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Yerbateros buscan frenar la pérdida de competitividad con reclamo a Nación

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Los productores yerbateros serán recibidos el próximo martes por la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde llevarán un petitorio en beneficio del sector que está siendo golpeado por las importaciones de yerba canchada y molida provenientes de Brasil y Paraguay, encuentro al que se sumarán los integrantes de la Comisión Provincial del Té (Coproté) con otra serie de reclamos. 

Este miércoles la situación de los productores yerbateros de Misiones y Corrientes llegó a la pantalla nacional al conocerse que el aluvión de yerba proveniente de los países limítrofes ha alcanzado un récord histórico de 3,83 millones de kilos durante los primeros meses del 2024, lo que supera en casi 30% la carga que llegó del exterior en enero-marzo de 2020, cuando se registró el último pico de importaciones, según datos de la base de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Esto es así porque con la apertura de importaciones implementada por el Gobierno de Javier Milei, la yerba canchada importada de estos países (estaciona para luego procesar) se está pagando 1,2 o 1,3 dólares que al valor oficial, con impuesto PAIS de 17,5%, da unos 1.250 pesos el kilo. En cambio, la yerba canchada que se compra en secaderos o industrias misioneras y correntinas se paga 1.800 pesos.

Esta situación terminó desatando una fuerte disputa entre los yerbateros industriales que van por “los mejores precios” provenientes de Brasil y Paraguay, mientras que los pequeños y medianos productores buscan desesperadamente secaderos que reciban sus hojas al “mejor precio”, pero al no encontrarlos, finalmente terminan entregando el producto a precios bajos para no perder la cosecha.

A la fecha exigen a los secaderos que se respete el precio actual, que ronda los 370 pesos el kilo de la hoja verde y se garantice el precio de mercado mínimo con pago al contado, ya que algunos secaderos de la zona centro ofrecen entre 330 y 315 e incluso alertan sobre posibles cierres al no poder sostener los costos de mantenimiento.

Viaje a Buenos Aires

Frente a este panorama, los pequeños y medianos productores viajarán el próximo martes a Buenos Aires para intentar frenar la competencia desleal protagonizada por importadores extranjeros que gozan de los beneficios impositivos y financieros que les atribuyó el Gobierno nacional. 

En diálogo con La Voz de Misiones, Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero de Guaraní, se refirió a las importaciones afirmando que “las tienen que cortar porque no es una competencia leal. Vamos a pedir que se evalúe en qué situación está la producción local y en función de eso analizar si importar o no. Nosotros vamos camino a una sobreproducción por los rendimientos de los yerbales, son todos muy buenos, con una cantidad de kilos importantísima, por lo que no se puede saturar el mercado con yerba importada y estos beneficios impositivos”.

Al reclamo también sumarán la pronta designación del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), por parte de la Secretaría Nacional de Bioeconomía, para poder regularizar su funcionamiento.

En tanto, los productores, cooperativas, privados e integrantes de la Coproté exigirán créditos más accesibles para la industria, con tasas de interés más bajas que permitan acopiar la producción mientras aguardan la apertura de exportaciones. También solicitarán un régimen simplificado de los impuestos, al igual que los yerbateros, y la puesta en marcha del gas natural.  

En busca de soluciones

Para este jueves, los productores yerbateros de diferentes puntos de la provincia analizaron la posibilidad de sumarse al paro general con movilización para visibilizar la problemática, aunque no llegaron a un acuerdo hasta el momento. Otra de las medidas que evalúan es realizar un pedido de reunión con el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori.

“Por ahora los productores yerbateros están tirando ideas, creo que no hay ningún problema con que los reciba el ministro o quien sea, nos van a atender, pero creo que esta situación se le escapa a la provincia porque la problemática yerbatera es una decisión política del Gobierno nacional, más que que hacerse eco de trasladar el reclamo a la Nación, otra cosa no puede hacer la provincia por el tema del INYM y la exportación de yerba que son los dos puntos de carácter urgente a tratar para ver si le encontramos un norte a la actividad”, expresó Klingbeil. 

A diferencia de la zona norte de la provincia, los productores del sur y centro consideran que las inclemencias climáticas, como las sequías y las intensas lluvias, sumada la situación política y económica de los últimos años, son factores que alteraron el desarrollo de la actividad yerbatera, por lo que hoy eligen optimizar sus tiempos apostando a la cosecha. 

Al respecto, detalló que “los grupos que están con ganas de hacer sentir su malestar por lo que está pasando son los de San Pedro, en los demás lugares no tanto porque la gente está apurada para cosechar la yerba. El colono no quiere perder un día de cosecha y con tanta lluvia corre peligro de que la yerba comience a perder mucho su hoja, son kilos de pérdida de cosecha y encima el precio está cada vez más bajo. Entonces la gente quiere cosechar para no perder kilos, no perder tanta plata y que no se le vayan los tareferos que tienen. Es un combo muy difícil para organizar una movida fuerte”.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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Morosidad: Misiones fijará un tope de tasas de interés a partir de septiembre

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Frente a un contexto de alta morosidad que supera el 12% según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas financieras diseñadas para proteger el salario de las familias de los empleados públicos, jubilados, pensionados y retirados del IPS que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento. 

El anuncio fue detallado por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien remarcó que las herramientas se vienen trabajando desde hace más de dos meses para evitar que los agentes queden expuestos como deudores en mora dentro del sistema financiero formal.

La primera medida, implementada en julio, fijó un tope del 39% de los haberes netos para la aplicación de retenciones a través del Código Único de Descuento en los haberes (Cuad). Este límite aplica a los créditos nuevos y se acompaña con un proceso de refinanciación y asistencia económica.

“Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios”, aseguró el titular de la cartera.

Por su parte, el Banco Macro, implementó mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.

Techo a las tasas de interés

A partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento. 

Según indicó el ministro de Hacienda, el objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.

Finalmente, recordó los proyectos de ley afines que están siendo impulsados en la Legislatura provincial. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, concluyó.

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.

Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.

El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.

Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.

Edades

El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.

En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.

Departamentos

Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.

En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.

El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.

Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.

 

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