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Hoy vuelven a la presencialidad plena trabajadores de la administración pública
Los trabajadores de la administración pública regresan este lunes a la presencialidad plena, de acuerdo con el decreto del Gobierno nacional que estableció como fecha límite el 1 de mayo para poner fin a la modalidad de trabajo remoto, tras haber superado la etapa crítica de la pandemia de coronavirus.
Superada la etapa crítica de la pandemia, desde este lunes dejan de estar vigentes los Decretos de Necesidad y Urgencia que establecieron mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas dispuestas para frenar los contagios.
A poco más de dos años de la irrupción de la Covid 19 en el país, este domingo dejan de estar vigentes los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas de cuidado dispuestas para frenar los contagios en el país.
“Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (…) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios”, resolvió la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, a través de la Resolución 58/2022, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial.
Un primer paso ya había sido dado a mediados de agosto pasado, cuando los empleados estatales empezaron a retornar a sus puestos de trabajo, aunque bajo un esquema mixto que combinó tareas remotas y “presencialidad programada”.
En aquel momento, la norma dictada por el Gobierno fijó la presencialidad para “los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid-19”, autorizadas en la Argentina, luego de 14 días posteriores a la inoculación.
Para ese período iniciado en agosto del 2021, el Estado reacondicionó sus sedes, de acuerdo con parámetros establecidos por las autoridades sanitarias para mantener los cuidados que, además del uso de barbijo y la sanitización, obligó a espaciar el número de personas en un mismo ámbito.
Aquella norma fue dictada a partir de la certeza de que se habían alcanzado “altas coberturas de vacunación con una dosis” y que se había registrado un “descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones”.
De todos modos, ahora también los trabajadores deberán continuar respetando recomendaciones generales para prevenir nuevos contagios de coronavirus y de otras enfermedades respiratorias, según informa Télam.
En paralelo y de acuerdo con la resolución firmada el mes pasado por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, los organismos estatales deben solicitar los certificados de vacunación a sus trabajadores.
En el caso de aquellos que hayan desistido de vacunarse contra el coronavirus deberán “firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten”.
También, los no vacunados tienen que comprometerse a “tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran”.
Para esta vuelta definitiva a la presencialidad, el Gobierno dispuso que seguirán “exceptuadas” las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.
“Solamente hoy siguen trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos 5 y 6 de la última resolución de Salud, una situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial”, explicó en su momento Castellani.
Los exceptuados a prestar servicios de manera presencial son, por un lado, las personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del status) y pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.
En este grupo también figuran los pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y los trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
Además, según los parámetros del Ministerio de Salud, “aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta”.
Con todo, la resolución que empezó a implementarse hoy advierte que “aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable”.
La Junta Municipal de Protección Civil confirmó que para las 8 de la mañana de hoy el río Uruguay había alcanzado la altura de 12,23 metros, superando así el nivel de alerta, situado en 11 m. Considerando que el caudal alcanzaría su límite máximo en horas del mediodía, no descartan evacuaciones en las próximas horas.
En diálogo con FM Show, el intendente de El Soberbio, Ricardo Eusebio Leiva, confirmó: “Tenemos previsto que el río puede alcanzar los 16 metros. Con 14 o 14,50 m ya tendríamos que evacuar”, aseguró y añadió que el protocolo alcanzaría a al menos 10 familias.
Por su parte, Enrique Parra, subsecretario de Protección Civil sostuvo que por el momento no se puede calcular con exactitud cuántas familias podrían ser evacuadas, pero afirmó: “Para las 13 tendremos el pico máximo y seguramente algunas familias serán evacuadas, a partir de esa hora el río se estabilizará y a la tardecita comenzará a bajar”.
El fenómeno responde a los 190 milímetros de lluvia caídos en menos de 24 horas el martes, sumados otros 200 mm en el municipio brasileño de Chapecó, lo que impacta directamente en la altura del río, considerando también la liberación de grandes cantidades de agua con la apertura de la represa Foz do Chapecó situada en el país vecino.
Paralelamente, el personal de Vialidad Provincial realiza trabajos de limpieza de alcantarillas y canalización de arroyos.
