La Región
Sacerdote expuso estado de madres de niñas misioneras asesinadas en Paraguay
El sacerdote franciscano de Bahía Blanca, Rodolfo Viano, denunció en sus redes, en un texto que fue levantado, este miércoles, por el diario porteño Página/12, que las madres de María Carmen y Lilian Mariana, las niñas misioneras asesinadas el 2 de setiembre de 2020 por fuerzas militares paraguayas, Laura y Cármen Villalba, están recluidas en ese país en “condiciones inhumanas”.
El cura Viano relata en su escrito la reciente visita que hizo a Laura y su hermana Carmen en la cárcel de Minga Guazú, un penal de máxima seguridad ubicado a 13 kilómetros de Ciudad del Este, donde están recluidas bajo un régimen estricto y aisladas entre ellas.
“Lesa humanidad contra tres mujeres en Paraguay”, tituló el diario porteño el texto del sacerdote de Bahía Blanca, que entrevistó, también, en el penal a Francisca Andino, otra de las presas alojadas en la misma unidad que las hermanas Villalba.
Encapuchadas
“El miércoles 26 de marzo pasado tuve la oportunidad de conversar con tres mujeres de Paraguay encerradas y aisladas, por orden del Ministerio de Justicia del actual gobierno nacional de ese país, dada su presunta pero injustificada peligrosidad, desde mediados de octubre pasado, en la cárcel de varones de Minga Guazú, que alardea de ser un ‘centro de reinserción social’ por el camino –imposible– del punitivismo extremo”, escribe Viano y denuncia: Carmen Villalba, Laura Villalba (su hermana) y Francisca Andino padecen condiciones inhumanas dentro de un régimen especial improvisado para ellas, al que fueron sumando otras diez mujeres excluidas de una vida digna casi desde sus nacimientos, con no pocas irregularidades que aparecen detectadas e informadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del mismo Estado Paraguayo”.
“Cada una de las tres fueron llegando al locutorio esposadas y tabicadas con una capucha negra, que las hace respirar con dificultad por su grosor y hediondez, conducidas por guardiacárceles mujeres, que las llevaron descendiendo por empinadas escaleras desde el piso superior del penal, escaleras por las que podrían caer y golpearse al no poder contar con un mínimo de autonomía visual”, cuenta el cura.
Revela que las presas “solo están libres de capucha cuando están en su reducida celda, jaula casi sin pertenencias personales, donde está su duro lecho de descanso, su letrina maloliente, un grifo de agua salada, y donde intentan llevar una rutina de gimnasia y lectura, cuando no llegan para amedrentarlas con innecesarias e imprevistas requisas”.
Auriculares
Viano cuenta que entrevistó a las presas, “una por una”, a través de un “grueso vidrio” y que conversó con ellas, por espacio de no más de una hora, mediante “auriculares”.
“La primera que llega es Carmen, privada de libertad desde 2003, los últimos años en la cárcel de mujeres del Buen Pastor (en Asunción), donde terminó sus estudios universitarios de sicología, con una institución privada, de modo virtual, que se pudo pagar vendiendo comidas y artesanías desde el penal, trasladada a Minga Guazú sin explicaciones, habiendo cumplido en Asunción su condena más de dos años antes, pero prolongada amañadamente, ella cuidándose de hacer buena letra para salir y colaborar en la búsqueda de su hija Lichita –como hace tiempo le indicó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU al gobierno paraguayo-, desaparecida el 30 de noviembre del 2020, a manos de las impunes Fuerzas de Tarea Conjunta del Estado Paraguayo”, relata el cura.
En otro tramo del escrito, Viano afirma que las guardias del penal “se roban” las encomiendas que él y otros allegados envían regularmente a las presas, y que, incluso, éstas tienen dificultades hasta para conseguir elementos básicos de higiene personal y agua para beber.
“Quienes tratamos de acercarles alguna encomienda con frecuencia quincenal o mensual notamos un ‘agujero negro’ que se traga, digamos sin eufemismos, se roba, lo que está destinado para ellas”, asegura. “Escoba, escurridor y palangana ellas tienen que pedirlos vez por vez, también el agua para beber –imaginemos días de mucho calor y por tanto mucha sed-, primero con paciencia, al cabo de un rato insistiendo, y luego de horas, a los gritos y golpeando los barrotes”, reseña.
