El fiscal general de San Juan, Dante Vega, solicitó ayer que el represor misionero Jorge Antonio Olivera (71) reciba su tercera condena a prisión perpetua en el marco del juicio por la denominada “Megacausa III” que se le sigue a 24 policías, militares y ex funcionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia cuyana con anterioridad y posterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El pedido de Vega fue formulado ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, luego de cuatro jornadas de alegatos y a más de tres años de haber comenzado el debate oral que inicialmente tenía 38 imputados, aunque a lo largo del proceso varios fallecieron y otros fueron apartados por cuestiones de salud.

En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

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En su alegato, el fiscal Vega solicitó penas de hasta 20 años de prisión para 16 acusados y prisión perpetua para ocho de ellos, entre los cuales aparece el militar misionero Jorge Antonio Olivera, quien ya tiene otras condenas del mismo tipo en su contra, aunque goza del beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a pesar de un amplio historial de maniobras realizadas para evadir a la Justicia.

Para la fiscalía, Olivera debe ser condenado por los delitos de “privación ilegítima agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos; tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos; y homicidio doblemente agravado en cinco hechos”.

En un tramo de su exposición final, el fiscal Vega destacó que “las estructuras y engranajes represores señalados, actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que le daba el aparato estatal” y consideró que los acusados han “participado activamente en cada una de las instancias que conforman el terrorismo de Estado en San Juan, ya sea en los procedimientos de detención, en los centros clandestinos de detención, en los violentos interrogatorios que se llevaban a cabo, como así también en las actuaciones con las que se buscaba darle un marco de legalidad a muchas de las detenciones que se habían producido”, consignó el portal de oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

De esta manera, Olivera, que según registros oficiales nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura, quedó a las puertas de una tercera condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Condenas e historial de fuga

El primer fallo en su contra fue dictado en julio de 2013, mientras que la segunda fue impartida en octubre de 2018. Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

Actualmente, Olivera goza del beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal de San Juan emitido horas antes del 24 de marzo de 2021.

La medida generó repudio y polémica de organizaciones por la Memoria, Verdad y Justicia, dado que los problemas de salud esgrimidos -insomnio, hipertensión arterial, hipoacusia del oído derecho, tabaquismo y sedentarismo- no representarían gravedad y el único fundamento para la concesión de la domiciliaria es haber superado los 70 años.

Sin embargo, en esa instancia también volvió a ponerse sobre el tapete el largo historial de maniobras ejecutadas por el militar misionero para evadir a la Justicia, según pudo reconstruir La Voz de Misiones.

Ese tendal de antecedentes comienza ya en la década del 2000, cuando viajó a refugiarse a Italia pero fue detenido tras un pedido de la Justicia de Francia que investigaba la desaparición de la joven Marie Anne Erize, aunque solo permaneció 43 días tras las rejas.

Es que sus defensores presentaron un documento que consignaba una supuesta fecha de fallecimiento de la joven francesa y los magistrados locales entonces entendieron que el delito estaba prescripto, aunque todo se trató de una maniobra fraudulenta y un certificado falso, dado que el paradero de Erize aún no fue revelado.

Posteriormente a ello, llegó la primera condena en Argentina contra Olivera. Fue el 3 de julio de 2013 y tan sólo 22 días logró escapar junto Gustavo De Marchi -otro represor condenado- del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires, donde habían sido trasladados desde el Penal de Chimbas (San Juan) por supuestas dolencias.

Olivera permaneció en condición de prófugo de la Justicia y recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, durante un allanamiento realizado en la casa de su esposa, Marta Ravasi, en la localidad bonaerense de San Isidro. El represor estaba escondido en el baúl de un auto.

Tras su recaptura, el misionero regresó a San Juan, donde quedó detenido y en 2018 fue condenado por segunda vez, pero desde el año pasado cumple arresto domiciliario.

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El titular de la Fiscalía en lo Correccional y de Menores Uno de Eldorado, Miguel Ángel Fretes, solicitó la detención del médico gastroenterólogo Guillermo Horrisberger, condenado e inhabilitado tras ser declarado responsable en un caso de mala praxis que derivó en la muerte de una paciente, al detectarse que continúa atendiendo en un sanatorio privado de Eldorado.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el pedido del fiscal Fretes fue formulado el miércoles, luego de recolectar una serie de elementos probatorios que dan cuenta de que Horrisberger continúa ejerciendo la profesión, quebrantando así una inhabilitación judicial, lo cual configura un nuevo delito previsto en el artículo 281 bis del Código Penal de la Nación argentina y que prevé penas de hasta dos años de prisión.

Según las fuentes de LVM, esos elementos probatorios consisten -principalmente- en certificados médicos confeccionados con su firma y constancia de turnos emitidos a su nombre en el sanatorio Buddemberg de Eldorado, mismo nosocomio donde en 2014 Horrisberger llevó adelante una práctica colonoscópica a Edith Gross, que poco después terminó falleciendo como consecuencia de la aplicación de un sedante no correspondido, lo cual dio inicio a la causa que derivó en la condena del médico.

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Causa, condena y nuevo delito

Esa causa judicial por la muerte de Gross fue investigada y elevada a juicio por el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del magistrado Roberto Saldaña, en mayo de 2017.

