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Aranguren dijo que suba del gas “fue legal” y negó su “incompatibilidad”

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Con la ausencia del exministro de Planificación, Julio De Vido, se desarrolló en el anexo C de la Cámara de Diputados la exposición del titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, sobre tarifazo. El diputado por el Frente para la Victoria (FpV) explicó su ausencia a través de una misiva que leyó su par por el mismo espacio, Héctor Recalde.

Los precios se han mantenido bajos artificialmente” comenzó Aranguren su exposición argumentando el incremento de tarifas en los servicios de gas y luz. El ministro afirmó que el país “depende de la energía externa”. Y añadió que “el 89% de la tarifa eléctrica estaba subsidiada” durante el kirchnerismo.

Al ser consultado por el costo del gas en el ingreso al sistema, Aranguren indicó que “el marco para discutir el valor del gas es la evaluación del cuadro tarifario”. Asimismo, el titular de la cartera de Energía sostuvo que “todo lo que hicimos fue legal y la Corte decidirá respecto al precio de boca de pozo”.

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Por otra parte, Aranguren, aseguró que no tiene ninguna “incompatibilidad” en su cargo por haber sido presidente de la petrolera Shell y sostuvo que “en todo caso será la Justicia la que resuelva”. “Yo no le estoy pagando nada a ninguna petrolera”, indicó el ministro al responder preguntas de la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño. Explicó que “por el sinceramiento cambiario hubo que aumentar el precio de los combustibles”.

El ministro de Energía también fue consultado por la ausencia de una audiencia pública para subir el precio del gas y de la electricidad. En ese marco, Aranguren señaló que “el segmento de generación de electricidad y precio de boca de pozo están regidos por el mercado”. Sin embargo, el funcionario aclaró que el trasporte y distribución que rige es una “adecuación tarifaria transitoria hasta la revisión tarifaria integral”. Al respecto señaló que “queremos tener esa audiencia pública”.

Sus declaraciones tienen como trasfondo el intento del peronismo, que la semana pasada quiso votar sobre tablas un proyecto de ley para derogar el nuevo cuadro tarifario.

El blindaje para Aranguren está a cargo de la Casa Rosada. Rogelio Frigerio ya sumó el apoyo de 13 gobernadores provinciales a la suba de tarifas. Ayer el correntino Ricardo Colombi se sumó a los aliados María Eugenia Vidal (Buenos Aires); Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Pero ese lote también lo integran los peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos); Domingo Peppo (Chaco); Rosana Bertone (Tierra del Fuego); Juan Schiaretti (Córdoba); Omar Gutiérrez (Neuquén); y el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe).

El oficialismo confía en que el ataque a Mauricio Macri en Mar del Plata no se replique hoy con Aranguren. No habrá medidas de seguridad adicionales pero nadie ingresará sin identificación. En el plenario de comisiones se espera hoy la presencia de 120 diputados, casi la mitad de la Cámara. Aranguren ya fue advertido de no entrar en provocaciones ni responder chicanas. “El plenario va a estar caldeado, le dijimos que no entre en el juego del kirchnerismo”, explicó ayer un diputado de Cambiemos que hoy estará en el debate.

Aranguren asiste en medio de cuestionamientos que incluyen pedidos de renuncia y críticas por una presunta incompatibilidad con la función pública, al poseer 16 millones de pesos en acciones en la filial argentina de la petrolera holandesa Shell, de la que fue CEO. El massista Marco Lavagna advirtió que el Frente Renovador no quiere “entrar en el juego de la pelea sin sentido”. Desde el PRO, Pablo Tonelli recordó que “hemos dicho reiteradamente que el Gobierno consideró que las audiencias no eran necesarias dado que está vigente la ley de emergencia pública que autoriza al PEN a aplicar las tarifas que considera necesarias”. Sin embargo, Aranguren podría sorprender con la convocatoria a audiencias para octubre.