Sobre Laura, que trabajó en una clínica privada en Puerto Rico hasta diciembre de 2019, en que cruzó a Paraguay, junto a su hija María Carmen y su sobrina Lilian Mariana, y ya no pudo regresar por las restricciones fronterizas de la pandemia, Viano afirma que la mujer le pidió que le enviara “alguna encomienda con leche, yerba mate, alguna proteína bajo forma de paté o fiambre aunque no sean alimentos saludables”, ya que “sospecha que, aunque rechazan la atención psiquiátrica que les prescribe sicofármacos, algo les estén mezclando en los alimentos y en el agua”.
Persecución
A diferencia de Carmen, Laura está recluida desde 2020. Fue capturada por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del gobierno paraguayo, luego de ser testigo del ataque al campamento donde murieron las niñas, y de donde alcanzó a escapar junto a otra de las hijas de su hermana, Lichita, de 14 años, que había sido herida en una pierna y desapareció ese mismo día, presumiblemente, secuestrada por las fuerzas militares.
La ex enfermera de Puerto Rico fue condenada a 30 años de prisión en diciembre del año pasado, por los delitos de terrorismo, asociación terrorista y violación de la Ley de Armas, y al igual que Carmen estaba acusada de pertenecer al grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Lo cierto es que, al momento del ataque de la FTC al campamento guerrillero en el Departamento de Concepción, en el norte del país, Laura Villalba y las niñas se encontraban visitando a los padres de éstas, que sí son integrantes del grupo armado.
El caso de las niñas asesinadas y de la adolescente Villalba desaparecida, provocó, enseguida la repercusión internacional e involucró al gobierno argentino de entonces, que exigió a su par paraguayo un pronto esclarecimiento de los hechos, que hasta el día de hoy no se ha producido.
Laura y el resto de su familia venían denunciando, por años, al Estado paraguayo por “persecución y hostigamiento”, por lo que se habían mudado al interior misionero, de donde partieron a Paraguay unos meses antes de la pandemia de covid para ya no volver.
El cura párroco Rodolfo Viano.
El intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador saliente, Juan Pablo Valdés, se consagraba en las elecciones provinciales de este domingo, con más de la mitad de los votos, como el nuevo gobernador de Corrientes a partir del 10 de diciembre próximo.
Escrutado casi el 20% de las mesas, la alianza oficialista Vamos Corrientes se alzaba con el 52,5% de los sufragios, contra el 20,16% de Limpiar Corrientes, que llevaba a Martín Ignacio Tincho Ascuá; 16,68% de ECO, del ex gobernador Ricardo Colombi; y el 8,85% de La Libertad Avanza, del diputado nacional Lisandro Almirón.
Cerca de las 23 horas y con el sitio web de la Justicia Electoral Provincial caído, el candidato oficialista agradeció a los correntinos y confirmó el triunfo del frente liderado por su hermano, el gobernador saliente Gustavo Valdés.
“Hoy Corrientes decidió que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”, afirmó y proclamó: “Cerramos esta página y empezamos a trabajar, ¡muchas gracias, Corrientes!”.
Un rato antes, Colombi había reconocido la derrota y asegurado el triunfo del oficialismo en primera vuelta, contrariamente a lo que señalado a los medios casi a la misma hora por Ascua, afirmando haber conseguido el balotaje.
Desde el bunker de Almirón no hubo reacciones hasta el cierre de esta nota.
Más abajo en los votos, se ubicaban Cambia Corrientes, de Sonia Beatriz López, con el 0,88%; el Partido Ahora, de Carlos Ezequiel Teke Romero, con el 0,63%; y el Partido De la Esperanza, de Adriana Leila Vega, con el 0,32%.
La demanda se presentó en el Juzgado Civil y Comercial de Virasoro, Corrientes, en 2023, y se tramita en el Expediente VXP 12876/23, patrocinada por el abogado local Hortensio Marino Samaniego.
El tema no se había filtrado a los medios hasta esta semana, en que fue revelado por el periodista de Radio UP,Diego Fernando Salazar, en un informe que tituló “El hijo no reconocido de la yerba mate”, que subió a su cuenta personal de X.
Si bien, en los facsímiles filtrados del expediente judicial el nombre del demandante aparece tachado, en el documento puede leerse que se trata de un herrero de 39 años, nacido el 2 de agosto de 1986 y radicado en La Plata, provincia de Buenos Aires, que asegura ser hijo de Pablo Navajas Artaza, descendiente directo del fundador del Establecimiento Las Marías, de Virasoro, y ex dueño del diario El Territorio, fallecido en 2002.
