Judiciales
Perpetua para una pareja acusada de asesinar al ex concubino de la mujer
Raquel Aurora Ramírez (42) y su última pareja, Ernesto Roberto Frank (70), fueron condenados hoy a la pena de prisión perpetua por el homicidio del ex concubino de la mujer, Hugo Do Nacimiento (42), quien en septiembre de 2019 fue intoxicado y arrojado al arroyo Yabebiry.
La sentencia fue impartida hoy al mediodía por el Tribunal Penal Uno de Oberá, donde se desarrolló el debate oral y público para esclarecer el hecho registrado entre el 16 y el 17 de septiembre de 2019.
Según lo que se pudo reconstruir, ese 16 de septiembre Do Nacimiento fue a trabajar a un aserradero de Panambí y por ese lugar lo pasó a buscar Frank, que luego lo llevó hasta su casa en la localidad de Los Helechos, sobre la ruta provincial 5.
En ese lugar, en complicidad con Ramírez -ex pareja de Do Nacimiento y con quien tuvo cinco hijos en común- intoxicaron a la víctima mediante una sustancia agregada al mate y luego trasladaron al hombre inconsciente hasta el arroyo Yabebiry, donde arrojaron su cuerpo.
La autopsia estableció que la víctima falleció como consecuencia de una asfixia por sumersión, lo que marca que estaba vivo cuando lo arrojaron al cauce. El cuerpo no presentaba signos violencia.
Al principio no hubo ningún tipo de sospechas contra Ramírez y Frank, pero posteriormente una hija de ella declaró que su madre le había confesado el crimen.
Hoy, previo a la ronda de alegatos y al dictado de la sentencia, Ramírez declaró por primera vez, instancia en la que admitió el hecho, aunque argumentó que tanto ella como sus hijas sufrían violencia de parte de Do Nacimiento.
“Lo matamos los dos juntos, pero hubo muchas razones”, comenzó Ramírez y luego agregó que “la principal fue la violencia, las amenazas y los tantos abusos que me hizo a mí y a mis hijas”, según consignó el diario El Territorio.
Posteriormente, la imputada declaró que “tenía mucho miedo de él (Do Nacimento) me decía que mataba gente, que estudiaba la magia negra y me tenía muy turbada con lo que hacía, con la violencia que ejercía sobre mí. Lo maté por toda la violencia que sufrí, porque cuando lo denuncié nadie me hizo caso”.
Frank, por su parte, optó por mantenerse en silencio y en esa instancia se leyó lo declarado durante la etapa de investigación, donde aseguró que él actuó bajo presión amenazas de Ramírez.
En su alegato, la fiscal Estela Salguero, reconoció que hay testimonios que dan cuenta de que la relación de Do Nacimiento con Ramírez era violenta, aunque indicó que los supuestos abusos hacia las hijas de la mujer no pudieron ser corroborados. También sostuvo que la violencia y malos tratos no pueden fungir como justificación o atenuante para el caso.
En esa línea, -según añadió El Territorio- Salguero indicó que los acusados “actuaron con tranquilidad y sin correr ningún tipo de riesgo porque Hugo -Do Nacimiento- estaba totalmente indefenso” y consideró que “es un hecho gravísimo. Independientemente de la conducta de Hugo había muchos otros remedios para poner fin a esa relación tóxica, de agresividad y no de esta manera”.
Por ello solicitó la pena de prisión perpetua para ambos imputados y horas después los magistrados del tribunal fallaron en coincidencia con su pedido.
De esta manera, ambos fueron condenados a perpetua como autores de homicidio calificado por alevosía, aunque en el caso de la mujer se le suma el agravante de haber mantenido una relación de pareja con la víctima.
El juicio contra ambos imputados comenzó el jueves pasado en Oberá. FOTO: Primera Edición.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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