La Región
Piden juicio para Cooperativa acusada de explotación laboral de misioneros en Corrientes
El fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Paso de Los libres, Aníbal Fabián Martínez, pidió juicio oral y público para ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos ubicados en aquella ciudad correntina. Los mencionados campos pertenecen a la empresa denominada “El Batelito S.A.”, donde cuarenta trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a condiciones infrahumanas. Las acusaciones recaen sobre el presidente de la Cooperativa Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito S.A.”.
Según el dictamen del fiscal Martínez, los cuatro principales imputados son Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, y están acusados de ser coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. En tanto, también están imputadas en grado de partícipes necesarios: Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.”, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.
Los cuatro principales imputados están sindicados como quienes se habrían encargado de captar a gran parte de las víctimas, en su mayoría oriundas del norte de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, las víctimas habrían sido alojadas en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.
Durante el día los misioneros debían realizar tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta diez horas y en condiciones infrahumanas,ya que no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos.
Al momento de su declaración, todas las víctimas declararon que en su mayoría provenían de la provincia de Misiones, motivo por el cual debían quedarse en el lugar durante aproximadamente 45 días. Señalaron que dormían hacinadas en un colectivo viejo y una especie de casilla de metal, sin agua potable, ni luz ni baños, y que no contaban con los elementos necesarios para conservar los alimentos a consumir.
La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones. En su momento, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, además de dictar los procesamientos, ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100 mil y 200 mil pesos.
Fuente: Fiscales.gob.ar
Imagen ilustrativa.
Frontera
Frontera seca: Aduana halló marihuana en un auto y sus ocupantes huyeron
Dos hombres escaparon durante el control de Migraciones en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen y abandonaron su auto cargado con más de 100 kilogramos de marihuana ocultos en doble fondos.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el procedimiento se dio esta mañana, cuando al control fronterizo del lado argentino ingresó un Chevrolet Spin proveniente de la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.
Dentro del vehículo iban dos hombres que ante las primeras consultas evidenciaron severas inconsistencias, dado que respondieron que provenían de Foz de Iguazú y que viajaban hacia Camboriú, ruta completamente diferente al recorrido que estaban realizando.
Esa situación levantó sospechas y el personal de la Dirección General de Aduana decidió ahondar en la requisa.

Los ocupantes del rodado escaparon cuando presentaron los documentos del auto.
En esa instancia, los dos sujetos descendieron del rodado para entregar los documentos del automotor y aprovecharon el momento para huir a las corridas del puesto de frontera en dirección hacia Brasil.
Consecuencia de ello, se activó un operativo conjunto entre fuerzas de ambos países para ubicar a los fugitivos cuya identidad ni nacionalidad llegó a ser determinada.
Mientras tanto, el personal interviniente continuó la inspección del rodado y durante las labores finalmente incautaron 188 paquetes de marihuana que totalizaron 112,571 kilogramos.
Tanto los estupefacientes como el vehículo y las documentaciones del rodado fueron incautados y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.
Frontera
Casi 100.000 personas cruzaron de Posadas a Encarnación en cuatro días
La vecina ciudad paraguaya de Encarnación recibió una masiva afluencia de visitantes en la semana previa a la Navidad, con casi 100.000 personas cruzando la frontera desde Posadas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de ese país.
En detalle, precisaron que entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre, se registraron exactamente 94.000 ingresos al territorio paraguayo a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con la capital misionera.
El pico se dio el sábado 20, con 31.000 personas, fenómeno que se vio impulsado por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros, sumado a los viajantes que cruzaban el viaducto para pasar las fiestas junto a sus familiares.
Blas Arzamendia, responsable de Migraciones en Encarnación, explicó al diario local Última Hora que “el movimiento migratorio hacia nuestro país es importante. Vienen muchos compatriotas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también vienen masivamente los ciudadanos argentinos con fines de compra”.
De acuerdo al relevamiento trazado, la mitad de los ingresantes eran argentinos atraídos por las compras navideñas, mientras que el resto fueron paraguayos residentes en el país regresando para reunirse con sus familias.
El intenso flujo generó largas filas de vehículos que superaron los siete kilómetros y que llegaron hasta Costa Sur, con demoras de varias horas bajo un sol intenso.
Los viajeros reportaron nerviosismo y momentos de tensión, agravados por la caída temporal del sistema de control integrado, lo que ralentizó los trámites migratorios.
Además, se denunció un negocio ilegal en Posadas, donde personas cobraban hasta 30.000 pesos (equivalentes a unos 130.000 guaraníes) para adelantar posiciones en la cola.
La Región
Fiscalía paraguaya pide 30 años de prisión para tres represores stronistas
Esta semana, la Fiscalía de Paraguay solicitó penas de hasta 30 años de cárcel para tres ex comisarios acusados de torturas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989.
Los represores procesados, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, pertenecían al temido Departamento de Investigaciones de la Policía stronista, el mayor centro de torturas paraguayo de la época, equiparable a la Esma en Argentina.
Los ex policías están procesados en la causa que investiga las torturas sufridas por el dirigente campesino de las Ligas Agrarias Cristianas, Domingo Guzmán Rolón Centurión, detenido ilegalmente en Argentina, cuando tenía aproximadamente 20 años, y sometido a apremios entre 1976 y 1978, en la dependencia de los tres policías imputados.
En 1976, durante la “Operación Cóndor” y olas represivas como la “Pascua Dolorosa”, el régimen de Stroessner realizó cientos de detenciones, torturas y desapariciones forzadas, muchas de las cuales se canalizaron a través del departamento policial donde prestaban servicios Torres Romero, Alcaraz y Laspina.

