Judiciales
El femicida de las 113 puñaladas, Fabián Tablado, recupera hoy su libertad
Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en su casa de la localidad bonaerense de Tigre, recuperará hoy su libertad tras haber cumplido su pena.
BUENOS AIRES. Tablado, quien cometió el crimen cuando tenía 20 años, actualmente tiene 43 -el martes es su cumpleaños 44-, saldrá alrededor de las 12 del mediodía de la Unidad 21 de Campana, ubicada sobre el kilómetro 5,5 de la Ruta 6, penal donde pasó sus últimos años de condena en el pabellón 5 de los internos que profesan el culto evangelista.
La madre del femicida, María Esther Gallardo, confirmó ayer que pese a que sabe que su hijo “se arruinó la vida”, nunca lo abandonó en estos casi 24 años que estuvo preso y anunció que hoy iría a buscarlo a la salida del penal.
La mujer, quien dijo que “no hay palabras de consuelo” para la familia Aló, no quiso confirmar si a partir de hoy su hijo volverá a vivir con ella y su marido en Albarellos 348 de Tigre, la misma casa donde en 1996 cometió el crimen de las 113 puñaladas, por lo que aún es una incógnita cuál será a partir de hoy el lugar de residencia del femicida.
Como a partir de hoy tiene cumplida la pena, Tablado no tiene obligación de informarle ni a la Justicia ni al Servicio Penitenciario Bonaerense, cuál va a ser su domicilio.
Desde que en diciembre se enteró que Tablado iba a ser liberado, Edgardo Aló, padre de la víctima, buscó la manera de evitar que “el chacal” -tal como llama habitualmente al asesino de su hija-, salga de prisión y cuestionó que se le dé por agotada la pena dos años y nueve meses antes de lo que había dispuesto la Justicia.
Es que Tablado saldrá hoy libre luego de pasar 23 años, nueve meses y un día encarcelado, cuando la Justicia había dispuesto que pase encarcelado 26 años y seis meses.
Por el crimen de Carolina Aló fue condenado en 1998 a 24 años de prisión, pero en 2013 se le sumó una condena a dos años y medio de prisión por “coacción” tras amenazar de muerte a Roxana Villarejos, la docente con la que en 2007 se casó con él estando preso y con quien tuvo hijas mellizas, y a su suegra.
Si bien se le unificó la condena en 26 años y seis meses de prisión, pena que debía agotarse en 2022, los beneficios de la ya derogada “Ley del 2×1” y los cursos que hizo en prisión como “estímulo educativo”, hicieron que la pena del femicida se dé por concluida hoy.
El padre de Aló solicitó ayer que la Justicia imponga una medida de restricción perimetral para que ahora que otra vez estará en la calle, el femicida de su hija no pueda acercarse a su grupo familiar.
El miércoles se conocieron los resultados de una reciente pericia psiquiátrica que determinó que Tablado presenta sus facultades mentales “normales”, pero también recomendó que por el momento no ejerza la “responsabilidad parental” sobre sus hijas mellizas de 11 años.
El crimen de Carolina Aló ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en Albarellos 348 de Tigre.
Hasta allí la pareja fue a la salida de la Escuela N°1 Marcos Sastre de Tigre, colegio al que asistían en el turno nocturno, tuvieron relaciones sexuales y comenzó una discusión por celos que culminó en el homicidio.
Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.
El homicida escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se fue a esconder debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen, donde unas horas más tarde la policía lo detuvo.
En el juicio, querella y fiscalía lo acusaron por homicidio agravado por alevosía para lograr una perpetua y la defensa pretendía que se lo declare “inimputable”, pero finalmente, en un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por homicidio simple.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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