Judiciales
Confirman pena a Ninja, ex PNA misionero de mega carga narco y robo de avioneta
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de Corrientes confirmó la pena de 15 años de prisión para Ninja Ramírez, el ex prefecturiano misionero que en 2019 fue detenido con una carga de nueve toneladas de marihuana en Ituzaingó y que dos años antes participó en Victoria (Entre Ríos) del robo de una avioneta que iba a ser utilizada para el tráfico de estupefacientes en Paraguay.
Valentín Ramírez (52), más conocido como Ninja, ex miembro del área Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y exonerado de la fuerza en 2002, fue detenido el 8 de febrero de 2019, mientras llegaba a una finca de Ituzaingó donde se guardaban 9.082 kilogramos de marihuana que estaban a punto de ser cargados a una camión para ser transportados a las grandes urbes del país.
Junto a él cayó un cómplice paraguayo, identificado como Ramón Gaspar Alderete Núñez, y por ese hecho ambos fueron condenados a penas de 15 y 10 años de prisión, respectivamente, al ser declarados coautores del delito de “almacenamiento de estupefacientes”.
La sentencia, impartida por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes el 28 de septiembre de 2021, fue apelada por la defensa de ambos implicados, por lo cual debió ser analizada por un órgano de revisión.
Ese órgano judicial superior fue la Cámara Federal de Casación Penal y la revisión de la sentencia quedó en manos de la Sala I, integrada por los magistrados Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, quienes la semana pasada resolvieron rechazar los planteos defensivos y dejar firme la condena para Ninja y su cómplice extranjero, según consignó el Ministerio Público Fiscal de la Nación en su portal oficial.
De esta manera, el ex uniformado posadeño deberá continuar tras las rejas durante un largo período y, muy posiblemente, sin muchos beneficios durante su tratamiento penitenciario, dado que en el mismo fallo fue declarado reincidente por primera vez.
El robo de un Cessna
Es que Ninja guarda otro hito en su prontuario narcocriminal. El antecedente data del 21 de febrero de 2017, cuando fue parte de un golpe comando para robar una avioneta en Entre Ríos.
Según lo que se pudo reconstruir, ese día un grupo de hombres arribó al aeroclub de la ciudad de Victoria y simuló interés en alquilar una avioneta para realizar un salto en paracaídas en el marco de una supuesta despedida de solteros.
Sin embargo, al cabo de unos minutos, los falsos clientes exhibieron su verdadero plan: extrajeron armas de fuegos, amenazaron al piloto de un Cessna 182, redujeron a otros trabajadores del lugar y se robaron la aeronave.
El plan criminal consistía en trasladar la nave hasta Paraguay, donde iba a ser utilizada para el transporte de estupefacientes, pero algo falló y el grupo terminó estrellándose en una inhóspita coordenada dentro de la inmensidad de los Esteros del Iberá, en Corrientes.
La avioneta robada en Victoria se estrelló en una zona inhóspita dentro de la inmensidad de los Esteros del Iberá, en Corrientes.
El siniestro pasó totalmente desapercibido, a tal punto que nadie se enteró de lo sucedido y los delincuentes quedaron perdidos en medio de la nada. Se estima que caminaron durante casi una semana sin alimentos y sorteando ataques de animales, principalmente de serpientes y yacarés.
La avioneta recién fue encontrada el 31 de marzo y para ese entonces obviamente ya no había vestigio de los delincuentes, aunque los investigadores entrerrianos supieron atacar cabos para identificar a los integrantes de la banda, entre los cuales estaban Ninja Ramírez y otro misionero, Héctor De Lima.
La pesquisa reconstruyó que en total fueron los siete los participantes del robo de la avioneta y uno a uno fueron cayendo, aunque dos fallecieron durante en proceso en circunstancias violentas.
Ramírez permaneció mucho tiempo con prófugo y su captura recién se dio durante el procedimiento de las nueve toneladas de marihuana en Ituzaingó.
Por el robo de la avioneta el ex uniformado misionero recibió cinco años de prisión. Su cómplice y coterráneo, De Lima, siete.
Los otros condenados fueron el rosarino Mario Crocco (seis años de prisión) y el argentino-paraguayo Darío Concepción Roas (cuatro años y tres meses), que fue detenido durmiendo en una casa de Posadas mientras un cómplice cruzaba el puente internacional con seis kilogramos de cocaína en su camioneta.
El resto de la banda era integrado por el piloto paraguayo Daniel Sánchez Bareiro, que permanece prófugo; el instructor en paracaidismo rosarino Gabriel “Rana” Quiroz, que apareció muerto en 2017 y Bernardino González, asesinado por un sicario en Encarnación, Paraguay, en 2018.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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