Judiciales
Padre e hijo van a juicio acusados de citar y matar a un hombre en El Soberbio
El 31 de agosto comenzará en Oberá el juicio oral para esclarecer el crimen de Rodrigo Alvez (35), quien el 4 de octubre fue citado en una propiedad de El Soberbio y allí fue asesinado a tiros y machetazos. El caso tiene tres imputados, entre ellos un padre e hijo, ambos de nacionalidad brasileña y uno de ellos con antecedentes por homicidio en su país.
El debate se realizará en el Tribunal Penal Uno de Oberá, donde los imputados identificados como Luis André Konrath (37) y su padre Ronaldo Konrath (64) serán juzgados bajo la acusación de “homicidio triplemente agravado por alevosía, premeditación y uso de arma de fuego”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
En el banquillo también se sentará una joven de 19 años, aunque su acusación es menor y llega a debate en libertad e imputada por el delito de “encubrimiento agravado”.
El hecho que se ventilará en juicio se descubrió el 5 de octubre de 2019, cuando el cuerpo de Alvez fue hallado a un costado de la ruta costera 2, camino a los Saltos del Moconá y a unos 40 kilómetros del casco urbano de la localidad de El Soberbio.
Rodrigo Alves era carpintero, tenía 34 años y dos hijos.
La escena parecía dar cuenta de un accidente vial, pero todo cambió cuando los uniformados intervinientes observaron que el cuerpo presentaba signos de violencia en distintas partes, entre ellas un traumatismo que le produjo fractura de cráneo, heridas cortantes en el rostro y un disparo en la nuca.
A partir de ello, el caso comenzó a investigarse como homicidio y en menos cinco días los pesquisas llegaron hasta los sospechosos que el 31 de agosto se sentarán en el banquillo del Tribunal Penal Uno de Oberá.
Lo primero que realizaron los investigadores fue reconstruir las últimas horas de Alves. De esa manera establecieron que el día previo el hombre visitó a su ex pareja y a sus dos hijos, en tanto luego le pidió prestada una motocicleta Yamaha Cripton 110 a un amigo para ir a la casa de su madre en el paraje Capibara, también camino a los Saltos.
Sin embargo, Alves nunca llegó a la casa de su madre ni tampoco regresó a la hora que había pactado devolver la moto.
Los investigadores allí encontraron un vacío temporal y avanzaron sobre esa línea para atar cabos sueltos. El Whatsapp de él marcaba activo por última vez ese 4 de octubre a las 16.45.
Emboscada y crimen
Lo siguiente que se supo fue que Alves, en realidad de ir a lo de su madre, había pactado encontrarse con una muchacha en Colonia Paraíso, pero además de la mujer también terminó encontrando la muerte.
Es que cuando llegó al lugar para verse con la joven, fue sorprendido -según la investigación judicial- por Luis Konrath -pareja de la muchacha-, quien prácticamente no le dio oportunidad de defensa y lo asesinó de un disparo, a lo cual continuó agrediendo a machetazos y martillados junto a su padre.
De esta cronología de hechos se desprende la hipótesis de que en realidad habría sido el mismo Luis Konrath quien citó a la víctima en su vivienda y de esa forma le tendió una trampa.
Dos personas que en ese momento estaban en la vivienda faenando un vacuno habrían presenciado el hecho y fueron testigos clave para la investigación. Ellos, además, acusaron que fueron amenazados por el dueño de casa para que no contaran lo sucedido.
En los allanamientos incautaron un Chevrolet Corsa con manchas de sangre en el baúl.
Tras el asesinato, padre e hijo habrían cargado el cuerpo de la víctima en el baúl de un auto para llevarlo hasta el lugar donde finalmente fue descartado.
En el lugar donde presuntamente se concretó el crimen la Policía incautó una remera, una campera, un martillo tipo masa y dos machetes con manchas de sangre. También dieron con una escopeta calibre 40 milímetros y un Chevrolet Corsa en cuyo baúl también detectaron rastros de sangre.
En el caso intervino el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco. En la causa hubo un cuarto detenido, aunque luego fue desvinculado del hecho.
Antecedente
Luis Konrath registra un antecedente por homicidio en su país. Ocurrió en septiembre de 2015, cuando ultimó a puñaladas a otro hombre en Tiradentes do Sul, a 17 kilómetros de la frontera con El Soberbio.
Por ese hecho incluso fue condenado a la pena de diez años, aunque al momento del crimen de Alves ya gozaba de libertad condicional.
La Justicia dispuso que tanto la hermana como la última pareja del penitenciario asesinado Julio César Argüello (45) continúen detenidas al rechazar el pedido de excarcelación presentado por ambas mujeres.
La decisión fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dependencia judicial que se aboca a la investigación del hecho originado el 6 de febrero.
De esta manera, ambas mujeres continuarán privadas de su libertad como únicas sospechosas del crimen. Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, está imputada como autora del homicidio, mientras que Paola Z. (35), enfrenta una acusación por encubrimiento.
En el avance de la pesquisa, el juzgado continuará con la toma de testimoniales y aguarda pericias clave, una de ellas sobre el revólver calibre 32 incautado en la casa de la hermana de Argüello, elemento que podría tratarse del arma homicida.
El caso
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y espera ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.
El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.
En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.
Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.
Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.
Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.
Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.
La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.
Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.
En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).
Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.
La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.
De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.
La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.
La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.
Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.
Crimen y sospechas
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.
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