Judiciales
Caso Horacelia: Monzón sostiene que se defendió y reclamó por suero de la verdad
El juicio oral por el femicidio de Horacelia Marasca (16), asesinada a puñaladas y descuartizada en 2015 en su casa de Villa Cabello, comenzó esta mañana y el único acusado del caso, Martín Monzón (39), mantuvo la versión de que la muerte de la adolescente se produjo durante un forcejeo defensivo de su parte y volvió a pedir para declarar bajo los efectos del “suero de la verdad”.
“Como sabía que desde el principio no me iban a creer, había solicitado a través de mi defensa que se me tome declaración bajo los efectos del suero de la verdad, porque encontraba en eso la única manera de hacer creíble mi relato”, sostuvo el imputado ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, apenas se le concedió la palabra esta mañana, luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa y de la apertura formal del proceso oral en el que cual se ventilará el femicidio registrado el 16 de agosto de 2015 en Posadas.
En esa misma instancia, Monzón señaló que no iba a responder preguntas ni agregar nada, solamente deseaba ratificar lo ya declarado en indagatorias producidas durante la etapa de investigación, que estuvo a cargo del magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.
“No deseo agregar otra cosa, solo que se lea mi declaración ya escrita, sin agregar, ni quitar nada hasta que se me conceda el derecho de declarar bajo el suero de la verdad, porque encuentro esa la única forma de hacer creíble mis palabras. No voy a responder ninguna pregunta”, recalcó respecto a su planteo, lo cual ya fue solicitado en instancias previas por su defensa y rechazado hasta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
En consecuencia, el tribunal, presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante), ordenó que se leyera ante las partes las declaraciones indagatorias vertidas por el imputado durante la etapa de instrucción y agregadas al expediente.

Martín Monzón, de 39 años, está detenido desde 2015 y puede ser condenado a prisión perpetua.
La teoría defensiva
Dichas declaraciones fueron vertidas el 28 de agosto y el 14 de septiembre de 2015 y en las dos Monzón refiere haberse defendido de una agresión inicial de Horacelia, situación que devino en un forcejo en el que la joven culminó con un cuchillo incrustado en el pecho.
En esas declaraciones, el imputado sostuvo que había conocido a Horacelia cuando esta trabajaba de enfermera en casa de su madre y él decidió pelearse con su familia para convivir con ella.
Sostuvo que a los pocos meses de relación la joven quedó embarazada y que al tener al pequeño comenzaron los problemas, la mayoría de ellos vinculados a cuestiones de “infidelidad”.
Sobre el día del hecho, recordó que esa noche (16 de agosto de 2015) Horacelia pretendió irse de la casa, pero él se opuso, lo cual dio inicio a una discusión en la que -según Monzón- él fue atacado primero.
“Se vistió y me dijo que iba a salir. Yo le negué. Ahí ella trajo un cuchillo, empezó a amenazarme y en el forcejeo se le clava el cuchillo en el pecho. Ahí tuve miedo y me deshice del cuerpo e hice como si fuese que ella se había ido”, dijo en su primera indagatoria.
Luego, en la ampliación dada en septiembre, agregó que “ella me atacó con una puñalada, yo le torcí el brazo y cayó al piso. En el forcejeo veo el cuchillo incrustado en el pecho. Empezó a salir mucha sangre y empezó a temblar. Me asusté. Yo la quería mucho”.

El acusado, ante el tribunal y el fiscal Vladimir Glinka.
Sobre lo realizado posterior al crimen, es decir, el desmembramiento del cuerpo, manifestó que “a la mañana llevé los restos, dos bolsas dejé en un contenedor, dos en un desagüe y otra en un caño. Pensé que nunca se iba a saber nada”.
Durante esas mismas indagatorias le preguntaron si sabía que la joven ya no tenía signos vitales cuando procedió a descuartizar el cadáver y respondió que “sí, le toqué el puso. Si estaba viva yo juro que iba a pedir ayuda”.
Al culminar la lectura de sus declaraciones, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, a partir de las 8.30, para comenzar la etapa de testimoniales.
Según fuentes consultadas por La Voz de Misiones, hay al menos 26 testigos, entre familiares, vecinos, peritos y profesionales de diversas áreas, citadas a prestar declaración.
En el debate interviene el fiscal Vladimir Glinka, mientras que el imputado cuenta con la representación del abogado defensor oficial Miguel Ángel Varela.
Monzón está detenido desde el inicio de la causa y está imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable.
Tres golpes y tres puñaladas
Previo a comparecer Monzón ante el estrado, en la sala de audiencias se procedió a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, formulada en su momento por la fiscal María Laura Álvarez.
En ese documento se plasman las pruebas obrantes en la causa, se traza la hipótesis acusatoria y se califica el hecho según el encuadre legal que se considera pertinente.
Allí se detalló que la investigación del caso comenzó el 17 de agosto de 2015, a las 8.30, cuando el propio Monzón se acercó a la Comisaría Séptima para denunciar la desaparición de su pareja. En esa instancia, aseguró que a las 00.30 de esa madrugada él la vio por última vez, cuando “dejó que se vaya” porque la joven quería “rehacer su vida”.
La pesquisa terminó develando cuestiones totalmente contrapuestas. Es que, en base a los elementos recolectados, se reconstruyó que la noche previa, es decir, el 16 de agosto, entre las 21.30 y las 23, mientras se disputaba un partido entre Arsenal y Boca Juniors, se produjo una discusión entre Horacelia y Monzón en el interior de departamento 3, de la planta baja del edificio A, de la chacra 150 de Villa Cabello, donde residían hace unos meses.

Monzón es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela -a la derecha-.
La hipótesis acusatoria sostiene que la discusión se originó por una relación paralela de la adolescente, tras lo cual se inició una pelea, en la cual Horacelia recibió tres golpes, uno en la cara, que le provocó el desprendimiento de tres piezas dentarias, y tres puñaladas con un cuchillo tipo carnicero, una de 14 centímetros de profundidad, que le perforó el pulmón y el corazón.
Posteriormente, fue desmembrada en cinco partes, puestas en bolsas de consorcio y descartada en distintos puntos del barrio, algunos en desagües que desembocan en el arroyo Mártires.
Gran parte de los restos -no todos- fueron hallados horas después gracias a los señalamientos dados por el propio imputado, según se consigna en el requerimiento de elevación a juicio leído esta mañana ante todos los presentes en la sala de audiencias.
Antes de arrancar el juicio, en el marco de los planteos preliminares, el defensor Varela solicitó la nulidad de algunas medidas previas, referidas principalmente al rechazo de algunos testigos y al uso de pentotal sódico, pero el tribunal desestimó todos los pedidos.
Judiciales
Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
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La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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