La Región
Empresario detrás del SEM de Posadas cuestionado por irregularidades en Asunción
Las fallas en la implementación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la capital paraguaya de Asunción posaron la atención sobre presuntas irregularidades en la adjudicación a la empresa PARXin, un consorcio integrado por Carlos Alfonso Baigorria, quien desarrolló el mismo servicio para la ciudad de Posadas.
La aplicación salió a la calle el pasado 2 de enero, pero a una semana del estreno, las deficiencias en el software obligaron al intendente colorado Oscar Andrés “Nenecho” Rodríguez Quiñonez a suspender su funcionamiento y solicitar mejoras a la prestataria.
El consorcio está formado por Onix Parque SA, de Alfonso Baigorria, y Geolatina SA, del también argentino Francisco Maioli Díaz, y fue el propio representante, el ex viceministro de Transporte de Paraguay, Pedro Britos, quien los señaló como los dueños de la unión empresarial, apuntada sucesivamente por no cumplir con los requisitos de la licitación original.
Diez años de preguntas
La apurada implementación decidida por la intendencia para principios de 2024 se fundamentó en evitar conflictos judiciales, debido a que “no hay elementos” para terminar el contrato, según sostuvo el propio alcalde Nenecho Rodríguez.
La accidentada incorporación del sistema se dio desde el mismo llamado a licitación, que se realizó durante el gobierno de Arnaldo Samaniego y finalmente fue adjudicada en 2015, ya en la gestión de Omar Pico.
En aquel momento, el representante de Sutec SA, Enrique De Beitía, que también participó del proceso de ofertas, denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) que la firma de los argentinos no tenía una experiencia demostrable superior a los tres años, como lo establecía el pliego.
Si bien PARXin está integrada por Onix, de Baigorria, y Geolatina, de Maioli, la documentación que acredita la experiencia solicitada corresponde a contratos firmados por la empresa israelí Easy Park/Parx Ltd, añadía la denuncia.
No obstante, la investigación de la CGR sobre las irregularidades no avanzó y el proceso de adjudicación siguió, hasta que, en mayo de 2016, fue aprobado por la Junta Municipal y luego ratificado por el entonces intendente Mario Ferreiro.
Como resultado, mientras que su predecesor firmó la adjudicación a un consorcio integrado por Onix, Geolatina y Parx, la aprobación fue para el grupo formado solo por las dos primeras, sin mencionar a los israelíes, que al final terminaron por retirarse del negocio, según pudo saber La Voz de Misiones por fuentes del vecino país.
Un año después, en 2017, cuando el SEM comenzaba a implementarse en Posadas, la Contraloría paraguaya recomendó a la Municipalidad rescindir el contrato, aunque no por las mencionadas irregularidades, sino porque PARXin había presentado a destiempo la póliza de seguros.
La comuna asuncena inició la rescisión, pero perdió el laudo arbitral en todas las instancias, hasta que el año pasado se informó a Nenecho Rodríguez que debía implementar el sistema o pagar una millonaria multa, consignó el diario ABC Color.
Finalmente, a principios de 2023 se realizó una adenda para la puesta en marcha del SEM en Asunción, pero apareció documentación que respaldaría los cambios en la composición del consorcio y se disparó una nueva investigación.
En este caso, la Contraloría Interna señaló que, durante la licitación, la líder del consorcio Onix no pudo demostrar experiencia. Tras la confirmación, el jefe comunal asunceno entregó a la CGR los hallazgos y sostuvo que aguardaría recomendaciones.
Mientras tanto, el concejal Álvaro Grau le solicitó a Rodríguez la inmediata rescisión del contrato debido a las falencias registradas: “Hay demasiadas razones que demuestran que esta seudo empresa no tiene la capacidad y experiencia; mintieron desde el día uno. Son unos estafadores”, apuntó en redes sociales.
El otro socio, Francisco Maioli, estuvo vinculado a numerosas empresas, principalmente dedicadas a la obra pública, y es relacionado fuertemente al cartismo. Aunque siempre se negaron las conexiones entre PRAXin y el poder, el hijo del dueño de Geolatina fue nombrado recientemente como asesor del presidente Santiago Peña, delfín del ex mandatario Horacio Cartes.
Francisco Maioli, el otro socio de PRAXin.
Baigorria y sus Decisiones Empresariales
Carlos Alfonso Baigorria es un empresario de 56 años que divide su domicilio entre San Juan del Paraná, en Paraguay, donde habita el lujoso barrio privado Aguavista, y Posadas, en Misiones.
En la tierra colorada es bien conocido por su afición al golf y por su trabajo como encuestador, el cual desarrolla a través de Decisiones Empresariales SRL, creada en 2009. En ese rubro, trabajó junto al conocido empresario y analista de datos paraguayo Francisco Capli, con cuya hermana estuvo casado.
Además, Baigorria es director titular y presidente de Bitsion Innovaciones Tecnológicas SA, compañía dedicada al desarrollo de software localizada en Córdoba, y es accionista de Hormigonera Itapúa SA. Asimismo, fundó en 2016 la constructora CMA SRL, junto al ingeniero civil platense Pablo Miche.
