Por disposición de la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, a cargo de Lucas Jardín, los feriantes apostados en los alrededores del Hospital Madariaga ya no podrán instalar sus puestos en el lugar.

Son alrededor de 15 feriantes, en su mayoría mujeres, que contaban con un permiso provisorio para vender sus productos fuera del predio del nosocomio, sobre las veredas de las avenidas López Torres y Domingo Cabred, de lunes a sábado.

Dicha autorización, los trabajadores debían renovar año a año ante el municipio capitalino. Ahora, para sorpresa de los feriantes, Movilidad Urbana respondió a todas las solicitudes como “no factible”, es decir, no pueden continuar instalando su puesto donde lo hacían habitualmente.

Natalia Baibi vende ropa usa en las inmediaciones del Madariaga hace cuatro años. En mayo último, la secretaría respondió su solicitud como “no factible”, al tiempo que le recomendó que con su expediente solicite otro lugar habilitado para la venta ambulante.

Además, el área le remarcó a la feriante que dicha actividad no podrá ser realizada en las zonas prohibidas y detalló: “Costanera de Posadas en toda su extensión; vereda de la Terminal de ómnibus; vereda del Hospital Madariaga; Placita del Puente y en un radio de 500 metros de la misma“.

“Necesitamos trabajar, no vivimos del aire”, expreso Natalia en diálogo con La Voz de Misiones y continuó: “Es el único ingreso de la mayoría de nosotras. Yo tengo pensión, pero necesito trabajar porque sufro de depresión, salía a laburar porque comunicarme con la gente me hace bien, si me quedo en mi casa no me siento bien”.

Esta mañana, las feriantes se acercaron hasta la oficina de la secretaría para solicitar que les permitan continuar con sus puestos en alrededores del Madariaga. “Nos dijeron que no, que no es posible, y que si instalábamos los puestos la muni los iba a levantar“, contó Natalia a LVM.

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La comunidad del paraje Sarandí, en localidad de El Soberbio, rechaza la reciente venta de un lote perteneciente a la Escuela 561, que habría contado con el aval del director del establecimiento, Juan Barrios. Esta mañana, vecinos, padres y ex alumnos acudieron al predio para realizar una limpieza y mostrar su descontento con la situación.

El conflicto radica en la falta de título de propiedad de las tres hectáreas donde actualmente está asentada la escuela primaria de la colonia, tierras que habían sido donadas por el vecino Apilio Glier en 1966.

En diálogo con La Voz de Misiones, Carmen Bonetti, ex alumna del establecimiento, explicó: “Don Glier le compró las tierras a Ángel Natalicio Ongay y después donó para que se construyera la escuela, pero nunca se hizo el traspaso de nombre, ni el título de propiedad. Era algo de lo que siempre se habló”.

De acuerdo al testimonio de Carmen, recientemente los hijos de Ongay se presentaron en la escuelita y hablaron con el director Juan Barrios acerca de los terrenos que, ante la falta de titularidad, le pertenecen a su familia.

En dicha reunión, Barrios habría aceptado que se realice la venta del terreno, ya que la escuela no contaba con recursos económicos para realizar los trámites pertinentes.

De concretarse la venta, la escuela se quedaría con el predio donde está construido el edifico y se realizaría el título de propiedad de esa parcela a nombre de la institución, mientras que la familia Ongay se quedaría con el dinero correspondiente al lote 34 A, donde actualmente funciona una cancha de fútbol y una huerta de los alumnos.

“Vino uno de los hijos de Ongay, trajo un agrimensor y vendió sin que nadie supiera, sólo el director. Creo que son casi una hectárea y media que se perdió”, señaló Silvio Martinelli, presidente de la cooperadora de la Escuela 561, en diálogo con LVM.

En esa línea, Silvio apuntó contra la autoridad educativa: “Nuestra escuela existe hace más de 50 años y el director no comunicó a nadie, decidió hablar con los que eran dueños antes”.

Asimismo, el presidente de la cooperadora comentó que la institución solo cuenta con un acta donde quedó asentada la donación de las tres hectáreas por parte del vecino Glier, como único respaldo para demostrar que el terreno le pertenece a la escuela.

“El problema es que no tenemos otro papel, hace más de 50 años que se hizo la donación. Nunca pensamos que los hijos de don Natalio iban a hacer eso, venir a sacar el terreno que es de toda la comunidad”, sostuvo Silvio.

El accionar del director Juan Barrios generó rechazó por parte de la comunidad educativa, vecinos y ex alumnos, quienes argumentaron que la autoridad está frente a la institución hace cinco años y no está al tanto de la historia de la escuelita de la colonia.

“Hicimos una reunión con todos los vecinos y decidimos no entregar el predio, porque el terreno es de la escuela. Hay una cancha, una huerta, y la gurisada se van a quedar sin eso”, sentenció Silvio.

En este contexto, la comunidad exige que se dé marcha atrás con la venta del lote 34 A. Esta mañana, se presentaron en el predio y realizaron una limpieza. También solicitaron la intervención del ministro de Educación, Ramiro Aranda.

