Judiciales
El femicida de las 113 puñaladas, Fabián Tablado, recupera hoy su libertad
Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en su casa de la localidad bonaerense de Tigre, recuperará hoy su libertad tras haber cumplido su pena.
BUENOS AIRES. Tablado, quien cometió el crimen cuando tenía 20 años, actualmente tiene 43 -el martes es su cumpleaños 44-, saldrá alrededor de las 12 del mediodía de la Unidad 21 de Campana, ubicada sobre el kilómetro 5,5 de la Ruta 6, penal donde pasó sus últimos años de condena en el pabellón 5 de los internos que profesan el culto evangelista.
La madre del femicida, María Esther Gallardo, confirmó ayer que pese a que sabe que su hijo “se arruinó la vida”, nunca lo abandonó en estos casi 24 años que estuvo preso y anunció que hoy iría a buscarlo a la salida del penal.
La mujer, quien dijo que “no hay palabras de consuelo” para la familia Aló, no quiso confirmar si a partir de hoy su hijo volverá a vivir con ella y su marido en Albarellos 348 de Tigre, la misma casa donde en 1996 cometió el crimen de las 113 puñaladas, por lo que aún es una incógnita cuál será a partir de hoy el lugar de residencia del femicida.
Como a partir de hoy tiene cumplida la pena, Tablado no tiene obligación de informarle ni a la Justicia ni al Servicio Penitenciario Bonaerense, cuál va a ser su domicilio.
Desde que en diciembre se enteró que Tablado iba a ser liberado, Edgardo Aló, padre de la víctima, buscó la manera de evitar que “el chacal” -tal como llama habitualmente al asesino de su hija-, salga de prisión y cuestionó que se le dé por agotada la pena dos años y nueve meses antes de lo que había dispuesto la Justicia.
Es que Tablado saldrá hoy libre luego de pasar 23 años, nueve meses y un día encarcelado, cuando la Justicia había dispuesto que pase encarcelado 26 años y seis meses.
Por el crimen de Carolina Aló fue condenado en 1998 a 24 años de prisión, pero en 2013 se le sumó una condena a dos años y medio de prisión por “coacción” tras amenazar de muerte a Roxana Villarejos, la docente con la que en 2007 se casó con él estando preso y con quien tuvo hijas mellizas, y a su suegra.
Si bien se le unificó la condena en 26 años y seis meses de prisión, pena que debía agotarse en 2022, los beneficios de la ya derogada “Ley del 2×1” y los cursos que hizo en prisión como “estímulo educativo”, hicieron que la pena del femicida se dé por concluida hoy.
El padre de Aló solicitó ayer que la Justicia imponga una medida de restricción perimetral para que ahora que otra vez estará en la calle, el femicida de su hija no pueda acercarse a su grupo familiar.
El miércoles se conocieron los resultados de una reciente pericia psiquiátrica que determinó que Tablado presenta sus facultades mentales “normales”, pero también recomendó que por el momento no ejerza la “responsabilidad parental” sobre sus hijas mellizas de 11 años.
El crimen de Carolina Aló ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en Albarellos 348 de Tigre.
Hasta allí la pareja fue a la salida de la Escuela N°1 Marcos Sastre de Tigre, colegio al que asistían en el turno nocturno, tuvieron relaciones sexuales y comenzó una discusión por celos que culminó en el homicidio.
Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.
El homicida escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se fue a esconder debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen, donde unas horas más tarde la policía lo detuvo.
En el juicio, querella y fiscalía lo acusaron por homicidio agravado por alevosía para lograr una perpetua y la defensa pretendía que se lo declare “inimputable”, pero finalmente, en un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por homicidio simple.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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