Un informe elaborado por la Fundación Libertad, sobre la base de 55 ciudades observadas, reveló que Posadas es la jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por concejal, cuyo personal asciende a 1.585 trabajadores, lo que se traduce a una suma aproximada de 122 empleados por cada uno de los 14 ediles que integran el cuerpo deliberativo.

Según el estudio elaborado por la entidad privada creada en Rosario en 1988, la cifra del Honorable Concejo Deliberante (HCD) ubicado en la capital misionera duplica la de las dos ciudades con mayor ratio: Río Gallegos con 61 personas por concejal y San Salvador de Jujuy con 60. 

En el otro extremo, se encuentran Tandil, San Nicolás, Rafaela, Olavarría y Junín, donde la planta de personal adicional a los concejales es igual, o incluso menos cuantiosa, que la cantidad de concejales que la ciudad posee.

En valores absolutos, las plantas más numerosas, además de la de Posadas, son las de Salta (729), San Salvador de Jujuy (719 personas) y San Isidro (482). La ciudad de Córdoba tiene una planta de 260 personas, lo que da un ratio de 8 personas por Concejal.

Costo anual por concejal

Con el objetivo de conocer cuánto dinero gastan los concejos deliberantes, el estudio de la Fundación Libertad publicado esta semana constató que San Miguel de Tucumán lidera el ranking con un gasto de $668 millones anuales por concejal, seguido por Río Gallegos ($639), San Salvador de Jujuy ($564) y Posadas con $429 millones.

El relevamiento tomó como unidades de análisis a 55 ciudades, sobre las cuales observó los presupuestos municipales correspondientes al año 2024, destinados a las legislaturas municipales, las cuales arrojaron un gasto total de $123.290 millones.

“Si se tiene en cuenta que el total de concejales de las jurisdicciones en cuestión asciende a 953, esto implica que cada uno de ellos tiene un costo de $129,4 millones al año. O, en otras palabras, equivalente a $10,8 millones mensuales”, arrojó la entidad en su análisis de datos.

En el otro extremo, las que registran menor costo por concejal son las ciudades de Junín y de Merlo, con erogaciones de $10,6 y $17,5 millones anuales respectivamente.

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La Municipalidad de Posadas convocó a una nueva audiencia pública para “readecuar” las tarifas del boleto único de pasajeros de la ciudad el próximo 3 de enero del 2025.

Por medio del decreto 1422/24, el Ejecutivo Municipal informó sobre la convocatoria que se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del Parque de la Ciudad a partir de las 9.

Los interesados en participar de la audiencia no vinculante podrán inscribirse en la oficina de la Secretaría de Movilidad Urbana, ubicada en la avenida Cabred 1741, en la franja horaria de 8 a 13, los días jueves 26 y viernes 27.

“La audiencia pública busca garantizar la transparencia en el proceso de readecuación tarifaria, ofreciendo a los ciudadanos un espacio para expresar sus opiniones y propuestas sobre el servicio”, precisó el Ejecutivo, sin embargo, lo expuesto por los usuarios en dicha reunión no influye en la decisión final que toman las empresas y el municipio para incrementar los costos del boleto.

Dicha audiencia está establecida en la Carta Orgánica municipal con el objetivo de dar participación a la ciudadanía e informar sobre los motivos por los cuales se ejecuta dicho incremento. De esta manera, cumpliendo con lo establecido, la reunión quedó fijada para el viernes 3 de enero.

Luego de la última audiencia pública realizada en julio, el boleto único de pasajeros en la capital misionera aumentó en agosto y pasó a costar $850 con la tarjeta Sube o la aplicación, mientras que abonando en efectivo el valor se elevó a $1.100.

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El presidente Javier Milei avanzó este martes con la derogación de la ley de emergencia indígena, lo que genera alarma en las comunidades originarias del país, donde existen al menos 254 disputas territoriales, siendo la Patagonia la región más perjudicada. En Misiones, uno de los principales conflictos se originó en la localidad de San Ignacio, por lo que las autoridades provinciales comenzaron a evaluar lineamientos para mediar entre el Estado, la población afectada y los sectores privados.

La normativa publicada en el Boletín Oficial derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a casi dos décadas de protección frente a desalojos y la realización de relevamientos catastrales para la regularización de territorios a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), lo que se hacía efectivo mediante la Ley 26.160, vigente desde el año 2006.

Según el Ejecutivo, esta normativa generaba “conflictos territoriales y jurídicos, afectando derechos constitucionales como la propiedad privada y el control provincial de recursos naturales”.

En el documento oficial, el gobierno subrayó: “Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”.

La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 y cuenta con la firma del presidente, además de Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

Repudio y medidas en Misiones

Tras la derogación de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, fueron varias las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios que repudiaron la medida. Fue el caso del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen- Emipa.

A través de un breve comunicado, recordaron que: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación y exhorta al Estado argentino a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y a promover el reconocimiento de personerías jurídicas y titulación de territorios, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y buscando relaciones interculturales armónicas”.

Según información a la que pudo acceder este medio, desde la legislatura provincial “evalúan una pronta reunión de comisión” a fin de tratar el tema. Mientras que, la Dirección de Asuntos Guaraníes encamina un “plan de contingencia”.

Simultáneamente, la situación que atravesó la comunidad Mbokajaty despertó la preocupación de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Un reclamo a Nación desde San Ignacio

Roberto Bonetti es un vecino del Teyú Cuaré desde hace una década y en los últimos cuatro años se vio obligado a denunciar por amenazas a Rosalino Ramos, cacique de la comunidad Mbokajaty II.

Como dueño de la reserva natural Monte Adentro, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones que sufrió “agresiones por parte de la comunidad Mbokajaty II. Siempre que iba a la reserva estaba el cacique con miembros de la comunidad amenazando con machetes. También decían que iban a prender fuego el lugar, que iban a quemar la camioneta, que me iban a matar, cortaban el camino, tumban árboles y el cartel de bienvenida”.

Al mismo tiempo, descartó la presunta construcción de un hotel en la zona, hecho que había sido denunciado en julio por la mencionada comunidad. “No hay ningún hotel que se esté construyendo. El conflicto es entre las comunidades que fueron puestas acá por intendentes de gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título territorial que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.

Tras los reiterados enfrentamientos, decidió presentar un petitorio ante el Ministerio de Justicia de la Nación pidiendo que se anule el relevamiento técnico realizado por el Inai, al cual consideró “un fraude”. En esa instancia, fue atendido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes se comprometieron a resolver la situación en ese momento.

Para finalizar, agregó que mientras regía la Ley 26.160, ahora derogada: “Lo que intentaban hacer era pasar por encima de los derechos de propiedad amparados por una ley y un relevamiento que eran un fraude”.

Otros puntos de la derogación

El decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones, limitó el uso productivo de las tierras y propició inscripciones irregulares de comunidades.

Actualmente, el gobierno reconoce 1.626 comunidades indígenas en todo el país, aunque cuestiona que muchas de ellas no cumplirían con los requisitos legales para ser consideradas como tales.

Además, busca “recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, garantizando que los propietarios afectados por ocupaciones puedan retomar acciones legales para recuperar sus tierras.

Por lo pronto, diversas organizaciones defensoras de los pueblos originarios anticipan que los desalojos forzosos exacerbarán la violencia y pondrán en riesgo derechos básicos de estas comunidades.

FOTO: Agencia Tierra Viva.

Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio

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