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Renunció Guzmán: agradecimientos al presidente y pedido de acuerdo político

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Después de más de dos años y medio de gestión, esta tarde el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, presentó su renuncia al cargo y en su cuenta de Twitter publicó un documento de siete carillas argumentando su decisión. Todo ocurrió mientras la vicepresidenta, Cristina Fernández, emitía un discurso con motivo del 48° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón.

“Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, tuiteó el ahora ex ministro Guzmán en la red social del pajarito a 17.47 de hoy, enunciado que se repite en el final del documento de siete carillas que adjuntó en la misma publicación.

En el mencionado documento, Guzmán agradece al presidente Alberto Fernández la confianza otorgada al designarlo al frente de la cartera, realiza un repaso de su gestión, mencionando el acuerdo con el FMI, los condicionamientos de la pandemia y de la guerra de Rusia con Ucrania.

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Además, se dirige al presidente y señala: “considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante”.

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Proponen que provincias paguen a CABA por uso de sus hospitales y escuelas

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CABA

Legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) pretenden que las provincias de los ciudadanos que utilicen los servicios de salud y educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reintegren los gastos al Estado porteño.

El proyecto de ley propone la creación de un “Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional”, y es impulsado por los legisladores porteños Roberto García Moritán y Mariana Kienast, del partido Republicanos Unidos, el espacio del diputado nacional Ricardo López Murphi, integrante de la coalición opositora.

“Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras”, argumentó Kienast al presentar la iniciativa en la legislatura porteña.

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El texto señala que “los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe” cuando “una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción” sea atendido en un centro asistencial de la ciudad.

Asimismo, establece que el informe debe detallar “la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones”, cuyos gastos se remitirán mensualmente “a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.

Algo similar dispone en lo relacionado con el uso de las instituciones educativas públicas de CABA por parte de estudiantes domiciliados fuera del distrito.

La iniciativa establece que “los padres o tutores, cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera” de CABA, y “que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes”.

Agrega que una vez “adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”.

“El consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA”, precisó Kienast.

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Alberto Fernández con Milagro Sala: “Se ha instaurado una clara persecución”

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MIlagro Sala

El presidente Alberto Fernández visitó este miércoles a la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, hospitalizada en una clínica de Jujuy, y consideró la detención de la mujer “una clara persecución”.

Fernández dialogó con la dirigente social, detenida y procesada por la justicia jujeña desde hace 7 años, causas que el mandatario definió como “inventadas” por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) que gobierna la provincia.

El presidente afirmó que en el caso de Sala “se ha instaurado un sistema de clara persecución”.

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“Lo he plantado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos”, advirtió Fernández.

En una rueda de prensa en la clínica donde está internada la dirigente social, el Presidente pidió a la justicia jujeña y a la Corte Suprema de Justicia ajustar las causas contra Sala a las normas procesales vigente en el país.

“Vengo a hacer público mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo de algo que está ocurriendo y no debería ocurrir y que está afectando no solo la libertad de una persona sino su salud”, dijo el mandatario a los periodistas que lo aguardaban en la clínica.

“Apenas llegué de Alemania, me enteré de que estaba internada con un coagulo y estaba comprometida su salud. Llamé a su esposo y le dije que la iba a ir a ver. Pero esto no es de ahora, es de siempre porque yo siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos que han tenido”, contó.

“Yo no vine a buscar aplausos”, dijo Fernández, argumentando que el objetivo de su visita es “acompañarla y darle una vez más un testimonio de mi compromiso porque los derechos humanos son la base de todo el sistema de un estado de derecho”.

Trombosis

La dirigente de Tupac Amaru fue hospitalizada por un cuadro de “trombosis venosa profunda”, y permanece internada “estable” en una sala de terapia intermedia, custodiada por policías armados.

Sus abogados informaron que Sala “se encuentra custodiada por dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, en la puerta de ingreso a la UCO/UTI y un tercer agente femenino, al lado de su cama, exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria”.

La dirigente está detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.

El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.

Desde entonces, la Corte IDH no sólo mantiene vigente la medida provisional sino que, además, recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.

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