Nacionales
Amplían denuncia contra Macri y Dietrich por beneficios a empresas aéreas
El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tahilade, presentó ante el juez Sergio Torres una ampliación de la denuncia que había realizado a fines del año pasado contra Mauricio Macri, su padre, y distintos funcionarios del gobierno nacional, en el marco de la escandalosa entrega de rutas áreas a las empresas “low cost”, Avian y Fly Biondi, vinculadas al primer mandataria y el vicejefe de Gobierno, Mario Quintana. Algunas de estas ganaron rutas para llegar hasta Misiones.
En este marco, Tahilade solicitó ser considerado como “Amicus Curiae” del tribunal.
En la primera denuncia presentada por Tailhade y Juan Cabandié el 30 de diciembre del año pasado; el jefe de Estado Mauricio Macri, su padre y funcionarios del gobierno nacional como el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, fueron denunciados por el uso de aeronaves de la compañía Macair, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales. Pidiéndose, en aquel momento, la investigación por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
En el escrito de ampliación de la denuncia presentado ante la Justicia, se sumaron a dicha investigación dos nuevos hechos donde las empresas aéreas vinculadas a la familia Macri se ven claramente beneficiadas.
Por un lado, la concesión realizada por el Ministerio de Transporte (a cargo de Guillermo Dietrich) de las rutas áreas de cabotaje e internacionales a empresas “low cost”, donde según el documento de la JATA se dieron marcadas “arbitrariedades” y “beneficios” a las empresas Avian y Fly bondi – vinculadas al presidente Macri y al coordinador del gabinete económico Mario Quintana – en perjuicio de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
Además, la quita de los mecanismos de autorización de servicios no regulares y otros controles en beneficio casi exclusivo a la empresa AVIAN LINEAS AEREAS SA, continuadora de la empresa MACAIR JET SA, y sus empresas vinculadas, todo ello de propiedad del Presidente de la Nación y su familia, realizado mediante la Resolución ANAC 79/2017 dictada por el Administrador de la ANAC, el Ingeniero Juan Pedro Irigoin.
De este modo, la ampliación de la denuncia por beneficios a las empresas aéreas vinculadas al Presidente de la Nación y su familia, suma a la investigación lo actuado en beneficio de estas empresas por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC, Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez por infracción a los artículos 248 y 256 del Código Penal, y 218 del Código Aeronáutico.
En este marco, la justicia federal recibió esta semana una denuncia contra el presidente, su jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, por un supuesto fraude al Estado.
El fraude se cometería con la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, que según la presentación existiría un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo.
La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Avianca por la ANAC, al uso nacional e internacional de las Rutas Aéreas. “Estas -de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad Aerolineas Argentinas”.
“La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas ya que el gigante “colombiano” (hoy en manos de la Flia Macri) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder”, dice la denuncia.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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