Nacionales
A siete meses de lanzado, las obras del Plan Belgrano no arrancan
A casi siete meses de haber sido lanzado con bombos y platillos con el fin de “saldar la deuda histórica en materia de infraestructura de las regiones del NOA y NEA”, el Plan Belgrano -que pilotea el radical tucumano, José Cano- no ha logrado pasar de las promesas a las obras concretas y se expone en forma creciente a los cuestionamientos de las provincias norteñas que ponen en duda el rol del organismo estatal que fue creado para agilizar las inversiones.
Al frente de la “Unidad Plan Belgrano” (UPB) desde mediados de diciembre de 2015, Cano afronta una doble complicación operativa que desluce día a día su gestión como responsable de un proyecto que, en teoría, apunta a reducir la desigualdad social y económica de dos regiones postergadas.
Puertas afuera del Gobierno, es el blanco de los reclamos que disparan los legisladores nacionales y los gobernadores de las provincias norteñas por las demoras que registran las promocionadas obras del plan Belgrano.
Y dentro del gabinete nacional, prácticamente no es tenido en cuenta por los ministros de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio; de Transporte, Guillermo Dietrich y de Energía, Juan José Aranguren con los cuales debería planificar y coordinar la ejecución de las iniciativas y acciones que fueron anunciadas en el marco del plan Belgrano.
Tras haber constituido una de las principales banderas electorales, el Plan Belgrano recibió su puntapié inicial junto con las primeras medidas de la administración macrista. La Unidad Plan Belgrano (UPB) fue creada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete el mismo día del traspaso de mando presidencial. A su titular se le otorgó rango de secretario de Estado con un organigrama compuesto por cuatro subsecretarios-coordinadores (Desarrollo Humano, Infraestructura, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales y Comunicación) y dos directores-subcoordinadores de las regiones del NOA y NEA.
Según los lineamientos oficiales, el Plan Belgrano contempla la puesta en marcha de un plan de infraestructura que en el plazo de una década implicará una inversión total de 16.000 millones de dólares en rutas, ferrocarriles, saneamiento, energía, aeropuertos, escuelas y viviendas.
A eso se agrega la conformación de un “Fondo de Reparación Histórica” por 50.000 millones de pesos para los primeros cuatro años del plan.
Objetivos demorados
Además de los montos en juego, los funcionarios incluyeron dentro de los objetivos del Plan Belgrano cinco puntos clave: una intervención rápida en los focos de pobreza extrema; subsidios para los fletes a los puertos; prioridad en la cobertura social e inversión educativa; un programa de 250.000 viviendas e incentivos laborales y fiscales para las inversiones privadas.
Ante cada planteo de las provincias por las obras y las medidas prometidas que no llegan, Cano les pide que tengan paciencia porque los proyectos llevan un tiempo de coordinación e implementación.
Pero más allá de las excusas y explicaciones que pueda brindar, el principal problema que enfrenta Cano es que su organismo no tiene poder decisión, ni facultades para definir los proyectos, llamar a licitación y certificar los pagos de las obras.
Tal como fue diseñada, la UPB es un organismo más “testimonial que operativo” que hoy cuenta con un plantel de 50 empleados que poco y nada pueden hacer para sacar adelante las obras que están a cargo de las áreas y empresas que dependen de Frigerio, Dietrich y Aranguren.
Las ambiguas e imprecisas funciones que Macri le asignó a la UPB sólo le permiten a Cano desarrollar las siguientes tareas de apoyo y relevamiento:
–Asistir al Jefe de Gabinete en el desarrollo y coordinación de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad entre la región Norte y el resto del país en coordinación con las áreas del Estado Nacional competentes en la materia.
–Efectuar el seguimiento del grado de ejecución de las políticas implementadas en las jurisdicciones competentes involucradas.
–Entender en la priorización de los proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las jurisdicciones competentes involucradas.
La marginación que arrastra la UPB en la consideración del Gobierno quedó a la vista en la última semana de junio cuando se difundió la obra de 274 millones de pesos para la captación de agua y construcción de acueductos en la provincia de Jujuy.
Pese a que estaba encuadrada en el Plan Belgrano, en todas las publicidades efectuadas en los medios gráficos nacionales y provinciales no hubo ninguna mención a la UPB y los únicos que aparecieron como responsables de la obra fueron el ministerio de Interior y el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).
Nacionales
Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos
La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.
El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año.
Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.
Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.
Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.
Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate
La industria en crisis
El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:
Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.
El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.
Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.
En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.
En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.
Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
Nacionales
Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral
El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.
“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.
En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.
“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.
Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.
Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.
El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.
Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.
La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.
Foto principal: Canal 12.
La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral
Nacionales
La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical de Argentina, confirmó este lunes la convocatoria a un paro general de 24 horas en todo el país, en oposición al proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei.
La medida de fuerza, que no incluirá movilizaciones callejeras, se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.
La CGT argumenta que la iniciativa es “la más regresiva y nociva de las últimas décadas”, en un contexto económico marcado por el endeudamiento familiar, el aumento del costo de vida, la pérdida de empleos y el cierre de empresas.
La decisión fue tomada hoy, durante una reunión virtual del consejo directivo de la CGT, respondiendo a presiones internas de diversos sectores sindicales y a la falta de espacios para negociar modificaciones al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Entre los puntos más controvertidos se destaca un artículo que reduce el pago de salarios en casos de licencia médica, lo que generó un fuerte rechazo.
Se espera una adhesión total de los gremios del transporte, clave para garantizar un alto impacto nacional, incluyendo a la Unión Tranviarios Automotor (UTA, colectiveros), La Fraternidad (maquinistas de trenes), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT, que agrupa camioneros, pilotos, personal aeronáutico, marítimo y fluvial, y del subte), así como otros sectores como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (aceiteros), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTAs).
Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling
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