El represor Eusebio Torres Romero tiene hoy casi 90 años. En 1976 se hizo fama de “torturador implacabale”, según sus víctimas.
Implacable
Torres Romero, que ya purga una condena a 30 años por otro caso similar, fue uno de los represores más activos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya durante el stronismo, donde actuaba como un oficial de alto rango con poder directo sobre la vida de los detenidos políticos.
El ex policía, hoy de 89 años, cumple prisión domiciliaria desde el año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en abril de 1976 contra los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, y la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera, tras ser detenidos ilegalmente en el puerto de Asunción al regresar de Argentina.
Durante su juicio, numerosas víctimas lo identificaron directamente como el responsable de aplicar torturas físicas y psicológicas, incluyendo el uso de picanas eléctricas, látigos y sesiones de ahogamiento.
Carlos Ernesto Casco, por ejemplo, lo identificó como el policía que lo golpeó salvajemente con un látigo, mientras se encontraba amarrado y colgando de una viga del edificio.
Torres Romero es recordado por los sobrevivientes como un “torturador implacable” que utilizaba el terror para obtener confesiones en el centro de detención ubicado sobre la calle Presidente Franco, de Asunción, y su condena fue calificada como “un hito histórico” para la justicia paraguaya.
Celestina
Al igual que Torres Romero, Laspina ya tiene una condena firme de siete años de cárcel, ratificada en 2021, por las torturas infligidas al activista de derechos humanos Martín Almada, y también fue condenado en 2019 por el caso de la esposa de este, Celestina Pérez de Almada.
Este último caso está considerado en Paraguay como uno de los episodios más trágicos de la represión psicológica durante la dictadura de Stroessner.
Celestina, maestra y militante, fue víctima de tortura psicológica tras la detención de su esposo en noviembre de 1974, cuando los represores grababan los gritos y lamentos de Almada durante las sesiones de tortura y la obligaban a escucharlos por teléfono.
Luego de diez días de acoso telefónico, los torturadores llamaron a la mujer para decirle, fríamente, que el “educador subversivo” había muerto y que debía pasar a recoger el cadáver.
Fue tal el impacto emocional de la falsa noticia que la mujer sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte instantánea, el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años.

Celestina Pérez de Almada, maestra, militante, esposa de Martín Almada, el descubridor de los archivos del Plan Cóndor en una comisaria paraguaya.
En diciembre de 2019, tres ex jefes policiales de la dictadura, Fortunato Lorenzo Laspina, Eusebio Cybar Benítez y Agustín Belotto Morel, fueron condenados por su responsabilidad en el homicidio y las torturas sufridas por la docente.
Luego de volver del exilio, su esposo Martín Almada dedicó su vida a la persecución judicial de los represores de la dictadura y en 1992 realizó el hallazgo más importante de la historia política paraguaya de aquella época oscura: el descubrimiento de los denominados “Archivos del Terror”, miles de documentos ocultos en una comisaría de la ciudad de Lambaré, limítrofe con Asunción, que probaron formalmente los crímenes del Plan Cóndor.
En honor de su esposa, creó la Fundación Celestina Pérez de Almada, que trabaja en la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos en Paraguay, aún hoy, luego del fallecimiento de Almada el 30 de marzo de 2024 en Asunción, a la edad de 87 años.

El abogado Martín Almada, en el denominado “Archivo del Terror”, miles de documentos de la dictadura que encontró ocultos en una dependencia policial en diciembre de 1992.
Fantasías
Alcaraz es el único del trío de represores stronistas sin ninguna causa previa, y durante el presente juicio admitió haber trabajado en el Departamento de Investigaciones, pero negó haber participado en actos de violencia física, calificando las acusaciones en su contra como “fantasiosas”.
El juicio por las torturas al dirigente campesino Guzmán Centurión enfrentó múltiples postergaciones, hasta esta semana en que el Ministerio Público Fiscal solicitó 25 años de prisión para Alcaraz, y 30 para Torres Romero y Laspina, y representa una de las pocas causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en la Justicia paraguaya, que jamás alcanzó a los jerarcas del régimen, como el mismo Stroessner y su ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro Ciarleti, que huyó a Centroamérica en 1989 y volvió, moribundo, a Asunción en 2011, donde falleció impune.
La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura de Stroessner dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.

El general Alfredo Stroessner gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989. En su régimen, hubo de todo: torturas, muertes, desapariciones, contrabando y hasta pedofilia en serie.
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