Los vecinos limpiaron el predio de la Escuela 561 vendido recientemente.

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Por la mañana del último viernes, Cristian “Tincho” Gamarra (38) murió en el Samic de Eldorado producto de un infarto. Era inspector bromatológico de la Municipalidad de Puerto Esperanza y contaba con una licencia médica por “reacción al estrés grave y trastorno de adaptación”. La familia ahora vincula el fallecimiento con una “persecución laboral” y acusa al intendente Horacio Zarza.

El trabajador municipal había sacado licencia en marzo por recomendación de la médica especialista en Psiquiatría, Marcela Alejandra Ayala. El mes pasado volvió a solicitarla y fue concedida por el Ejecutivo de Esperanza, aunque sin goce de haberes.

Ver el recibo de sueldo del mes de abril con $8.000 depositados fue lo que desató un malestar general en Gamarra el martes pasado, por lo cual terminó internado en el nosocomio de Eldorado, según relató Enzo, hermano del trabajador, en diálogo con La Voz de Misiones.

De licencia y sin sueldo

El inspector Gamarra había ingresado a la municipalidad de Esperanza en el 2015, de la mano del ex intendente Alfredo Gruber, aunque recién fue pasado a planta permanente hace cuatro años.

La salud del trabajador comenzó a deteriorarse con el cambio de gobierno el 10 de diciembre, cuando asumió la intendencia Horacio Zarza e inició un ajuste en la administración pública de la localidad.

“Él estaba con la gestión anterior. Sucedió el cambio de gobierno y comenzaron a cambiarlo de puesto, le notificaron que no iba a cobrar un sueldo entero. Después le largaron de vacaciones y él ya se sentía perseguido, por eso acudió a ayuda médica“, explicó Enzo a LVM.

En esa línea, el hermano del inspector contó que la psiquiatra Ayala, tras diagnosticarlo con estrés y trastorno de adaptación, le recomendó reposo absoluto por 30 días. Al sacar la licencia, el trabajador recibió la totalidad de sus haberes de ese mes.

Para abril, luego de una nueva consulta con la médica especialista, Gamarra volvió a pedir una licencia por 30 días, pero el Ejecutivo municipal le notificó que no percibiría su sueldo.

“Cuando renovó la licencia en abril porque no estaba bien, con la misma psiquiatra, el intendente sacó una resolución que decía que le iba a dar licencia sin goce de haberes, siendo que él estaba en reposo. Entonces hizo una revocatoria y como no le respondieron, pensó que le iban a pagar el sueldo”, continuó contando Enzo.

Sobre el momento en que el estado de salud de Gamarra empeoró, su hermano señaló que fue “cuando vio que no le pagaron, ahí se sintió mal y terminó en el hospital. Él es papá de una beba de 4 años y de un adolescente de 16. Imagínese lo que fue ver que no le depositaron el sueldo”.

La resolución

En ese contexto, por medio de la resolución 247P/24, el Ejecutivo de Puerto Esperanza le comunicó al inspector municipal que contaría con los 30 días de reposo durante el mes de abril, sin goce de haberes, respaldándose en el artículo 2 del Decreto 683/89 de la Ley I 37 (Régimen Jurídico Básico de la Función en la Administración Pública Provincial).

En el documento dirigido al trabajador, la intendencia citó el artículo mencionado, el cual establece que “para el tratamiento de afecciones comunes que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas lesiones e intervenciones quirúrgicas menores, o accidentes acaecidos fuera del servicio, se concederá al agente hasta treinta (30) días corridos de licencia por año calendario en forma continua ó discontinua, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, toda licencia que sea necesaria acordar, en el curso del año, por las causas, enunciadas, serán sin goce de haberes”.

Además, en la resolución, el intendente Zarza le señaló al trabajador que ya había usufructuado los 30 días concedidos por cuestiones médicas, ante lo cual consideró “corresponde que esta nueva solicitud de Licencia sea otorgada nuevamente sin goce de haberes”.

A esa medida, el inspector Gamarra respondió con un pedido de revocación, entendiendo que había acreditado a través de su psiquiatra una afección de salud grave, la cual no se encuadraba en el artículo 2 de la Ley ya mencionada, sino en el 5, por el cual debía ser sometido a junta médica para constatar “su evolución clínica” y, en consecuencia, argumentó que sí le correspondía percibir sus haberes al tratarse la licencia psiquiátrica “de un tipo especial de licencia laboral que otorga la ley al trabajador”.

Sin embargo, el Ejecutivo nunca respondió a su solicitud, según confirmó Enzo Gamarra a LVM, quien además señaló que “eso fue lo que provocó que terminara en el hospital y perdiera la vida”.

Además, Enzo relató que una vez que trascendió la noticia del fallecimiento de su hermano durante el fin de semana, al menos 15 municipales que eran sus compañeros “me contaron que están en la misma situación, son perseguidos por el municipio“.

Por último, el familiar adelantó a este medio que iniciarán acciones legales contra el intendente Zarza y la intendencia por “persecución laboral”.

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