De esta manera, las copiosas lluvias no solo provocan anegamientos en las calles, sino que ponen en riesgo a la población humana, como también al sector productivo agrícola y ganadero.
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Ante el aumento del caudal del río Iguazú como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región, la empresa concesionaria de los servicios en el Parque Nacional Iguazú informó el cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo.
La compañía Iguazú Argentina comunicó la medida a través de sus redes sociales oficiales, donde explicó que el cierre preventivo fue dispuesto con el objetivo de “garantizar la seguridad de los visitantes” que recorren el atractivo turístico.
En esa línea, la concesionaria indicó que se realizarán “monitoreos constantes para evaluar su reapertura”. Asimismo, precisó que los circuitos Superior e Inferior de las Cataratas permanecen habilitados para los visitantes.
Las intensas lluvias que en las últimas horas obligaron al cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú, también provocaron complicaciones en el centro y este de Misiones. Entre las medidas adoptadas por las autoridades, este miércoles se dispuso el cierre preventivo del acceso al Parque Provincial Moconá debido a la crecida del arroyo Yabotí.
FOTO PRINCIPAL: El Territorio
La plataforma de telemedicina que se convirtió en el principal canal digital de acceso al sistema público de salud en Misiones desde la pandemia, Alegramed, dejará de funcionar en los próximos días, por lo que el gobierno prepara una aplicación propia que permita darle continuidad al servicio de consultas virtuales, turnos y acceso a resultados de estudios.
El cierre definitivo fue anunciado por la misma aplicación a través de un mensaje de alerta a los usuarios, en el que, bajo el rótulo “Información importante” se puede leer: “Esta App dejará de funcionar. Pronto vas a poder usar una nueva aplicación del Gobierno Provincial”.
Desde el gobierno, sostienen que el desafío será “garantizar que la transición resulte imperceptible para los cientos de miles de usuarios del servicio que ahora tendrá un cambio de proveedor tecnológico”.
La aplicación fue creada por el empresario Augusto Marini, también fundador de Cale Group, con el objetivo de articular agendas médicas, turnos, historia clínica digital, estudios complementarios, teleconsultas, circuitos hospitalarios y múltiples procesos administrativos que hoy forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema sanitario misionero.
En este sentido, la migración implica preservar información clínica, mantener la continuidad asistencial y evitar interrupciones en servicios utilizados diariamente por miles de pacientes.
El contrato de Alegramed fue ejecutado a través de la Fundación Parque de la Salud y contemplaría un esquema de pagos cercano a los US$ 9 por cada usuario registrado. Sobre una base estimada de 350.000 personas inscriptas -de los cuales entre 60.000 y 100.000 son usuarios activos cada mes-, la cifra superaría los US$ 3 millones financiados con recursos públicos por fuera de la estructura tradicional del Ministerio de Salud.
La decisión de desarrollar una aplicación propia apunta a eliminar ese gasto, sosteniendo los mismos servicios con recursos del Estado.
Pedido de informes
Semanas atrás, la diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Rosi Kurtz, realizó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre el funcionamiento y financiamiento de Alegramed.
Recientemente, fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar ante el cierre de la plataforma digital que utiliza el sistema público de salud provincial.
“Alegramed deja de funcionar. Durante meses pedimos explicaciones sobre su contratación, su funcionamiento y el destino de los fondos públicos invertidos. También recibimos reclamos de cientos de misioneros que no lograban acceder a turnos o sufrían fallas en el sistema”, expresó Kurtz a través de su cuenta personal de Instagram.
“Hoy, con el anuncio de su finalización, quedan muchas preguntas sin responder: ¿Cuánto dinero público se invirtió en Alegramed?, ¿Cuál fue el balance de ese contrato?, ¿Quiénes fueron los responsables de esta decisión? y ¿Qué alternativa tendrán ahora los pacientes para obtener turnos?”, planteó.
Y concluyó: “La salud pública no puede depender de proyectos improvisados. Los misioneros merecen transparencia, planificación y un sistema que realmente funcione. Vamos a seguir exigiendo respuestas”.
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