Un juicio oral y público sin precedentes en el país inició este martes en el Juzgado Federal Uno de Formosa contra cuatro hombres acusados de matar, carnear y comer a un yaguareté en julio del 2024. La especie está en peligro crítico de extinción en Argentina y se calcula que solo quedan entre 200 y 300 ejemplares.

Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León son las primeras personas en ser juzgadas por la caza de un yaguareté en la Argentina y podrían ser condenados a una pena de hasta tres años de prisión.

Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros. De acuerdo a lo relatado por los involucrados, todo comenzó por la desaparición de un animal vacuno de la chacra.

Armados y acompañados de perros, Máximo Cisneros junto a Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León, tres changarines que trabajaban en la zona, salieron en busca de la vaca perdida.

Para cuando los cuatro hombres encontraron a la vaca, estaba muerta y cerca de sus restos se hallaba el ejemplar de yaguareté.

Según el testimonio de los acusados a la prensa, el yaguareté los empezó a “atacar” y “trituró” a dos de los perros. Fue en ese momento que, “en defensa propia”, Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.

Sin embargo, luego de matar al yaguareté, se fotografiaron sonriendo junto al cuerpo antes de ser carneado, para después comerlo. En tanto, la Justicia nunca pudo hallar la piel del ejemplar, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.

Juicio histórico

Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia.

En consecuencia, la Policía formoseña allanó el campo de Máximos Cisneros, quien ante la presencia de los uniformados intentó huir, pero fue detenido.

Un mes después, los otros tres señalados que tenían pedido de captura se presentaron ante la Justicia y permanecieron detenidos hasta que obtuvieron la prisión domiciliaria.

Finalmente, los cuatro imputados son juzgados por matar, carnear y comer a un yaguareté. La condena del tribunal podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.

El yaguareté está en peligro crítico de extinción desde el 2001 debido a la caza furtiva y la perdida de su hábitat. La especie está protegida por la Ley 25.463, que lo declaró Monumento Natural Nacional.

Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.

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El equipo de Red Yaguareté rastreó un ejemplar del “tigre criollo” dentro de un área monitoreada con cámaras en el Valle del Cuña Pirú. Si bien el hallazgo fue celebrado, los miembros de la organización solicitaron al Ministerio de Ecología “poner fin, sin contemplaciones, a la caza en toda la región”.

El anuncio fue dado en las últimas horas, a través de sus redes sociales, mediante un comunicado en el que detallaron: “Huellas inconfundibles en el barro de una picada nos devolvieron la alegría”.

Finalmente, esta semana las marcas fueron reconfirmadas con nuevos hallazgos, por lo que aseguraron: “El Valle del Cuña Pirú nuevamente alberga a un yaguareté”.

Se trata del primer ejemplar registrado luego de más de tres años: “La espera pareció eterna y fue sumamente preocupante, luego de un esfuerzo descomunal que modificó para siempre la convivencia del yaguareté con las actividades productivas en Misiones, especialmente la ganadería. El equipo de la Red Yaguareté que durante una década y media trabajó a destajo en el Valle del Cuña Pirú y áreas vecinas, asistió con desolación a la desaparición del gran depredador misionero de las bellas serranías de Aristóbulo del Valle, Ruiz de Montoya y adyacencias”.

Y recordaron: “La habitual presencia de yaguaretés, ampliamente documentada por los monitoreos de la Red, se terminó, y Amboty, el entonces macho residente y dominante, que había sido documentado con cámaras en 209 oportunidades entre 2019 y 2022, no solo no fue vuelto a ver, sino que ningún otro ejemplar tomó su lugar, como venía ocurriendo desde años atrás, en un proceso saludable de intercambio de individuos”.

Con varias amenazas latentes como la “sobrecaza” y el desmonte, la preocupación de los ambientalistas fue ascendiendo al dejar de observar rastros y pistas compatibles con el felino. Pese a ello, quienes tienen como principal objetivo “salvar a los yaguaretés”, continuaron intensificando relevamientos, la colocación de cámaras y los rastrillajes.

“Fueron necesarios tres años hasta que hace unas semanas, a principios de julio, la felicidad fue toda de los yaguareteros, huellas inconfundibles en el barro de una picada nos devolvieron la alegría, que fue reconfirmada esta semana con nuevos hallazgos: EL VALLE DEL CUÑA PIRÚ NUEVAMENTE ALBERGA A UN YAGUARETÉ”, enfatizaron.

Alerta máxima

En el mismo documento la organización se declaró en “estado de alerta máxima” ante el registro de casos de caza furtiva, sobre lo que lamentaron: “la amenaza de la caza inentendiblemente se mantiene a estas alturas sin castigos reales, sigue siendo una tremenda amenaza”.

