La Región
Confirman que preso correntino murió de un balazo disparado por las fuerzas
Si bien en un principio el Ministerio de Seguridad provincial informó que se trató de un enfrentamiento entre presos, la autopsia determinó que el proyectil salió del arma de un integrante de la fuerza
CORRIENTES. El preso que murió ayer durante un motín en la Unidad Penal I de la ciudad de Corrientes, en el que además resultaron heridas otras 14 personas, recibió un balazo disparado por un integrante de las fuerzas de seguridad provinciales, confirmó hoy el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni.
Si bien en un principio el funcionario había asegurado a los medios que la muerte del preso había sido producto de una pelea entre internos del penal, tras conocer el resultado de la autopsia López Desimoni se retractó y afirmó que la bala que había matado al preso había salido de un arma de las fuerzas de seguridad y que “la información es contundente”.
El preso fallecido fue identificado por los investigadores como José Candía (22), quien estaba cumpliendo una condena de seis años de prisión por el delito de “robo agravado”.
Apenas conocida la muerte del interno, las organizaciones de derechos humanos aseguraron que el hecho no se había tratado “de un motín ni de un enfrentamiento entre internos” y que el deceso fue una consecuencia de “la represión estatal”.
El fiscal a cargo del hecho, Gustavo Robineau, solicitó una serie de peritajes respecto al caso para intentar individualizar al efectivo que realizó el disparo, entre ellos un peritaje balístico en todas las armas secuestradas.
Esta mañana, antes de conocer el resultado de la autopsia, López Desimoni había declarado que el informe preliminar sobre los disturbios que culminaron con un muerto y 14 de heridos “sostiene que fue una reyerta entre internos”.
Sin embargo, horas después tuvo que salir en distintos medios de comunicación a retractarse y dijo que en las declaraciones que realizó por la mañana aclaró que se trataba de “informes preliminares”.
“Se descarta que la muerte haya sido por una reyerta entre internos, es una ampliación del informe preliminar, hay una información nueva muy contundente”, dijo sobre la pericia legal, tras lo cual aseguró que se van a determinar “las responsabilidades administrativas” en torno al caso y que se va a “investigar hasta la últimas consecuencias, por qué razón y cómo se produjeron esos disparos”.
En tanto, el presidente del Comité contra la Tortura, Ramón Leguizamón, había adelantado en declaraciones a Télam antes de los resultados de la autopsia que el fallecimiento del recluso fue “producto de la represión”.
Luego de conocerse la versión oficial sobre el enfrentamiento entre internos, las organizaciones de derechos humanos expresaron hoy sus cuestionamientos y en un documento público exigieron “una investigación objetiva y a fondo”.
El hecho ocurrió la tarde de ayer en la Unidad Penal I de Corrientes, cuando se registró una serie de incidentes que culminaron con el fallecimiento de un interno y 14 heridos, entre ellos dos integrantes del Servicio Penitenciario.
En ese contexto, el preso Candía, quien estaba cumpliendo una condena de seis años por robo agravado, murió al recibir un balazo.
“Mi hijo estaba hace tres años detenido por el robo de un celular a una vecina”, relató a Radio Dos Erica Maura, la madre del joven de 22 años, quien agregó que su hijo tenía problemas de adicción y había sido internado por eso.
La mujer explicó que su hijo no había tenido “problemas en la cárcel” y que “estaba haciendo la escuela y trabajando”.
Por otra parte, la mujer afirmó que hay un video donde se ve cómo su hijo se estaba enfrentando con la policía y también descartó un enfrentamiento con otros presos.
“Mi hijo estaba pagando por lo que hizo”, se lamentó Maura y pidió justicia.
A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral y público que buscará determinar qué ocurrió con el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio.
El proceso judicial, considerado uno de los más trascendentes de los últimos años en Argentina, tiene en el banquillo a 17 imputados y prevé la declaración de 161 testigos a lo largo de audiencias que podrían extenderse hasta diciembre.
La primera jornada se inició en instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), tres días después de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del niño correntino, cuyo paradero continúa siendo un misterio.
Los números del juicio
El debate estará atravesado por cifras que reflejan la dimensión alcanzada por la investigación.
En total son 17 los acusados. Siete de ellos llegan al juicio señalados como presuntos responsables de la sustracción y ocultamiento de Loan, mientras que los diez restantes están imputados por supuestas maniobras destinadas a entorpecer y desviar la investigación posterior.
Entre los principales acusados figuran la tía del menor, Laudelina Peña; su pareja, Antonio Benítez; Daniel Ramírez y Mónica Millapi, quienes participaron de la excursión al naranjal donde Loan fue visto por última vez; el ex comisario Walter Maciel; y el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, considerados por la acusación como piezas centrales en la presunta sustracción del niño.