Decisiones Empresariales brinda servicios de consultoría, asesoramiento, desarrollo e implementación de sistemas y tiene sus principales clientes en el sector público, sobre todo de Misiones, pero también de Corrientes.
A través de esa misma compañía, Baigorria se quedó con la prestación del SEM en la ciudad de Posadas, en noviembre de 2017, luego de que su empresa firmara un acuerdo de transferencia de conocimiento con la Universidad Nacional de La Plata, con el cual se presentó a numerosas licitaciones públicas a lo largo y ancho del país.
En marzo de 2018, La Voz de Misiones reflejó el pedido de información de la bancada del PRO del Concejo Deliberante para que se evaluaran deficiencias similares a las denunciadas en las últimas semanas en Asunción. El interés de los ediles posadeños estaba centrado en los pormenores de la contratación de Decisiones Empresariales, que se quedaba con el 25% de la recaudación.
Pero ese no fue el único aporte de la empresa del también ex presidente del Parque Industrial de Posadas, ya que supo trabajar con instituciones como el Iplyc, Yacyretá, IPS y el Parque de la Salud, para el que se desarrolló la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
Entre las soluciones informáticas acercadas por la empresa desarrolladora del SEM al gobierno provincial, se cuenta también el Sistema Integrado de Administración de Personal (Siap), ratificado con un contrato de contratación directa por 14 millones de pesos en marzo de 2022.
Esta semana, la Fiscalía de Paraguay solicitó penas de hasta 30 años de cárcel para tres ex comisarios acusados de torturas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989.
Los represores procesados, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, pertenecían al temido Departamento de Investigaciones de la Policía stronista, el mayor centro de torturas paraguayo de la época, equiparable a la Esma en Argentina.
Los ex policías están procesados en la causa que investiga las torturas sufridas por el dirigente campesino de las Ligas Agrarias Cristianas, Domingo Guzmán Rolón Centurión, detenido ilegalmente en Argentina, cuando tenía aproximadamente 20 años, y sometido a apremios entre 1976 y 1978, en la dependencia de los tres policías imputados.
En 1976, durante la “Operación Cóndor” y olas represivas como la “Pascua Dolorosa”, el régimen de Stroessner realizó cientos de detenciones, torturas y desapariciones forzadas, muchas de las cuales se canalizaron a través del departamento policial donde prestaban servicios Torres Romero, Alcaraz y Laspina.
El represor Eusebio Torres Romero tiene hoy casi 90 años. En 1976 se hizo fama de “torturador implacabale”, según sus víctimas.
Implacable
Torres Romero, que ya purga una condena a 30 años por otro caso similar, fue uno de los represores más activos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya durante el stronismo, donde actuaba como un oficial de alto rango con poder directo sobre la vida de los detenidos políticos.
El ex policía, hoy de 89 años, cumple prisión domiciliaria desde el año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en abril de 1976 contra los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, y la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera, tras ser detenidos ilegalmente en el puerto de Asunción al regresar de Argentina.
Durante su juicio, numerosas víctimas lo identificaron directamente como el responsable de aplicar torturas físicas y psicológicas, incluyendo el uso de picanas eléctricas, látigos y sesiones de ahogamiento.
Carlos Ernesto Casco, por ejemplo, lo identificó como el policía que lo golpeó salvajemente con un látigo, mientras se encontraba amarrado y colgando de una viga del edificio.
Torres Romero es recordado por los sobrevivientes como un “torturador implacable” que utilizaba el terror para obtener confesiones en el centro de detención ubicado sobre la calle Presidente Franco, de Asunción, y su condena fue calificada como “un hito histórico” para la justicia paraguaya.
Celestina
Al igual que Torres Romero, Laspina ya tiene una condena firme de siete años de cárcel, ratificada en 2021, por las torturas infligidas al activista de derechos humanos Martín Almada, y también fue condenado en 2019 por el caso de la esposa de este, Celestina Pérez de Almada.
Este último caso está considerado en Paraguay como uno de los episodios más trágicos de la represión psicológica durante la dictadura de Stroessner.
Celestina, maestra y militante, fue víctima de tortura psicológica tras la detención de su esposo en noviembre de 1974, cuando los represores grababan los gritos y lamentos de Almada durante las sesiones de tortura y la obligaban a escucharlos por teléfono.
Luego de diez días de acoso telefónico, los torturadores llamaron a la mujer para decirle, fríamente, que el “educador subversivo” había muerto y que debía pasar a recoger el cadáver.
Fue tal el impacto emocional de la falsa noticia que la mujer sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte instantánea, el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años.
Celestina Pérez de Almada, maestra, militante, esposa de Martín Almada, el descubridor de los archivos del Plan Cóndor en una comisaria paraguaya.
