Desde el gobierno sostuvieron que se encuentran en “en una situación sanitaria buena”. Aclaran que en la provincia las reuniones permitas son de hasta diez personas.

Desde el gobierno de Corrientes manifestaron que la provincia no acatará el decreto presidencial que prohíbe las reuniones sociales en todo el país.

“Nosotros estamos bien, en una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria, así que no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Vignolo, a radio Sudamericana.

Según el funcionario, la interpretación del decreto que ayer firmó Alberto Fernández permite a la provincia mantener su actual estatus, sin cambio alguno.

“La misma norma nacional deja a salvo algunas excepciones, entre las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales”, dijo Vignolo.

“Sin embargo, debemos aclarar algunas cosas: nunca estuvieron permitidas las fiestas. Sólo reuniones familiares, con amigos y hasta un máximo de diez personas. No nos podemos relajar. Hay que controlarnos”, pidió.

Según la norma provincial, las reuniones sociales o familiares están permitidas desde el jueves y hasta el domingo, sólo hasta la 1.

Se recordará que, en el caso de Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad decidió plegarse a la medida presidencial y suspender hasta el 16 de agosto las reuniones sociales.

Paraguay registró 116 infectados y detectó un foco en un frigorífico, esta vez en San Lorenzo, a 12 km de Asunción. Aseguran un rebrote del virus.

Unos 60 trabajadores del frigorífico Ochsi estaban aislados en cuarentena luego de que se detectaran 19 contagios de coronavirus en su planta de embutidos en San Lorenzo.

Esa planta fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el objeto de “armar el árbol de contacto, dimensionar el brote y ver las áreas afectadas, como también tratar de identificar qué generó la dispersión” del virus, informó el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

Paraguay contabilizaba 4.444 casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia (116 en las últimas 24 horas), de los cuales 41 personas murieron (una este domingo) y 2.794 ya se curaron (115 nuevas), informó esta noche el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Profesionales de la salud en Brasil presentaron otra denuncia en el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en Países Bajos, contra el presidente Jair Bolsonaro por la postura negligente que mantiene en la lucha contra el coronavirus en el país vecino.

El presidente de Brasil fue acusado de crímenes contra la humanidad y genocidio en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya por su gestión de la crisis del coronavirus, en una iniciativa encabezada por una coalición que representa a más de un millón de trabajadores brasileños de la salud apoyada por entidades internacionales.

La Red Sindical Brasileña UNISaúde acusa a Bolsonaro de “fallas graves y mortales” en la conducción de la respuesta a la pandemia del Covid-19, reportaron medios brasileños.

“Según la coalición, hay indicios de que Bolsonaro cometió un crimen de lesa humanidad durante su gobierno ante la pandemia, al adoptar medidas negligentes e irresponsables, que contribuyeron a las más de 80.000 muertes en el país”, destacó UNISaúde.

El mandatario ya fue objeto de denuncia en el mismo tribunal con respecto al riesgo de genocidio de la comunidad indígena. Pero esta vez es la primera acción de la iniciativa de los médicos en la Corte Internacional y ya se están tomando en consideración los vetos a las leyes, las medidas de ayuda y su responsabilidad de proteger tanto a la población como a los profesionales de la salud.

Los sindicatos de profesionales de la salud consideran que hay “malicia” e “intención en la postura del presidente, cuando adopta medidas que perjudican los derechos humanos y desprotegen a la población, poniéndola en peligro a gran escala, especialmente a los grupos étnicos vulnerables”.

Durante la pandemia, Bolsonaro echó a dos ministros de Salud porque no obedecían sus lineamientos respecto al coronavirus, que incluían aprobar un protocolo para el uso de la cloroquina en pacientes graves -algo que terminó consintiendo el actual ministro de Salud-, su menosprecio al uso del barbijo y a mantener distanciamiento social, entre otras cosas.

También en julio, fue denunciado por la Asociación de Prensa de Brasil ante el Supremo Tribunal Federal brasileño por poner en riesgo la salud de periodistas: cuando el presidente confirmó que se infectó de coronavirus, dio una conferencia de prensa durante la cual se sacó el barbijo, a escasa distancia de los periodistas.

El cronista/G1 /LVM