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La Región

Lula será llevado a una cárcel común y convivirá con narcos y homicidas

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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018 en una celda policial en la ciudad de Curitiba, será trasladado a una cárcel común, donde hay homicidas famosos, en el interior del estado de Sao Paulo, según determinó hoy la justicia de ejecución penal.

BRASIL. La decisión se enmarca en medio del escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la Operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.

Lula será enviado a la cárcel de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, un presidio común con homicidas famosos en la crónica policial brasileña, lo que levantó el alerta sobre su seguridad y reclamos de sus aliados sobre la legalidad de su detención.

La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del ex juez Moro.

Lula está preso desde el 7 de abril de 2018 por corrupción en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.

Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.

Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella no ha tenido en cuenta.

Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.

Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.

Sin embargo, filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.

Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.

La defensa del líder opositor pidió esperar a que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.

El abogado Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto ex presidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.

La orden de la jueza de Curitiba, por un pedido de la Policía Federal, determina que Lula puede ser enviado a un presidio común, a una celda colectiva que sea determinada por un juez de Sao Paulo.

El habeas corpus para suspender la decisión apunta a la supuesta falta de imparcialidad de Moro cuando era juez y a la anulación de la condena confirmada en tres instancias.

El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.

“Lula ni debería estar preso porque es inocente y fue condenado por una farsa, ya que en la sentencia el propio Moro dijo que no hubo desvíos de Petrobras en el caso”, dice el comunicado del PT.

Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ir al presidio de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de Sao Paulo, conocido por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos.

Le preparó una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores.

Telam

Frontera

Parlasuriana paraguaya sobre reforma migratoria: “Atenta contra la integración”

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migratoria

La senadora paraguaya y parlamentaria del Mercosur, Lilian Samaniego, criticó las nuevas exigencias migratorias establecidas por el gobierno argentino y opinó que “atentan contra la integración regional”.

La parlamentaria paraguaya se refirió a la reforma migratoria del DNU 366/2025 del presidente Javier Milei en la reciente sesión del Parlasur y abogó por su revisión, en virtud de los “lazos históricos comunes” entre ambos países.

Samaniego valoró el protocolo firmado por Paraguay y Argentina para avanzar con el control integrado en los puestos fronterizos, porque “será en beneficio de los ciudadanos de a pie”, y cuestionó la decisión del gobierno argentino de endurecer las condiciones de ingreso al país, agregando requisitos que antes no existían, como el seguro médico obligatorio.

En opinión de la parlamentaria paraguaya, el gobierno de Milei “va de contramano a estas intenciones de agilización, como poner mayores requisitos, como un seguro médico, para las personas que cruzan la frontera”.

“Es importante advertir que poner requisitos demás atenta contra la integración regional, que diría debe ser la consigna”, afirmó Samaniego.

“A lo largo de la historia, Paraguay y Argentina han compartido mucho más que una frontera”, historió la parlamentaria del vecino país y enumeró: “Sangre, trabajo, canciones, palabras, sueños y en muchas ciudades argentinas uno cruza la calle y escucha el guaraní”.

“Con el respeto absoluto a la soberanía de nuestros países, levanto mi voz para que las decisiones políticas no rompan los lazos hermanados que nos ha hecho grandes como región, y que en el momento de reglamentar tengan en cuenta todo lo que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestros vínculos con la Argentina”, señaló y concluyó: “No existen paraguayos que no tengan vínculos con los argentinos”.

 

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Frontera

Paseros cortan el tránsito en el puente internacional Posadas-Encarnación

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Un numeroso grupo de paseros, en su mayoría motociclistas, realizan un corte total del tránsito a mitad del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la ciudad de Encarnación, Paraguay.

Aparentemente, la medida de fuerza comenzó por los controles de la Aduana Argentina y el cobro por parte del personal de “coimas” para el traslado de mercadería.

“Nosotros no somos perritos de ellos, no le debemos un centavo a ningún agente, ni a ningún gendarme, aduanero, ni a ningún jefe. Estamos hartos de que los compañeros todos los días son maltratados por esa gente porque tiene su chaleco azul”, reclama una pasera oriunda de Paraguay a efectivos del vecino país en medio del cruce internacional.

En esa línea, la mujer sostiene que “todos, tanto argentinos como paraguayos, trabajamos en el paso y vivimos del paso, no le robamos a nadie un centavo y por qué ellos tienen que poner límites de compra”.

La pasera argumenta que todos los trabajadores tienen sus vehículos con los papeles “en regla” y  pregunta “cuál es el problema con ellos -en referencia a los trabajadores de la Aduana Argentina-. No se puede llevar una colcha porque sos paraguayo, pata sucia, raja de acá no te quiero ver”.

Por último, la mujer denuncia que “no se puede llevar nada porque ellos no quieren. Si llevas una colcha, un termo, un par de zapatillas tenés que pagar 200 mil pesos porque a ellos se le da la gana, dónde hay un estatuto que diga que porque llevaste una colcha, un termo y dos zapatillas se tiene que pagar 200 mil pesos, eso quiero que me expliquen”.

La medida de fuerza de los paseros, tanto argentinos como paraguayos, inició alrededor de las 8.30 por tiempo indeterminado.

 

FOTO Y VIDEO: Fabián Sánchez

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Frontera

Incautan seis olivos de contrabando que iban de Misiones a San Pablo

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Un camión con seis árboles de olivos contrabandeados desde Misiones fue interceptado e incautado mientras circulaba por la BR-163, en el acceso a Santo Antonio Do Sudoeste, ciudad brasileña ubicada en la frontera con San Antonio.

El procedimiento se dio anoche, alrededor de las 20, durante un operativo conjunto que inició tras una información obtenida por el área de inteligencia de la 3a Compañía de la 21a BPM que apuntaba sobre el paso de un camión por camino rural que habitualmente suele ser utilizado para el tráfico ilegal.

Con ese dato, los uniformados salieron de recorrida por la ciudad hasta que finalmente ubicaron el vehículo que en su caja transportaba seis árboles de olivos originarios de Argentina pero que en Brasil tienen un valor de entre 40.000 y 100.000 reales cada uno.

Los ejemplares eran transportados sin ningún tipo de documentación de respaldo y el conductor de la camioneta afirmó desconocer el origen de los árboles, aduciendo que solamente se hizo cargo del traslado a pedido de terceros. El destino final eran San Pablo.

Según informó el portal Radio da Fronteira, los árboles fueron incautados y trasladados hacia la Receita Federal en Santo Antonio do Sudoeste, donde quedarán a disposición de la Justicia. El conductor del vehículo, en tanto, fue llevado a declarar ante las autoridades.

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