En diciembre de 2019, tres ex jefes policiales de la dictadura, Fortunato Lorenzo Laspina, Eusebio Cybar Benítez y Agustín Belotto Morel, fueron condenados por su responsabilidad en el homicidio y las torturas sufridas por la docente.
Luego de volver del exilio, su esposo Martín Almada dedicó su vida a la persecución judicial de los represores de la dictadura y en 1992 realizó el hallazgo más importante de la historia política paraguaya de aquella época oscura: el descubrimiento de los denominados “Archivos del Terror”, miles de documentos ocultos en una comisaría de la ciudad de Lambaré, limítrofe con Asunción, que probaron formalmente los crímenes del Plan Cóndor.
En honor de su esposa, creó la Fundación Celestina Pérez de Almada, que trabaja en la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos en Paraguay, aún hoy, luego del fallecimiento de Almada el 30 de marzo de 2024 en Asunción, a la edad de 87 años.
El abogado Martín Almada, en el denominado “Archivo del Terror”, miles de documentos de la dictadura que encontró ocultos en una dependencia policial en diciembre de 1992.
Fantasías
Alcaraz es el único del trío de represores stronistas sin ninguna causa previa, y durante el presente juicio admitió haber trabajado en el Departamento de Investigaciones, pero negó haber participado en actos de violencia física, calificando las acusaciones en su contra como “fantasiosas”.
El juicio por las torturas al dirigente campesino Guzmán Centurión enfrentó múltiples postergaciones, hasta esta semana en que el Ministerio Público Fiscal solicitó 25 años de prisión para Alcaraz, y 30 para Torres Romero y Laspina, y representa una de las pocas causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en la Justicia paraguaya, que jamás alcanzó a los jerarcas del régimen, como el mismo Stroessner y su ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro Ciarleti, que huyó a Centroamérica en 1989 y volvió, moribundo, a Asunción en 2011, donde falleció impune.
La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura de Stroessner dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.
El general Alfredo Stroessner gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989. En su régimen, hubo de todo: torturas, muertes, desapariciones, contrabando y hasta pedofilia en serie.
El paso internacional que conecta Ituzaingó (Corrientes-Argentina) con Ayolas (Misiones-Paraguay) permanecerá abierto durante las fiestas de fin de año, según informaron desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Los puestos migratorios instalados en las cabeceras de la represa sobre el río Paraná funcionarán los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 de 9 a 19 horas.
De acuerdo al comunicado, “la medida busca facilitar el tránsito de ciudadanos y visitantes en estas jornadas especiales, promoviendo la integración y el intercambio entre ambas comunidades fronterizas”.
El cruce sobre la represa Yacyretá es un punto estratégico para la movilidad regional, sumando una alternativa más y favoreciendo a descomprimir el tránsito sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación.
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De cara a las vacaciones de verano, cuando miles de turistas argentinos emigran hacia las playas brasileñas, el Paso Rosales, que une San Pedro (Misiones) con Paraíso (Santa Catarina), habilitará sus controles migratorios a través de la Policía Federal de Brasil el próximo 2 de enero.
Así lo confirmó a La Voz de Misiones una fuente de la Dirección Nacional de Migraciones en contacto con las autoridades brasileñas que ratificaron la presencia de su personal en el puesto limítrofe durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 15 de marzo.
En este sentido, recordaron que el paso permanece activo del lado argentino durante todo el año, a diferencia de Brasil que retira su personal del puesto de control. “Argentina nunca deja de controlar todo el tránsito vecinal fronterizo que transita, por eso tenemos control de fronteras los 365 días del año, a diferencia de Brasil”, enfatizó.
Además, recordó que el trámite migratorio lo realizan solamente quienes superan los 50 kilómetros desde la frontera y que Misiones es la provincia con la mayor cantidad de pasos fronterizos habilitados. Actualmente la provincia cuenta con 37 pasos operativos, 29 de los cuales son fluviales con sus respectivos horarios de cruce por balsa.
Al dimensionar la magnitud del tránsito fronterizo, detalló: “Para que te puedas dar una idea, los medios de Buenos Aires suelen decir que Ezeiza es la puerta a la Argentina. Ezeiza tiene un tránsito promedio de entre 9 y 10 millones por año, mientras que Posadas tiene un promedio de 10 a 11 millones de tránsitos anualmente, Iguazú de 11 a 12 millones y dentro de los 10 pasos fronterizos más transitados del país 4 son misioneros”.
El Paso Rosales se consolidó como una opción ágil y directa para el tránsito de turistas y comerciantes. Mientras que su ubicación lo convierte en una alternativa estratégica para conectar Misiones con el sur brasileño al ubicarse a 303 kilómetros de Posadas y a 237 de Puerto Iguazú.
Requisitos para cruzar a Brasil
-Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado y vigente.
-Menores de edad: partida de nacimiento o autorización de viaje.
-Vehículos: cédula verde física y licencia de conducir al día.
-Respetar la capacidad de pasajeros y uso obligatorio del cinturón de seguridad.
-Realizar los trámites migratorios de entrada y salida en ambos países.
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