Nacionales
A dos meses del inicio del aislamiento social, Alberto evalúa una nueva prórroga
El 20 de marzo el presidente decretó el inicio de las medidas para contener la pandemia de Covid-19. Luego de 60 días, y tras un proceso de flexibilización, se analizan los pasos a seguir de cara a una “nueva normalidad.
BUENOS AIRES (TÉLAM). El aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional ante el avance del coronavirus cumplirá mañana dos meses, en momentos en que el presidente Alberto Fernández evalúa una posible extensión de las medidas de restricción, de acuerdo con la evolución de la pandemia y sus diferentes manifestaciones en las provincias, ciudades o distritos.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue anunciado el 19 de marzo, pero empezó a regir al día siguiente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo, que fue ratificado por el Senado de la Nación la semana pasada en su primera sesión de modo virtual desde la pandemia.
El aislamiento, a partir de su vigencia, fue renovado cada quince días por el jefe de Estado con distintas restricciones y aperturas, en sintonía con el número de casos registrados en cada distrito del país y siempre luego de hacer consultas con un comité de expertos y epidemiólogos, gobernadores y autoridades del gobierno porteño.
La medida, inédita en el país, comenzó con la fase 1 de aislamiento estricto y con el lema “Quedate en casa”, que buscó concientizar sobre la necesidad de permanecer en los domicilios y evitar así los contagios.
La excepción fueron los trabajadores de actividades consideradas como “esenciales”, es decir, las imprescindibles, que siguieron con actividad respetando protocolos de protección para evitar contagios, como en los casos del personal de salud, seguridad, recolección de residuos, transportes, medios de comunicación y la producción de alimentos.
En esa primera fase de la cuarentena, los supermercados y farmacias abrieron en horarios reducidos, y la sugerencia para la población fue que las salidas solo se realicen en esos locales de cercanía, para evitar la aglomeración masiva de personas.
En ese contexto, las calles de pueblos y ciudades quedaron vacías y las medidas de prevención fueron el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y la desinfección de los productos que ingresaban a los hogares.
El distanciamiento social, que implica la separación de un metro y medio entre personas para evitar contagios, fue la medida obligatoria que se impuso en la calle para evitar contraer la enfermedad.
El teletrabajo y la suspensión de las clases en todos los niveles educativos contribuyeron a la ausencia en las calles de niños y estudiantes, que empezaron a recibir material educativo por canales electrónicos.
En la fase 2, de aislamiento administrativo de la cuarentena, la movilidad de la población pasó del 10 al 25 por ciento, se realizaron nuevas autorizaciones para reanudar actividades, y se dispuso como obligatorio para salir a la calle el uso de tapa nariz y boca, a modo de barbijo, medida dispuesta de manera progresiva en los diferentes distritos del país como nueva forma de protección que se sumó a las que ya regían desde el inicio del aislamiento.
A mediados de abril se dispuso la fase 3, de segmentación geográfica, en la que se permitió hasta el 50 por ciento de movilidad de las personas y hubo nuevas autorizaciones para reiniciar actividades.
El 10 de mayo pasado, el gobierno resolvió que la ciudad y provincia de Buenos Aires permanecieran en fase 3 a raíz del número de casos que registran y sus autoridades permitieron a los niños acompañar a sus padres en salidas breves el fin de semana.
Esa decisión fue anunciada dos días antes, cuando el presidente en conferencia de prensa comunicó la nueva prórroga de la cuarentena hasta el domingo 24 de este mes y sostuvo que la permanencia del Amba en la Fase 3 de la cuarentena “no es un avance ni un retroceso, sino trabajar con seriedad, dado que el objetivo no se pudo alcanzar”.
El jefe de Estado destacó en esa oportunidad que en el análisis del total del país los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del Amba todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican los contagios cada 18,8 días.
El 10 de mayo, sin embargo, varios distritos del país en los que el tiempo de duplicación de los casos fue de más de 25 días, pasaron a la fase 4 de la cuarentena, por lo que se permitieron reanudar actividades y la movilidad de la población pasó al 75 por ciento en esos lugares.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio, en las fases dispuestas para cada zona según el tiempo de duplicación de los casos, finaliza el 24 de mayo, por lo que el gobierno decidirá la modalidad en que será prorrogado de acuerdo a la evolución de la pandemia.
