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A siete meses de lanzado, las obras del Plan Belgrano no arrancan

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A casi siete meses de haber sido lanzado con bombos y platillos con el fin de “saldar la deuda histórica en materia de infraestructura de las regiones del NOA y NEA”, el Plan Belgrano -que pilotea el radical tucumano, José Cano- no ha logrado pasar de las promesas a las obras concretas y se expone en forma creciente a los cuestionamientos de las provincias norteñas que ponen en duda el rol del organismo estatal que fue creado para agilizar las inversiones.

Al frente de la “Unidad Plan Belgrano” (UPB) desde mediados de diciembre de 2015, Cano afronta una doble complicación operativa que desluce día a día su gestión como responsable de un proyecto que, en teoría, apunta a reducir la desigualdad social y económica de dos regiones postergadas.

Puertas afuera del Gobierno, es el blanco de los reclamos que disparan los legisladores nacionales y los gobernadores de las provincias norteñas por las demoras que registran las promocionadas obras del plan Belgrano.

La Unidad Plan Belgrano que conduce Cano tiene cuatro subsecretarías de Estado, que en los hechos se superponen con dependencias de Interior, Energía y Transporte.

Y dentro del gabinete nacional, prácticamente no es tenido en cuenta por los ministros de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio; de Transporte, Guillermo Dietrich y de Energía, Juan José Aranguren con los cuales debería planificar y coordinar la ejecución de las iniciativas y acciones que fueron anunciadas en el marco del plan Belgrano.

Tras haber constituido una de las principales banderas electorales, el Plan Belgrano recibió su puntapié inicial junto con las primeras medidas de la administración macrista. La Unidad Plan Belgrano (UPB) fue creada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete el mismo día del traspaso de mando presidencial. A su titular se le otorgó rango de secretario de Estado con un organigrama compuesto por cuatro subsecretarios-coordinadores (Desarrollo Humano, Infraestructura, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales y Comunicación) y dos directores-subcoordinadores de las regiones del NOA y NEA.

Según los lineamientos oficiales, el Plan Belgrano contempla la puesta en marcha de un plan de infraestructura que en el plazo de una década implicará una inversión total de 16.000 millones de dólares en rutas, ferrocarriles, saneamiento, energía, aeropuertos, escuelas y viviendas.

A eso se agrega la conformación de un “Fondo de Reparación Histórica” por 50.000 millones de pesos para los primeros cuatro años del plan.

Objetivos demorados

Además de los montos en juego, los funcionarios incluyeron dentro de los objetivos del Plan Belgrano cinco puntos clave: una intervención rápida en los focos de pobreza extrema; subsidios para los fletes a los puertos; prioridad en la cobertura social e inversión educativa; un programa de 250.000 viviendas e incentivos laborales y fiscales para las inversiones privadas.

Ante cada planteo de las provincias por las obras y las medidas prometidas que no llegan, Cano les pide que tengan paciencia porque los proyectos llevan un tiempo de coordinación e implementación.

Pero más allá de las excusas y explicaciones que pueda brindar, el principal problema que enfrenta Cano es que su organismo no tiene poder decisión, ni facultades para definir los proyectos, llamar a licitación y certificar los pagos de las obras.

Tal como fue diseñada, la UPB es un organismo más “testimonial que operativo” que hoy cuenta con un plantel de 50 empleados que poco y nada pueden hacer para sacar adelante las obras que están a cargo de las áreas y empresas que dependen de Frigerio, Dietrich y Aranguren.

Tal como fue diseñada la Unidad Plan Belgrano de Cano es un organismo más testimonial que operativo, que hoy cuenta con 50 empleados y poco para hacer.

Las ambiguas e imprecisas funciones que Macri le asignó a la UPB sólo le permiten a Cano desarrollar las siguientes tareas de apoyo y relevamiento:

–Asistir al Jefe de Gabinete en el desarrollo y coordinación de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad entre la región Norte y el resto del país en coordinación con las áreas del Estado Nacional competentes en la materia.

–Efectuar el seguimiento del grado de ejecución de las políticas implementadas en las jurisdicciones competentes involucradas.

–Entender en la priorización de los proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las jurisdicciones competentes involucradas.

La marginación que arrastra la UPB en la consideración del Gobierno quedó a la vista en la última semana de junio cuando se difundió la obra de 274 millones de pesos para la captación de agua y construcción de acueductos en la provincia de Jujuy.

Pese a que estaba encuadrada en el Plan Belgrano, en todas las publicidades efectuadas en los medios gráficos nacionales y provinciales no hubo ninguna mención a la UPB y los únicos que aparecieron como responsables de la obra fueron el ministerio de Interior y el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).

