Judiciales
Juicio por Baez Sosa: declaró uno de los rugbiers sobreseídos
Este lunes 16 se realizó en el Tribunal Penal Unos de Dolores la audiencia 11 del juicio oral contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020.
Para la jornada de hoy estaban citados a declarar Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes estuvieron detenidos en un principio y después fueron sobreseídos por no hallarse pruebas en su contra, y Tomás Ítalo Colazzo- amigo de Luciano Pertossi-, que era menor de edad al momento de la muerte de Fernando y participó de la salida a Le Brique, pero nunca fue imputado en la causa.
Momentos antes de entrar a la sala a declarar, Juan Pedro Guarino habló con los medios y dijo que se presentaba para “ayudar, justicia por Fernando”.
Durante su testimonio, Guarino, que había viajado a Villa Gesel con los ocho acusados, sostuvo que “no con todos tenía una amistad íntima”, y detalló que era amigo de Luciano y Ciro Pertossi, que Blas Cinalli era amigo del colegio y que a Máximo Thomsen lo conocía de rugby, según informó el medio El Diario Ar.
Además, el ex imputado agregó un dato, que ya había sido aportado por otros testigos: “Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones”, dijo.
En la audiencia, el joven tuvo que ver videos registrados el 18 de enero del 2020, de los momentos previos a la muerte de Fernando, ocurridos adentro del boliche, y luego a la salida, donde se desencadenaron los hechos. En total, fueron cuatro las grabaciones que vio.
Según precisó el medio El Perfil, en los primeros videos Guarino no pudo identificar a nadie, sino hasta el cuarto, en el cual señaló a Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Enzo Comelli. También, en otras de las grabaciones de la pelea, reconoció a Ciro Pertossi, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz y, una vez más, Enzo Comelli.
Sobre lo ocurrido dentro de Le Brique, Guarino dijo: “Fue normal la noche, hasta que veo que cerca mío, en la barra, están discutiendo Máximo Thomsen y Matias Benicelli con uno o dos chicos”.
Y continuó: “Me enteré que era porque habían tirado un vaso. Después de eso hubo avalancha de gente, se hace una ronda gigante y veo cómo están sacando a Máximo Thomsen y a todos del boliche. Ahí es cuando yo pensé ‘no me voy a quedar solo adentro’. Nadie me sacó y me fui”.
En ese sentido, agregó que, una vez fuera del local bailable, “veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico, no sé quién era. Él cruza, yo voy a ver cómo estaba. Nos sentamos y le pregunté cómo estaba, en eso viene Ciro Pertossi y después se escucharon gritos”.
“Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer”, señaló el testigo y sobre el momento del ataque detalló: “Yo miré y vi a todos los otros y a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso. Después al otro día me enteré quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojo muchísimo y me fui”.
Posteriormente, afirmó que “se fue porque estaba cansado de la situación, habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado otras veces”, señaló y reconoció que había hablado con su madre y su novia, avisando que “si volvía a pasar se iba a volver de las vacaciones”.
Consultado por Fernando Burlando, abogado de los padres de la víctima, sobre los supuestos festejos después de la pelea, Guarino dijo “no escuchó nada”. Además, el sobreseído negó haber visto alguno de los golpes que recibió Baez Sosa.
Al terminar su declaración, Juan Pedro Guarino le dio sus condolencias a la familia de Fernando: “Nunca pude hacerlo. Quería que vean que ya no estaba en la causa y que lo mío es sincero”, dijo y confesó: “Todos los días, desde que pasó, me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”.
Luego de la declaración de Guariano fue el turno de Tomás Colazzo, que tenía 17 años en el momento del crimen. El joven se reconoció en uno de los videos recostado en una pared cómo “espectador de la pelea”, sostuvo el medio El Diario Ar.
También ubicó a Luciano Pertossi en la escena, detrás de Ciro, su hermano, e identificó a Luciano como agresor directo de Fernando.
“En un momento veo a alguien en el piso y ahí fue cuando le pongo el brazo a Máximo -Thomsen- en el pecho y lo tiro para atrás. A mí no me gusta pelear. Esto fue muy rápido, fueron segundos. Muy cerca estaba Ciro. Hago eso y Máximo me mira, y ve que era yo, pero no puedo recordar si siguió pegando o terminó ahí”, manifestó Colazzo.
Además, contó que conocía a Luciano porque iban a la misma escuela y que el día del hecho había chateado con él y quedó en sumarse al grupo para ir primero a una previa y luego a Le Brique. Reconoció que conoce a los ocho imputados y dijo que “son buenos chicos”.
Por último, sobre la declaración del segundo imputado y luego sobreseído, Alejo Milanesi, se supo que el abogado querellante, Fernando Burlando, pidió prescindir de su testimonio.
Mientras que Milanesi, momentos antes de entrar al Tribunal Penal Uno de Dolores, dijo a la prensa: “Vengo a declarar para que se haga justicia”.
Foto: Telam
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
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