“En esta zona donde la interacción entre el máximo depredador y las actividades productivas es muy alta, el yaguareté solamente puede sobrevivir si existe una política eficaz de convivencia, no hay otra solución que la de una presencia activa y eficiente de las autoridades competentes junto al desarrollo e implementación de las medidas antidepredatorias y compensatorias que establece la Ley de Grandes Felinos, con eliminación total de amenazas como la caza, los atropellamientos en rutas y la deforestación que continúa vigente”, resaltaron.

Para finalizar, solicitaron al Ministerio del Agro “intervenir activamente para la implementación de medidas de mitigación de depredaciones en todas las propiedades productivas”.

En tanto, al Ministerio de Ecología sugirieron “ponerle fin, sin contemplaciones, a la caza en toda la región. Solo tendremos yaguaretés si se acaban las balas”.

El último relevamiento publicado por la fundación Vida Silvestre en junio del corriente año, alertó sobre una leve baja en la población, con una media de 84 ejemplares a lo largo y ancho de Misiones, cuando el mismo estudio en 2022 contabilizaba 93.

Alertan que en el Yabotí queda un solo yaguareté macho y desarrollan repoblación

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, a cargo de Martín Recamán, declaró “no viable” el proyecto de la Asociación Iguazú Pro Karts en el kartódromo de la ciudad turística, ubicado en la zona de las 2.000 hectáreas, lindante al Parque Provincial Puerto Península, argumentando “impactos ambientales negativos irreversibles”.

A raíz de un comunicado en repudio emitido por Greenpeace Argentina este lunes 28 de julio, la cartera ecológica frenó las obras de infraestructura que se realizaban en el kartódromo de la localidad y activó una inspección en el predio.

Con los resultados de esa inspección, Ecología resolvió declarar “no viable” la continuidad de las obras en el circuito de carreras de corta duración, debido a que la “evaluación técnica detallada” identificó “impactos ambientales negativos irreversibles”, informó el área este martes por medio de un comunicado.

Actuaciones

De acuerdo a lo que explicó el ministerio a cargo de Recamán, las inspecciones en el lugar iniciaron en enero del corriente año y estuvieron a cargo de las direcciones de Impacto Ambiental y Recursos Vitales, junto al director de Ambiente de la Municipalidad de Puerto Iguazú.

En paralelo, la asociación presentó el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto en el kartódromo, que exige la Ley provincial N° 35, y la Comisión Técnica de Evaluación que examinó el documento notificó a los responsables las “observaciones técnicas y requerimientos”, según afirmó la cartera en su comunicado.

También, sostiene Ecología, se convocó a una consulta ciudadana de la cual participaron representantes del proyecto; autoridades locales; técnicos del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio); organismos ambientales, guardaparques y vecinos.

“Transcurrido 24 días desde la audiencia pública sin que se presentaran las respuestas técnicas ni el informe de participación ciudadana, documentación obligatoria en el marco de la evaluación, la Comisión Técnica emitió su informe final concluyendo que el proyecto no es viable ambientalmente, y resolvió rechazar el EIA, negando su autorización, habilitación y ejecución”, apuntó la cartera ambiental misionera dando a entender que las obras que continuaron en el kartódromo fueron sin las autorizaciones correspondientes.

Infracción e intimación

En esa línea, Ecología precisó que durante el proceso de evaluación del proyecto las áreas correspondientes “detectaron una infracción ambiental por cambio de uso del suelo sin autorización” y activó una inspección el domingo 27 de julio que constató el avance de las obras sin la autorización correspondiente “lo que motivó un acta de paralización y el inicio de un sumario ambiental”.

Ante el avance de la infraestructura en el kartódromo por parte de la Asociación Iguazú Pro Karts, la cartera ambiental comunicó que intimarán a los responsables “a presentar en el plazo de 15 días un plan de restauración del área afectada por el desmonte, que deberá incluir la recuperación de la faja ecológica lindante al Parque mediante la plantación de especies nativas”.

Dicho plan de restauración del área dañada en la ciudad turística estará bajo la supervisión, con inspecciones, y aprobación de las autoridades competentes.

No viable

El Ministerio de Ecología también explicó que declaró “no viable” a las obras en el predio del circuito de carreras por estar ubicado en un espacio con “alto valor ecológico donde habitan especies amenazadas como el yaguareté (Panthera onca), y que la propuesta vulnera normas ambientales provinciales y nacionales”.

Y precisó: “La decisión se fundamenta en los impactos negativos permanentes y no mitigables que la actividad implicaría para los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales del área”.

Además, sostiene la cartera, “se identificaron riesgos como contaminación acústica, lumínica, del aire, suelo y agua, fragmentación del hábitat, peligro de incendios forestales y aumento de la presión antrópica sobre el Parque Provincial Puerto Península”.

Ecología frenó obras en el kartódromo de Iguazú tras una inspección ambiental

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