Provinciales
Yerbateros buscan frenar la pérdida de competitividad con reclamo a Nación
Los productores yerbateros serán recibidos el próximo martes por la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde llevarán un petitorio en beneficio del sector que está siendo golpeado por las importaciones de yerba canchada y molida provenientes de Brasil y Paraguay, encuentro al que se sumarán los integrantes de la Comisión Provincial del Té (Coproté) con otra serie de reclamos.
Este miércoles la situación de los productores yerbateros de Misiones y Corrientes llegó a la pantalla nacional al conocerse que el aluvión de yerba proveniente de los países limítrofes ha alcanzado un récord histórico de 3,83 millones de kilos durante los primeros meses del 2024, lo que supera en casi 30% la carga que llegó del exterior en enero-marzo de 2020, cuando se registró el último pico de importaciones, según datos de la base de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Esto es así porque con la apertura de importaciones implementada por el Gobierno de Javier Milei, la yerba canchada importada de estos países (estaciona para luego procesar) se está pagando 1,2 o 1,3 dólares que al valor oficial, con impuesto PAIS de 17,5%, da unos 1.250 pesos el kilo. En cambio, la yerba canchada que se compra en secaderos o industrias misioneras y correntinas se paga 1.800 pesos.
Esta situación terminó desatando una fuerte disputa entre los yerbateros industriales que van por “los mejores precios” provenientes de Brasil y Paraguay, mientras que los pequeños y medianos productores buscan desesperadamente secaderos que reciban sus hojas al “mejor precio”, pero al no encontrarlos, finalmente terminan entregando el producto a precios bajos para no perder la cosecha.
A la fecha exigen a los secaderos que se respete el precio actual, que ronda los 370 pesos el kilo de la hoja verde y se garantice el precio de mercado mínimo con pago al contado, ya que algunos secaderos de la zona centro ofrecen entre 330 y 315 e incluso alertan sobre posibles cierres al no poder sostener los costos de mantenimiento.
Viaje a Buenos Aires
Frente a este panorama, los pequeños y medianos productores viajarán el próximo martes a Buenos Aires para intentar frenar la competencia desleal protagonizada por importadores extranjeros que gozan de los beneficios impositivos y financieros que les atribuyó el Gobierno nacional.
En diálogo con La Voz de Misiones, Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero de Guaraní, se refirió a las importaciones afirmando que “las tienen que cortar porque no es una competencia leal. Vamos a pedir que se evalúe en qué situación está la producción local y en función de eso analizar si importar o no. Nosotros vamos camino a una sobreproducción por los rendimientos de los yerbales, son todos muy buenos, con una cantidad de kilos importantísima, por lo que no se puede saturar el mercado con yerba importada y estos beneficios impositivos”.
Al reclamo también sumarán la pronta designación del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), por parte de la Secretaría Nacional de Bioeconomía, para poder regularizar su funcionamiento.
En tanto, los productores, cooperativas, privados e integrantes de la Coproté exigirán créditos más accesibles para la industria, con tasas de interés más bajas que permitan acopiar la producción mientras aguardan la apertura de exportaciones. También solicitarán un régimen simplificado de los impuestos, al igual que los yerbateros, y la puesta en marcha del gas natural.
En busca de soluciones
Para este jueves, los productores yerbateros de diferentes puntos de la provincia analizaron la posibilidad de sumarse al paro general con movilización para visibilizar la problemática, aunque no llegaron a un acuerdo hasta el momento. Otra de las medidas que evalúan es realizar un pedido de reunión con el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori.
“Por ahora los productores yerbateros están tirando ideas, creo que no hay ningún problema con que los reciba el ministro o quien sea, nos van a atender, pero creo que esta situación se le escapa a la provincia porque la problemática yerbatera es una decisión política del Gobierno nacional, más que que hacerse eco de trasladar el reclamo a la Nación, otra cosa no puede hacer la provincia por el tema del INYM y la exportación de yerba que son los dos puntos de carácter urgente a tratar para ver si le encontramos un norte a la actividad”, expresó Klingbeil.
A diferencia de la zona norte de la provincia, los productores del sur y centro consideran que las inclemencias climáticas, como las sequías y las intensas lluvias, sumada la situación política y económica de los últimos años, son factores que alteraron el desarrollo de la actividad yerbatera, por lo que hoy eligen optimizar sus tiempos apostando a la cosecha.
Al respecto, detalló que “los grupos que están con ganas de hacer sentir su malestar por lo que está pasando son los de San Pedro, en los demás lugares no tanto porque la gente está apurada para cosechar la yerba. El colono no quiere perder un día de cosecha y con tanta lluvia corre peligro de que la yerba comience a perder mucho su hoja, son kilos de pérdida de cosecha y encima el precio está cada vez más bajo. Entonces la gente quiere cosechar para no perder kilos, no perder tanta plata y que no se le vayan los tareferos que tienen. Es un combo muy difícil para organizar una movida fuerte”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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