Judiciales
Juicio por Baez Sosa: declaró uno de los rugbiers sobreseídos
Este lunes 16 se realizó en el Tribunal Penal Unos de Dolores la audiencia 11 del juicio oral contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020.
Para la jornada de hoy estaban citados a declarar Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes estuvieron detenidos en un principio y después fueron sobreseídos por no hallarse pruebas en su contra, y Tomás Ítalo Colazzo- amigo de Luciano Pertossi-, que era menor de edad al momento de la muerte de Fernando y participó de la salida a Le Brique, pero nunca fue imputado en la causa.
Momentos antes de entrar a la sala a declarar, Juan Pedro Guarino habló con los medios y dijo que se presentaba para “ayudar, justicia por Fernando”.
Durante su testimonio, Guarino, que había viajado a Villa Gesel con los ocho acusados, sostuvo que “no con todos tenía una amistad íntima”, y detalló que era amigo de Luciano y Ciro Pertossi, que Blas Cinalli era amigo del colegio y que a Máximo Thomsen lo conocía de rugby, según informó el medio El Diario Ar.
Además, el ex imputado agregó un dato, que ya había sido aportado por otros testigos: “Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones”, dijo.
En la audiencia, el joven tuvo que ver videos registrados el 18 de enero del 2020, de los momentos previos a la muerte de Fernando, ocurridos adentro del boliche, y luego a la salida, donde se desencadenaron los hechos. En total, fueron cuatro las grabaciones que vio.
Según precisó el medio El Perfil, en los primeros videos Guarino no pudo identificar a nadie, sino hasta el cuarto, en el cual señaló a Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Enzo Comelli. También, en otras de las grabaciones de la pelea, reconoció a Ciro Pertossi, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz y, una vez más, Enzo Comelli.
Sobre lo ocurrido dentro de Le Brique, Guarino dijo: “Fue normal la noche, hasta que veo que cerca mío, en la barra, están discutiendo Máximo Thomsen y Matias Benicelli con uno o dos chicos”.
Y continuó: “Me enteré que era porque habían tirado un vaso. Después de eso hubo avalancha de gente, se hace una ronda gigante y veo cómo están sacando a Máximo Thomsen y a todos del boliche. Ahí es cuando yo pensé ‘no me voy a quedar solo adentro’. Nadie me sacó y me fui”.
En ese sentido, agregó que, una vez fuera del local bailable, “veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico, no sé quién era. Él cruza, yo voy a ver cómo estaba. Nos sentamos y le pregunté cómo estaba, en eso viene Ciro Pertossi y después se escucharon gritos”.
“Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer”, señaló el testigo y sobre el momento del ataque detalló: “Yo miré y vi a todos los otros y a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso. Después al otro día me enteré quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojo muchísimo y me fui”.
Posteriormente, afirmó que “se fue porque estaba cansado de la situación, habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado otras veces”, señaló y reconoció que había hablado con su madre y su novia, avisando que “si volvía a pasar se iba a volver de las vacaciones”.
Consultado por Fernando Burlando, abogado de los padres de la víctima, sobre los supuestos festejos después de la pelea, Guarino dijo “no escuchó nada”. Además, el sobreseído negó haber visto alguno de los golpes que recibió Baez Sosa.
Al terminar su declaración, Juan Pedro Guarino le dio sus condolencias a la familia de Fernando: “Nunca pude hacerlo. Quería que vean que ya no estaba en la causa y que lo mío es sincero”, dijo y confesó: “Todos los días, desde que pasó, me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”.
Luego de la declaración de Guariano fue el turno de Tomás Colazzo, que tenía 17 años en el momento del crimen. El joven se reconoció en uno de los videos recostado en una pared cómo “espectador de la pelea”, sostuvo el medio El Diario Ar.
También ubicó a Luciano Pertossi en la escena, detrás de Ciro, su hermano, e identificó a Luciano como agresor directo de Fernando.
“En un momento veo a alguien en el piso y ahí fue cuando le pongo el brazo a Máximo -Thomsen- en el pecho y lo tiro para atrás. A mí no me gusta pelear. Esto fue muy rápido, fueron segundos. Muy cerca estaba Ciro. Hago eso y Máximo me mira, y ve que era yo, pero no puedo recordar si siguió pegando o terminó ahí”, manifestó Colazzo.
Además, contó que conocía a Luciano porque iban a la misma escuela y que el día del hecho había chateado con él y quedó en sumarse al grupo para ir primero a una previa y luego a Le Brique. Reconoció que conoce a los ocho imputados y dijo que “son buenos chicos”.
Por último, sobre la declaración del segundo imputado y luego sobreseído, Alejo Milanesi, se supo que el abogado querellante, Fernando Burlando, pidió prescindir de su testimonio.
Mientras que Milanesi, momentos antes de entrar al Tribunal Penal Uno de Dolores, dijo a la prensa: “Vengo a declarar para que se haga justicia”.
Foto: Telam
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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