La causa también incluye a diez integrantes y allegados vinculados a una fundación que, según la investigación federal, habrían desplegado distintas acciones para generar pistas falsas, influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la pesquisa.
La hipótesis
El eje de la acusación es contundente: Loan no se perdió.
De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la instrucción, el niño habría sido sustraído de manera planificada y retirado del lugar en un vehículo, en un operativo que habría contado con la participación coordinada de varios de los imputados.
La teoría fiscal sostiene que la desaparición no fue producto de un accidente ni de un extravío en la zona rural donde se desarrolló el almuerzo familiar, sino el resultado de una maniobra previamente organizada. Incluso, resoluciones judiciales anteriores señalaron que el supuesto acuerdo habría consistido en sustraer a un menor, siendo Loan la víctima elegida ese día.
La desaparición de Loan se convirtió en uno de los casos policiales más resonantes de la última década. La investigación atravesó múltiples hipótesis, desde la búsqueda en montes y esteros hasta sospechas de trata de personas, pasando por denuncias de encubrimiento, pruebas presuntamente plantadas y versiones contradictorias aportadas por algunos de los acusados.
Ahora, con el inicio del juicio oral, el Tribunal Oral Federal de Corrientes enfrenta el desafío de reconstruir qué ocurrió aquella tarde de junio de 2024 y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados en una causa que mantiene una pregunta sin respuesta: dónde está Loan.
Un mes sin Loan: de la desaparición, a la trata y a un oscuro misterio
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará su nuevo libro en la ciudad de Corrientes, este miércoles 3 de junio a las 17. El encuentro abierto al público se realizará en la sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado sobre la avenida Libertad al 5460.
El evento tendrá lugar en el auditorio de la unidad académica, fue anunciado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde compartió el flyer oficial de la convocatoria junto al mensaje: “¡Las y los espero!”.
La presentación cuenta con el auspicio de Siglo Veintiuno Editores. Sobre la publicación, Kicillof señaló que se trata de un aporte para reflexionar sobre la economía y los desafíos que enfrenta actualmente la Argentina.
Según la sinopsis de la obra, el libro se propone como una referencia para estudiantes, docentes y lectores interesados en la economía. A través de un lenguaje accesible, explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico y plantea cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis, aportando nuevas herramientas para comprender la realidad económica contemporánea.
Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro “De Smith a Keynes”, un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país.
¡Las y los espero! pic.twitter.com/1m20AoTiQm
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2026
Dos familias argentinas con niños pequeños fueron rescatadas en Brasil tras permanecer en condiciones de explotación laboral extrema en una chacra hortícola ubicada en el estado de Paraná, a unos 90 kilómetros de la frontera con Puerto Iguazú.
El operativo fue realizado por la Policía Federal brasileña junto a organismos laborales y derivó en la detención de una pareja acusada de reducir a trabajadores a una situación análoga a la esclavitud.
El procedimiento se llevó adelante en una propiedad rural de la localidad de Céu Azul, en el oeste de Paraná, durante la denominada “Operación de Lunes a Lunes”, encabezada por la Policía Federal de Brasil y auditores del Ministerio de Trabajo.
Allí encontraron a tres familias extranjeras, dos argentinas y una paraguaya, viviendo en condiciones degradantes junto a cinco menores de edad, según consignó el portal brasileño Jornal de Fronteira.
Según la investigación, las víctimas habían llegado a Brasil atraídas por promesas de empleo, pero terminaron sometidas a extensas jornadas laborales sin descanso semanal, en un predio con escasa higiene, poca alimentación y vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad.
Las autoridades brasileñas indicaron que los trabajadores no cobraban salario ni tenían ningún tipo de registración laboral. Además, denunciaron que los empleadores retenían la totalidad de los ingresos bajo el argumento de cubrir gastos de alimentos y provisiones, vendidos a precios inflados, una práctica conocida como “servidumbre por deuda”.
En total fueron rescatadas once personas, entre ellas seis adultos y cinco niños de entre 6 y 8 años. Una de las familias argentinas decidió regresar al país con apoyo del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mientras que la otra, integrada por ocho personas, optó por permanecer en Foz de Iguazú y fue alojada en un refugio.
El delegado de la Policía Federal, Emerson Rodrigues, explicó a Jornal da Fronteira que la producción de la chacra abastecía a distintas ciudades de la región y confirmó que antes de la llegada de los agentes una de las familias había logrado escapar del lugar.
La pareja propietaria del establecimiento fue detenida en flagrancia y trasladada a la delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta una posible conexión con redes de trata de personas.
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