Judiciales
Hallaron sangre de Fernando Báez Sosa en la ropa de cuatro rugbiers
Este miércoles 11 de enero se realizó la octava audiencia del juicio oral que se lleva adelante en el Tribunal de Dolores contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020.
César Guida, uno de los peritos especialistas en ADN, especificó en dónde se halló material genético de la víctima. De su descripción se desprendió que había manchas de sangre de la víctima en cuatro prendas de vestir y en tres zapatillas de los imputados.
Aunque en ningún momento precisó o identificó de quién se trataba cada prenda, el abogado de la familia, Fernando Burlando, les puso nombre y apellido a los rugbiers dueños de esa ropa: Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi y Máximo Thomsen.
“Al día de hoy no sé a quién pertenece cada prenda y quién la usó”, explicó el perito responsable del Área Genética Forense del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte de Ministerio Público Fiscal. Es que la metodología del análisis que hizo el profesional así lo requiere, puesto que las muestras son numeradas.
En su declaración ante el tribunal, Guida sí describió las muestras donde fue hallada la sangre. Por ello, cuando habló del calzado, estaban las dos zapatillas marca Cyclone negras con suela blanca de Thomsen, que en la jornada de este martes quedó confirmado por otros dos peritos que fue la que le dejó una marca en la cara de la víctima.
Según Fernando Burlando, “la zapatilla Cyclone derecha tenía dos manchas de sangre de Fernando y la izquierda, una”.
Además, había un tercer calzado con sangre de Báez Sosa. Se trata de una zapatilla marca Nike que se corresponde con la que calzaba Matías Benicelli esa noche del 18 de enero de 2002 en que mataron al estudiante de abogacía a golpes frente al boliche Le Brique.
En tanto, entre las prendas de vestir de los rugbiers en las que el profesional halló material genético de la víctima se destacan: una camisa floreada, un pantalón de gabardina gris y dos jeans, uno marca Le Utthe y otro Tasty.
El representante de los padres de Fernando le puso a cada artículo el nombre y apellido que no pudo el genetista: “La camisa floreada blanca tenía dos manchas de sangre de Fernando y era de Matías Benicelli”, el mismo de la zapatilla Nike. Asimismo, también es el dueño del “jean marca Tasty, que tenía una mancha” hemática de la víctima, según el letrado.
Burlando también detalló que “el pantalón de gabardina gris, que tenía dos manchas de sangre de Fernando, era de Luciano Pertossi y el jean clásico marca Le Utthe, que tenía una mancha de sangre, era de Ciro Pertossi”.
ADN rugbier
En la misma línea, el especialista César Guida confirmó que en el meñique izquierdo de Báez Sosa había ADN de Blas Cinalli, el mismo que se jactó de su muerte por chat.
Además, en el allanamiento del 18 de enero de 2020, el personal de Policía Científica notó que Thomsen tenía sangre en su mano derecha. Ni siquiera se le había lavado tras el ataque. Entonces, fue hisopada.
De ese test, “se obtuvieron diferentes perfiles mezcla, de al menos tres individuos, en los cuales se observa coincidencia solamente” con la propia sangre de Thomsen. Es decir, los perfiles estaban incompletos.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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