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La Justicia intimó al gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

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El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) y advirtió que podría penalizar económicamente a los funcionarios por cada día de demora.

Se trata de la segunda medida judicial presentada este año ante el incumplimiento de la ley, la primera fue a finales de marzo, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país.

Se trata de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes. Sin embargo, no fue aplicada hasta el momento.

En los últimos días, el Frente Sindical de Universidades Nacionales  convocó a 23 días de paro en todo el país como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre.  

En este contexto, el magistrado Cormick dejó en claro que entendía que el gobierno nacional le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.

“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostiene el documento.

Juez federal Martín Cormick

En octubre del año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una batalla en los tribunales para que Milei cumpla con la LFEU. El 23 de diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar para que el gobierno pagara lo que adeudaba. 

La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En tanto, el 25 de junio pasado, la Corte ratificó –con su habitual parsimonia– lo que había resuelto Cormick.

El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el gobierno iba a transferir 24,33% a las universidades para el pago de salarios –21% en junio y un 3% adicional en octubre–, se comprometía a actualizar en un 20% los gastos de funcionamiento y a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el gobierno nacional presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del gobierno no convenció al juez, que el 1 de septiembre rechazó la pretensión de la administración libertaria. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar regiría hasta tanto dictara una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.

Tanto el 1 como el 17 de septiembre hubo reuniones entre el Gobierno, gremios y universidades, pero en ninguno de los encuentros se llegó a acuerdo alguno. La semana pasada, Capital Humano presentó un escrito en el que afirmaba que los sueldos docentes habían aumentado un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de este año.

Desde el CIN respondieron que el Gobierno intentaba engañar al juez: que la única oferta que había hecho desde que comenzó la gestión fue la de junio y que ni siquiera había terminado de pagarla. Según los cálculos de las universidades, hay un desfasaje del 35%.

Universitarios convocan a la quinta marcha ante el incumplimiento de la ley

 

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El 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy en la sede del ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV y transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, durante la reunión se analizó la posibilidad de avanzar en un esquema de “feriados locales/provinciales” para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre que serán comunicados oficialmente en los próximos días .

La funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y transmitió la definición del gobierno nacional ante representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de Caba, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Asimismo, Karina Milei anunció que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.

Finalmente, se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación y se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red Sube de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en nuestro país.

Cabe destacar que cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos.

Estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Por parte del gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Karina Milei encabezó la reunión para coordinar acciones ante la visita del sumo pontífice.

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El médico misionero Richard Malan fue designado presidente del Incucai

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richard malan incucai

El médico misionero Richard Malan fue designado como nuevo presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), según informó este viernes el gobierno nacional.

La designación fue formalizada mediante el Decreto 971/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa el desembarco de Malan en la conducción del organismo nacional encargado de coordinar las políticas vinculadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina. Hasta ahora, el profesional se desempeñaba como vicepresidente del instituto, cargo que ocupaba desde 2023.

Malan es médico especialista en Clínica Médica, Hemoterapia e Inmunohematología y Gestión de Servicios de Salud. Entre 2006 y 2020 estuvo al frente del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de Misiones y, entre 2009 y 2020, dirigió el organismo provincial de Donación y Trasplante (Cucaimis).

Durante su gestión en Misiones impulsó la creación del Laboratorio de Inmunología y Trasplante y del Banco de Tejidos. Según destacó el gobierno nacional, durante esos años se registró un crecimiento sostenido en materia de donación y trasplante, que permitió alcanzar la denominada lista de espera cero para trasplantes de córneas en la provincia.

Además, desde 2016 se desempeña como profesor a cargo de la Cátedra de Medicina del Trasplante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de las Misiones.

Trayectoria

Malan se incorporó al Incucai en 2020, donde estuvo al frente del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas y participó en el desarrollo de nuevos centros de trasplante de médula ósea en hospitales públicos.

También lideró el proyecto de creación del Laboratorio Nacional de Inmunogenética, destinado a facilitar el acceso a estudios inmunogenéticos y de histocompatibilidad para pacientes con indicación de trasplante.

Con su designación, Malan reemplazará a Carlos Soratti, quien deja la presidencia del Incucai después de casi dos décadas al frente del organismo, con distintos períodos de gestión desde 2003.

El mismo decreto designó a Gabriela Hidalgo, hasta ahora directora del Incucai, como vicepresidenta del Directorio del organismo.

Trasplante de órganos en Misiones: 113 en espera y 183 en proceso de inscripción

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