En septiembre de 2019, en tanto, llegó el momento del juicio. El proceso fue llevado adelante en el Juzgado Correccional y de Menores Uno de la misma localidad ante un tribunal unipersonal dirigido de manera subrogante por el juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

Ese debate culminó en sentencia contra el profesional, que fue condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, todas esas medidas recién entraron en vigencia en diciembre de 2021, cuando el fallo quedó firme tras una revisión realizada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

Desde ese momento, Horrisberger quedó formalmente inhabilitado por cinco años, pero ahora será investigado por quebrantar esa medida judicial que rige en su contra.

Según indicaron fuentes consultas por LVM, la comisión de este nuevo delito además, podría repercutir en el cumplimiento de la pena de dos años de prisión en suspenso dictaminada en 2019.

Es que las penas de prisión suspenso equivalen a no ir a la cárcel, aunque para mantener ese beneficio uno de los considerandos es que los implicados no cometan nuevos delitos, por lo cual ante esta nueva situación la condena de Horrisberger podría pasar a ser de cumplimiento efectivo.

En el pedido de detención emitido por el fiscal Fretes interviene la magistrada Marisa Aquino, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Eldorado, aunque hasta el momento no hubo resolución al respecto.

Además, las recientes actuaciones y la recolección de los nuevos elementos de prueba, serán remitidos al Juzgado de Instrucción en turno, que deberá iniciar una nueva causa penal contra el médico. Conforme al avance la pesquisa, se establecerá también qué grado de responsabilidad le cabe al sanatorio Buddemberg en este nuevo expediente.

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En un año y medio, el expediente que investiga el crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32), asesinado de 15 puñaladas durante un robo en su casa del barrio Yacyretá de Posadas, fue clausurado y elevado a  juicio oral con dos jóvenes acusados de un delito cuya calificación prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la información relevada por La Voz de Misiones, el requerimiento de elevación a juicio de la causa fue presentado el 20 de mayo por la fiscal Patricia Clérici y la resolución final para que el expediente sea enviado a una instancia superior fue firmado el último miércoles por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

En dicho documento se determinó que tanto Brayan Damián Casso Acosta (26) -también colombiano- como Juan Ramón Ramírez (27) deben ser juzgados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura ante la cual ambos son pasibles de recibir el máxima pena prevista en el Código Penal de la Nación: la prisión perpetua.

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Dicha calificación fue determinada a partir de la hipótesis del caso trazada mediante los diversos elementos de prueba recolectados a lo largo de la pesquisa. Según pudo saber LVM, la teoría del hecho plasmada en la elevación a juicio indica que ambos acusados asesinaron a Gallego Rojas para robarle 70.000 pesos y una motocicleta, y que para cumplir con dicho ardid vinieron exclusivamente desde Corrientes.

El crimen se registró en la chacra 103 del barrio Yacyretá. Foto: El Territorio.

El crimen

El crimen del extranjero, de 32 años, fue reportado el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, cuando sus vecinos del barrio Yacryterá (chacra 103) llamaron a la Policía para alertar que oyeron pedidos sus gritos de auxilio.

Cuando los efectivos acudieron a la vivienda, se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero de su departamento. Su cuerpo presentaba 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal estaba localizada en el tórax, según confirmó luego el examen de autopsia.

En el caso trabajó el personal de la Dirección Homicidios, que al recabar información supo que minutos antes del hecho dos hombres fueron vistos salir de la casa de Gallego Rojas a bordo de la moto de la víctima y llevándose consigo una caja fuerte portátil con 70.000 metros dentro.

Los sospechosos y las pruebas

Familiares de la víctima apuntaron sus sospechas hacia un sujeto con el cual aparentemente Gallego Rojas había tenido un conflicto laboral relacionado a la venta de inmuebles que derivó en una enemistad.

Así apareció sobre la mesa el primer nombre, el de Brayan Damián Casso Acosta -compatriota de la víctima-, y el devenir de la investigación lo terminó acorralando.

Es que más testimoniales lo ubicaron morando una vivienda a 200 metros de la casa de Gallego Rojas apenas unos días antes del hecho y otros testigos mencionaron haberlo visto llegar a ese mismo lugar con la Honda Titán de la víctima en un horario posterior al crimen.

Con todos los datos recolectados, la Policía lo ubicó y detuvo el 1° de marzo de ese mismo año. El joven sindicado como su acompañante, en tanto, fue capturado tres días más tarde en Corrientes y en un principio su grado de participación parecía menor, pero en la elevación a juicio se determinó que ambos deben responder como coautores del crimen.

De igual manera, al margen de las testimoniales, en el expediente obran otras pruebas que complican a los detenidos, principalmente a Casso Acosta.

Se tratan de pericias de ADN que ubican al sospechoso en la escena del crimen y cotejos científicos que determinaron que la sangre hallada en prendas de vestir incautadas en su poder correspondía a la víctima.

Ambos implicados están procesados con prisión preventiva y permanecen alojados en distintas unidades penales de la provincia.

Ahora, el expediente será remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la concreción del debate oral en el cual se determinará la responsabilidad y la pena para ambos imputados.

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