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Ambiente

Sancionan ley que crea el fuero penal ambiental en la Justicia de Misiones

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La Cámara de Representantes sancionó este jueves la ley que crea el fuero ambiental en la Justicia provincial, una instancia que coloca a Misiones a la vanguardia entre las provincias del país, y también a nivel del fuero federal.

El proyecto aprobado por unanimidad era resultado de la suma de varias iniciativas de legisladores de los diferentes bloques partidarios, y tenía dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, de octubre de 2021.

La ley crea un juzgado con asiento en Posadas, con jurisdicción en toda la provincia, dos secretarías y una fiscalía para impulsar las causas.

La nueva legislación le concede al juzgado ambiental  competencia en toda acción derivada del ejercicio de defensa del ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales, el equilibrio de sus ecosistemas y los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía; en los procesos cautelares ambientales; en los juicios ordinarios por reparación o remediación de daño ambiental, incluida la faz resarcitoria privada; y en todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.

Señala que la competencia del juzgado no puede ser delegada y excluye al fuero penal de toda cuestión relacionada con el medioambiente.

Asimismo, otorga a la fiscalía ambiental las funciones de promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente ante el juzgado; solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas ante organismos nacionales, provinciales o municipales; recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público y a otros entes e instituciones; coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales y administrativas provinciales, e incluso requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas.

También, celebrar acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño; concurrir a las audiencias públicas que se llevan a cabo sobre cuestiones ambientales.

La ley le otorga al Superior Tribunal de Justicia de la provincia la autoridad de aplicación, para proceder a la distribución de tareas, turnos, reubicación o designación de secretarios y personal, y fijar la fecha de apertura del juzgado y la fiscalía creados.

La nueva normativa se suma al paquete de leyes y políticas ambientales desarrolladas en la provincia, como la ley provincial de humedales, que también sigue siendo una cuenta pendiente a nivel nacional.

Argentina

El 24 de septiembre de 2020, Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, que establece el acceso a la justicia ambiental, el acercamiento a la información y a la participación pública de las comunidades, pero el país todavía no cuenta con fuero ambiental en la justicia federal.

El fuero federal cuenta con una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), creada en 2006 mediante un convenio de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio Público Federal, en el marco de la causa “Mendoza”, un fallo histórico que obligó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a restituir los daños provocados por la contaminación del río Matanza Riachuelo, que nace en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata.

La función de la Ufima es reducida, porque únicamente da apoyo sobre las líneas de investigación a las fiscalías y juzgados federales de todo el país, pero no abre expedientes de investigación. Su presupuesto, inicialmente, dependía de la Secretaría de Ambiente. Pero el convenio terminó y el MPF se hace cargo, financieramente, de esta unidad.

En 2018, las cámaras de Senadores y Diputados emitieron un proyecto de ley para crear tres juzgados federales ambientales en el norte, centro y sur del país, de una Cámara Federal de Apelaciones, tres fiscalías federales y una secretaría ambiental por cada una de las provincias. Sin embargo, la propuesta, nunca fue una prioridad en la agenda legislativa.

Actualmente, Argentina juzga los casos ambientales con base en la Ley de Residuos Peligrosos, sustentada en siete artículos del Código Penal relacionados con las afectaciones a la salud pública y también las infracciones a la norma 22.421, que es la Ley de Conservación de la Fauna.

En abril pasado, la diputada y presidenta del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, junto a los diputados Emilio Monzó, Sebastián García De Luca y Domingo Amaya, presentó un proyecto para la creación de la Justicia Federal para la Protección del Ambiente, similar al de 2018.

El proyecto, crea cinco juzgados federales ambientales de primera instancia y una Cámara Federal de Apelaciones, organizados en cinco circunscripciones judiciales.

Misiones está incluida en la tercera circunscripción, junto a Formosa, Chaco, y Corrientes, con asiento en la capital de esta última provincia.

 


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Ecología suspendió millonaria multa por apeo en comunidad Mirí Marangatú

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El viernes 19 de julio, el Ministerio de Ecología, a través de la resolución 236/24, suspendió la disposición 107/24 que exigía el cobro de 34 millones de pesos en concepto de “extracción y comercialización de maderas nativas” a la comunidad mbya Mirí Marangatú, que reside en la Reserva de las 2.000 hectáreas de Puerto Iguazú.

La medida había sido impulsada por el director de Bosques Milton Morán en mayo pasado y finalmente suspendida la semana pasada, teniendo en cuenta que antes de aplicar cualquier sanción, Ecología debe dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes.

De esta manera, consideraron que “se hace necesario” suspender la multa económica que recaía sobre el cacique Romualdo Benítez “hasta tanto se efectivice en estos obrados la debida intervención de Asuntos Guaraníes y demás organismos que pudieren tener injerencia en la temática de las Comunidades de Pueblos Originarios”.

Resolución 236/24 del Ministerio de Ecología que suspende la disposición 107/24

Consultado por La Voz de Misiones, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, confirmó que se encuentra trabajando sobre el expediente y en los próximos días realizarán una reunión con la comunidad para resolver el inconveniente y evaluar el reclamo del Ministerio de Ecología, ya que, a su entender “la denuncia de apeo fue hecha por integrantes de la misma comunidad”. 