La demanda por “filiación extramatrimonial” alcanza a los herederos del empresario yerbatero fallecido: Paul Navajas Mc Neil, Stuart Víctor Navajas Mc Neil, Roberto Navajas Mc Neil, Leslie Navajas Mc Neil y Jean Navajas Mc Neil.
El demandante pide a la justicia correntina que, “luego del reconocimiento de la Filiación reclamada, los accionados indemnicen al actor por el grave DAÑO MORAL, el DAÑO PSICOLÓGICO y las PERDIDAS DE CHANCE sufridas, a tenor de la ausencia de reconocimiento de la paternidad”, según puede leerse en el expediente.
El hermano Toco
Pablo Navajas Artaza es hermano de Adolfo Navajas Artaza, ex Interventor Federal de Corrientes entre 1969 y 1973, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía; intendente de Virasoro y Ministro de Acción Social de la Nación de Reynaldo Bignone, del 22 de septiembre de 1982, hasta la caída del régimen militar el 10 de diciembre de 1983.
El hermano Toco murió en 2022, acosado por denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por privaciones ilegítimas de la libertad contra seis trabajadores de Las Marías, Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena; y la desaparición de otros dos dirigentes sindicales de su yerbatera, Nery Pérez y Marcelo Peralta.
Hijo de Víctor Navajas Centeno y María Silvia Artaza, el empresario de quien el herrero bonaerense asegura ser su hijo, había nacido en la localidad correntina de Santo Tomé y tenía 73 años cuando falleció en 2002.
En su trayectoria como empresario y dirigente del sector, fue fundador de la Cámara Argentina del Té e integró el directorio de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), organismo creado en 1935 y desmantelado durante el menemismo en octubre de 1991, cuya desaparición desembocó en una crisis yerbatera sin precedentes y llevó a la conformación del Inym, extinto en sus funciones por el decreto 70/23 del presidente Javier Milei.
Según reconstruye un obituario publicado por el diario porteño La Nación en los días de su deceso, Pablo Navajas Artaza hizo la escuela primaria en Virasoro, la secundaria en el Colegio Ward de Buenos Aires y se graduó en Ciencias Agrarias en la Universidad de Lousiana, Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con Bárbara McNeil, de cuya unión nacieron los herederos que enfrentan la demanda por filiación en el juzgado local.
Los lujos en la cárcel paraguaya conocida como Emboscada Antigua, ubicada en la ciudad homónima distante unos 32 kilómetros de Asunción, fueron descubiertos el viernes pasado, cuando una comitiva judicial efectuó una revisión de sorpresa.
Según informaron diversos medios periodísticos paraguayos, en el informe judicial se consigna la existencia de lo que denominaron “celdas VIP”, que alojaban, mayormente, a presos por narcotráfico y costaban hasta U$S15.000 mensuales.
Las fotografías son bastante elocuentes en cuanto al equipamiento del que estaban dotados estos alojamientos para reclusos con privilegios: somiers, sofás, mesas, frigobar, aire acondicionado, TV plasma, baño privado con ducha, congeladores con carne, heladeras e inclusive celulares.
El acta judicial de la visita consigna, incluso, que durante el recorrido se halló a un detenido durmiendo en compañía de una mujer, quien señaló que abona Gs.150.000 ($30.000) por pasar la noche.
El viceministro de Política Criminal del gobierno de Santiago Peña, Rubén Maciel, confirmó la existencia de privilegios en la cárcel y apuntó como beneficiarios a reclusos vinculados a casos resonantes, como A Ultranza PY, de febrero de 2022, de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en el país.
Según publica el diario La Nación, de Asunción, cuatro de las celdas tenían lujos tales como jacuzzi, PlayStation y hasta chef privado.
La visita judicial y el descubrimiento de este exclusivo pabellón penitenciario, desembocó en la separación del cargo del director del penal, Humberto Renée López Gómez, y su reemplazo por Víctor Wilfrido Aliente Guillén, quien, según publica el diario ABC Color, viene de ser expulsado de la cárcel de Tacumbú, de la capital paraguaya, por “sospechas de corrupción”.
Asimismo, las autoridades penitenciarias decidieron el traslado de todos los presos por narcotráfico que se encontraban en Emboscada Antigua, al penal regional Martín Mendoza, una cárcel ubicada, prácticamente, en el mismo predio, a 1,5 kilómetros de allí.
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