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Alberto: “No es lo mismo decir liberó, que andá a cumplir la prisión a tu casa”

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El presidente Alberto Fernández se refirió a la decisión de algunos magistrados de otorgar prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia mundial por covid-19.

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández advirtió que “si un juez hizo algo indebido” en cuanto a la excarcelación u otorgamiento de prisión domiciliaria a acusados o condenados por delitos graves “deberá explicar lo que hizo” y reiteró que el Estado “no pidió la libertad de nadie”.

El primer mandatario reivindicó nuevamente la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el tema, debido a que es “autoridad de aplicación” de los convenios internacionales en la materia, aunque admitió que el titular de ese organismo, Horacio Pietragalla, “cometió el error de no avisarme” que iba a actuar en el tema de la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que fue denegada por la justicia y, destacó, “no fue apelada” por el Ejecutivo .

“Los organismos internacionales han hecho recomendaciones que tomaron los jueces. Liberados por coronavirus no hay muchos. No es lo mismo decir ‘libero’ que ‘andá a cumplir la prisión a tu casa'”, dijo el lunes Fernández en una entrevista con el canal TN.

Añadió que “el coronavirus indujo a los jueces” a liberar convictos pero se preguntó: “Cuánta gente salió?” por el virus. E inmediatamente se respondió: “De 12.500 personas salieron 300”.

“No sé si en ese paquete hay gente con condena por delitos gravísimos, no me quiero quedar en ejemplos. Si así fuera está mal porque no es lo que recomiendan los organismos internacionales”, abundó.

Seguidamente advirtió: “Si un juez hizo algo indebido deberá explicar lo que hizo; no puede decir que fue inducido por la política porque no tenemos nada que ver (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) o yo”.

También negó una postura en favor del indulto porque “eso es una rémora de la monarquía. Siempre he dicho que es una facultad que un presidente no debe tener”.

Y agregó que si “alguien piensa que (el juez Víctor) Violini” actuó mal al ordenar liberaciones “tendrá que presentarse en el Consejo de la Magistratura de la provincia”.

A la vez, denunció que “durante cuatro años el gobierno de (Mauricio) Macri se olvidó de las cárceles y hubo una lógica de superpoblar” las prisiones, y aseveró que “se hacinó gente en las cárceles y los organismos de derechos humanos internacionales han cuestionado eso”.

El Presidente dijo que “hay que construir” establecimientos “para aislar a los grupos de riesgo” y sostuvo que “no es nuestra culpa. Detesto hablar de la herencia pero vean todo. Hubo una actitud de olvido y destrato del sistema carcelario”.

De la actitud de Pietragalla y las críticas que recibió, afirmó que “hay que estudiar un poco más antes de opinar fácilmente. La Secretaria de DD.HH. es la encargada de aplicar los convenios” internacionales. “Hubo un detenido que pidió que se cite a la Secretaría (como amicus curiae: amigo del tribunal), pero la libertad la pidió la defensa de él”.

En ese sentido indicó que “la defensa de Jaime pidió que se cite a la Secretaría de DD.HH. como autoridad de aplicación del Pacto de San José de Costa Rica”, incluido en la Constitución Nacional..

“El Estado no pidió la libertad de nadie”, aseveró Fernández, quien admitió que “Horacio cometió el error de no avisarme, pero me lo explicó y no hay nada más”.

El jefe de Estado sostuvo que en Chile hubo “1.700 personas que indultó (Sebastián) Piñera”, el presidente de ese país

El mandatario aclaró que “si hubo violencia” en los delitos achacados a los presos que piden la libertad o la domiciliaria, “esos casos no están incluidos”, según las normas internacionales.

Fernández añadió que apenas comenzó la pandemia planteó “el problema carcelario” y dijo que “las dos Casaciones (el tribunal federal y el bonaerense) sacaron acordadas muy bien escritas y fueron muy buenas las recomendaciones que dieron”.

Télam


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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El gobierno aumentó a $70.000 la asignación de ayuda escolar anual

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ayuda escolar

El presidente Javier Milei firmó este viernes un decreto mediante el cual incrementó en un 311% la asignación de ayuda escolar anual para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, elevando de esta manera el beneficio de $17.000 a $70.000.

La mencionada ayuda escolar se trata de un beneficio otorgado a través de Anses a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados como así también beneficiarios de la AUH con hijos en edad escolar.

La asignación generalmente se cobra en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, la medida alcanzará a unos 7,3 millones niños escolarizados desde nivel inicial hasta secundaria. Con el incremento dispuesto, el monto a cobrar pasará entonces de los $17.318 actuales a $70.000.

El decreto señala que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Es sin límite de edad en caso de que tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados.

Tope máximo de ingreso del grupo familiar $ 3.960.000.- (bruto)

Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $ 1.980.000.- (bruto)

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

Se solicita ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Eligiendo la opción Hijos > Presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos.

Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme. Luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de los hijos antes del 31 de diciembre.


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