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Alberto Fernández convocó en la Cepal a diseñar políticas contra la desigualdad

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El presidente Alberto Fernández inauguró este lunes el 39° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se realiza hasta el miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en Buenos Aires, con un discurso donde valoró el rol del Estado en la implementación de políticas que reduzcan la desigualdad social en el continente. 

Fernández afirmó que en América Latina y el Caribe “la brecha entre ricos y pobres es la más profunda del planeta” y aseguró que esta desigualdad “es consecuencia directa de quienes pugnan por un Estado ausente”. 

“Vivimos en el continente más desigual del mundo. Aquí la brecha entre ricos y pobres es la más profunda del planeta”, señaló el Presidente, y agregó que “se nos impone el imperativo ético de cambiar este presente. Es hora de derribar muros y construir puentes”. 

Remarcó que “la desigualdad que enfrentamos es consecuencia directa de quienes pugnan por un Estado ausente que deje en manos del mercado la solución de aquella desigualdad”. 

“Son los mismos que con sus políticas permiten que el ingreso se concentre en pocos mientras la pobreza se distribuye en millones de seres humanos. Así, la riqueza se acumula en paraísos fiscales y jamás se derrama sobre los más necesitados”, agregó el jefe de Estado. 

Afirmó que, “aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos han proliferado”, y advirtió que “quienes buscan debilitar y erosionar las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover la polarización extrema”. 

“Todos sabemos bien que el empeoramiento en la distribución del ingreso y en la cantidad y la calidad del trabajo no es producto de quienes creemos en un Estado presente promotor de políticas activas que induzcan a construir una sociedad más justa e inclusiva”, remarcó Fernández. 

Fernández consideró que “la coyuntura actual de la región requiere una mirada crítica y respuestas innovadoras para diseñar políticas y soluciones hechas en América Latina y para América Latina y el Caribe”. 

También se refirió a la crisis climática y la transición energética y dijo que “es esencial profundizar las acciones en procura de este desarrollo energético mediante la identificación de proyectos, la cooperación a nivel regional y la búsqueda de fuentes de financiamiento de parte de los principales organismos multilaterales de crédito”. 

“Ahora que el BID ha vuelto a manos latinoamericanas y del caribe, necesitamos recursos para que la transformación que planteamos pueda materializarse”, señaló el primer mandatario. 

El jefe de Estado argentino habló, además, de la necesidad de “reducir la brecha tecnológica” dado que “se relaciona directamente con la localización de las inversiones productivas en nuestros países”. 

“Debemos cooperar juntos, como región, en políticas públicas que estimulen la inversión privada para democratizar la conectividad; también podemos trabajar juntos en una agenda 4.0 entre los países de América Latina y el Caribe en áreas como la economía del conocimiento, la tecnología satelital, la inteligencia artificial y la ciberseguridad”, propuso Fernández. 

“El documento núcleo que presenta la Cepal plantea ejes de trabajo muy valiosos en relación a reducir la brecha tecnológica”, y consideró que “brindan la posibilidad de identificar los vectores que permitan asociarnos en la cadena de valor como eslabones que agreguen tecnología y empleo en el proceso de producción”. 

Por otro lado, destacó la necesidad de generar “acciones afirmativas en la región que promuevan el sistema de cuidado y plena participación de mujeres y diversidades en política y economía para una recuperación transformadora”.

 


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UTA llamó a un paro de colectivos por 24 horas para el 5 de marzo

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uta paro de colectivos

Tras culminar la conciliación obligatoria sin acuerdo por los reclamos salariales, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el paro de colectivos en todo el país, a excepción -hasta ahora- del área metropolitana de Buenos Aires (Amba), para el próximo martes 5 de marzo.

El anuncio de la medida de fuerza fue realizado esta tarde por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), entidad que representa a más de 40 empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros.

“Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, anunciaron a través de su cuenta en X.

En la publicación, además, se adjuntó un comunicado que añade: “En atención al vencimiento del período de conciliación laboral impuesto, y tras dos meses sin ofrecimiento salarial alguno y a la profundización del conflicto, informamos que se ha resuelto la adopción de una medida de acción gremial, consistente en un paro por 24 horas durante toda la jornada del día martes 5 de marzo de 2024″.

Además, AAETA informó que el 7 de marzo habrá una nueva audiencia virtual para “monitorear el estado de situación” y establecer nuevas medidas.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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