La cuarentena fue dispuesta el 20 de marzo y se renovó el 31 de marzo, el 12 de abril, el 27 de abril, y la última vez el 11 de mayo, hasta el domingo 24 de este mes.
Las fases de la cuarentena según el tiempo de duplicación de los casos en cada distrito son: en la fase 1 el tiempo de duplicación de los casos se registró en menos de quince días; en la fase 2, de 5 a 15 días; en la fase 3, de 15 a 25 días; en la fase 4, más de 25 días; y en la fase 5, de nueva normalidad, no deben registrarse contagios.
A partir de enero de 2026 el gobierno nacional implementará un esquema único y focalizado de subsidios residenciales en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en todo el país, cuya cobertura alcanzará a quienes cumplan criterios de ingresos y habrá cambios en los parámetros de exclusión.
La medida dejará atrás tanto la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) como los programas separados, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer un solo régimen simplificado.
De esta manera, desde el primer mes del año próximo sólo existirán dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que afrontarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es “transparentar el precio real del servicio, aumentar la proporción del gasto que asumirán los usuarios y consolidar la disciplina fiscal”.
La Secretaría de Energía abrió este viernes a consulta pública el proyecto, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece un plazo de quince días hábiles para recibir opiniones y observaciones de la sociedad civil y de los actores del sector.
Los beneficiarios actuales podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada si lo requieren. El acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales y no podrán acceder quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales.
Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migradas automáticamente, con la posibilidad de actualizar su información. En tanto, quienes utilicen gas propano indiluido por redes o garrafas de GLP de 10 kilos, y aún no estén registrados, tendrán que hacerlo a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios.
Algunos detalles
Actualmente, el subsidio estatal consiste en una bonificación sobre el precio de la energía consumida, que se suma a los cargos de distribución, transporte e impuestos. Este modelo divide a los usuarios en tres niveles según sus ingresos declarados en relación a la CBT publicada por el Indec.
La cobertura para los beneficiarios será del 50% del costo de la energía durante los meses de mayor consumo, con una bonificación menor el resto del año.
En electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación base del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados (primavera y otoño).
Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, meses considerados de elevada demanda, sin bonificación para el resto del año. El bloque subsidiado de gas natural se definirá según región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.
En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales. Los que ya perciben el Programa Hogar —alrededor de 3,3 millones de familias— serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes.
Además, quienes utilicen gas propano indiluido por redes y aún no estén inscriptos podrán anotarse a partir de enero en el sitio oficial.
El gobierno de Javier Milei anunció este sábado los nombres de los reemplazantes de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, que el próximo 10 de diciembre asumirán sus bancas en el Congreso de la Nación.
En el Ministerio de Seguridad, sucederá a Bullrich Alejandra Monteoliva, mientras que en Defensa el elegido para reemplazar a Petri fue el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, hijo del genocida Carlos Roque Presti, jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, a cargo de los centros clandestinos de detención conocidos como La Cacha, Arana y Comisaría 5ta.
“Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, señala el comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA).
Monteoliva, funcionaria de confianza de Bullrich actual secretaria de Seguridad del Ministerio, se presenta como Magíster en la materia y fue ministra de Seguridad en Córdoba hasta el levantamiento policial de 2013.
“Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la “Doctrina Bullrich”, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”, señala el comunicado de la OPRA.
Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden.
Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con… https://t.co/8I85J50IwY
— Mg. Alejandra S. Monteoliva (@AleMonteoliva) November 22, 2025
En sus redes sociales, la funcionaria agradeció al presidente Javier Milei por “su confianza” y se comprometió a sostener la política de Bullrich para “consolidar el orden” y “garantizar las condiciones para que nuestro país crezca en paz y en libertad”.
Sobre el nominado para sustituir a Petri, el comunicado remarca que “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 22, 2025
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
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