueza Capuchetti también le tomó declaración a un amigo de Sabag Montiel, quien declaró que sostuvo que creía al hombre “capaz de cometer el hecho”.
Otro avance que tuvo la causa ayer fue que Capuchetti le tomó declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular de Sabag Montiel hizo un “reseteo” y volvió a “estado de fábrica”, informaron fuentes judiciales consultadas por Télam.
La agencia de noticias añadió que los últimos datos y elementos que se encuentran bajo análisis fueron extraídos de la tarjeta SIM y el chip usado por el detenido.
En relación al reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.
El teléfono celular que portaba el detenido sufrió un reseteo en los momentos en que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.
El hecho generó críticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron “respuestas” a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche, en el marco de la causa por el atentado sufrido por la vicepresidenta el jueves último.
Esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de la jueza Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.
La PSA recibió el celular en su sede de Ezeiza, durante la noche del viernes, horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue la primera fuerza en intentar extraer información en presencia de secretarios del juzgado, la fiscalía y la defensa oficial, según aseguraron en desde el juzgado.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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