Por su parte, el ministro Martín Recamán ratificó en diálogo con FM Santa María de las Misiones que dará intervención a Asuntos Guaraníes y recordó que Mirí Marangatú “tiene varias denuncias en su haber, incluso por la tala de 30 árboles”.

Al respecto, profundizó: “La comunidad tenía actas de infracción en poder del Ministerio de Ecología, realizadas por la Policía, por otras comunidades vecinas. Puntualmente ésta, estaba vinculada al apeo de 30 árboles, había una infracción

Y agregó: “En el territorio sucede de todo y no quiero enfocarme solo en ellos. A mí me pesa más una extracción de madera sin un plan de manejo. Muchas veces me toca hablar con transportistas y madereros, que vienen con el acta en mano, porque les incautaron el vehículo en operativos de Policía y Gendarmería. Pero no les podemos dar una solución cuando le aplicaron una infracción. Hay una ley que se aplica y hay una sanción y las vamos a aplicar, con el espíritu de mantener nuestro monte en pie”.

Cacique se defiende de denuncia por apeo ilegal en Iguazú: “Es una farsa”


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Nacieron los primeros osos hormigueros mellizos del país en el Iberá

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A través de un comunicado emitido por la red social “X”, la fundación Rewilding Argentina anunció el “primer registro de osos hormigueros mellizos en el país”. El nacimiento ocurrió en la reserva San Alonso, situada dentro del Parque Nacional Iberá, y fue registrado y difundido por la organización no gubernamental que trabaja para revertir la crisis de extinción de especies.

En el mismo posteo, que estuvo acompañado por un video, la fundación detalló que “desde 2007, la reintroducción del oso hormiguero gigante en Iberá ha sido un éxito. Este año, registramos el nacimiento de mellizos, un hecho rarísimo en esta especie”.

De esta manera, se dio a conocer a la osa hormiguera que dio a luz por primera vez en el país a mellizos o, al menos, la primera con registros que dan cuenta de ello. En la región se conoció solamente un caso en el Pantanal Sul en el Mato Grosso, Brasil, donde trabaja la organización Onçafari.

Rescate y liberación

Los animales liberados en el parque Iberá son en su mayoría huérfanos rescatados por los gobiernos de otras provincias del norte argentino, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Más de 100 de estos osos hormigueros fueron rehabilitados y liberados al cumplir el año de edad aproximadamente. Tanto los huérfanos como algunos adultos dieron origen a la población del humedal correntino.

En cada temporada la fundación registra nuevos nacimientos de animales a lo largo y ancho del país, como fue el caso de tres cachorros de yaguareté, mientras que ahora se produjo un nuevo récord dentro de su proyecto para la reintroducción del oso hormiguero gigante.

Estos mamíferos, que se extinguieron en Corrientes a mediados del siglo XX, pueden medir hasta 2 metros de longitud y pesar alrededor de 50 kilogramos.

El oso hormiguero gigante es el más grande de los edentados, grupo que también incluye a los perezosos y armadillos (tatúes, mulitas y afines).


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Cacique se defiende de denuncia por apeo ilegal en Iguazú: “Es una farsa”

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Esta semana el cacique Romualdo de la aldea Miri Marangatú, ubicada en la zona de las 2000 hectáreas de Puerto Iguazú, recibió una denuncia del Ministerio de Ecología por “extracción y comercialización de maderas nativas” junto a una notificación que exige el pago de “34 millones de pesos”.

En diálogo con La Voz de Misiones, Romualdo confirmó que la notificación recibió por parte de efectivos de la Comisaría Tercera el viernes 5 de julio y frente a esta situación, reconoció: “Estoy tranquilo porque la denuncia es una farsa, busca que abandonemos la aldea. Hace varios años estamos esperando tener un aula satélite, por lo que creemos que el municipio tampoco nos va a ayudar en esto, pero estamos resistiendo”.

Miri Marangatú está conformada por alrededor de 35 familias donde hay más de 60 niños en edad de ingresar al jardín o cursar la escuela primaria. Hoy están sin acceso a la educación, ya que la escuela más cercana se encuentra a dos kilómetros de distancia y por día deberían recorrer un total de cuatro kilómetros, entre ida y vuelta.

Además del pedido de un aula satélite, solicitaron una sala de atención médica sin recibir respuesta. Pero además tienen varias necesidades básicas insatisfechas, como por ejemplo, el acceso al agua potable y a la luz eléctrica. Ahora, enfrentan una demanda que amenaza su hogar y su forma de vida.

A través de un comunicado, recordaron que la comunidad convive “en armonía con la naturaleza, dedicándose a la artesanía y utilizando materiales sostenibles como barro y tacuara”, de esta forma y al igual que las demás comunidades originarias “protege el bosque y utiliza principalmente árboles caídos”.

Luego afirma “esto es un abuso descarado. Romualdo, cuya lengua materna es el guaraní, fue forzado a firmar esta notificación sin una explicación clara ni ayuda para entender las complejas expresiones en español. Esta acción atenta contra sus derechos básicos y busca expulsarlos de sus tierras ancestrales”.

Ya en el año 2020 recibieron una denuncia “por apeo ilegal” por parte del mismo organismo, la cual llevó a una inspección en el área perteneciente a ese pueblo. En ese entonces el cacique reconoció “hay mucho interés por el territorio de Mirí Marangatú”.

 


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