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Ministerio de Ecología permite tala de árboles en territorio ancestral mbya

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El desmonte fue denunciado por tres comunidades en abril de 2019. Ayer, un aborigen quiso sacarle una foto a un hombre que talaba un árbol, quien le apunto con una escopeta y lo amenazó de muerte.

 

CAMPO GRANDE. En las últimas horas, salió a la luz una nueva denuncia de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande.

La comunidad viene hace años luchando para que se reconozca su propiedad sobre la tierra y que se detenga la tala de árboles nativos por parte de la empresa Carba, lo cual fue autorizado por Ecología en los últimos meses.

El último conflicto suscitado en torno a la problemática fue informado por la propia comunidad en un comunicado, en el cual sostienen que, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, un joven miembro de la aldea -identificado como Roberto Duarte (22)- fue a recorrer el territorio, “cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”.

Asimismo, agregaron que, cuando Duarte le preguntó qué hacía, al tiempo que pretendía sacarle una foto con su celular, el presunto trabajador lo amenazó a los gritos: “¡Si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”.

De esta forma, aseguraron estar “desprovistos de toda protección judicial”, víctimas de “una policía que nos ignora y un Estado provincial que no reconoce derechos”.

De larga data

La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

En febrero de este año se desató la polémica luego de que referentes de varias aldeas protestaron frente a los tractores para que estos no avanzaran sobre la selva.

La zona afectada –un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160– corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.

Luego de los sucesos de febrero, a lo que se suma otra tala en enero, a principios de este mes las máquinas estuvieron trabajando en un sector denominado lote 5b.

Las tres comunidades participaron del proceso administrativo que autorizó el desmonte, denunciando siempre la violación de sus derechos a consulta pública sin que fueran oídos.

Se interpuso un recurso de reconsideración contra la autorización del gobierno provincial a que se realice el desmonte, “el que según nuestras normas tiene efecto suspensivo”, recalcaron desde la comunidad.  No obstante, en pleno aislamiento obligatorio, la empresa continuó con el desmonte.

Ecología de corte

El reclamo de los aborígenes sobre el avance de Carba S.A. en tierras sagradas “tiene un responsable y no es la empresa, es el Ministerio de Ecología de la provincia que continúa justificando el desmonte”, subrayó Marcelo Vasco Baigorri, periodista y miembro del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

Baigorri criticó “la orientación de las políticas adoptadas por el Ministerio de Ecología, que deberían reverse hacia la conservación y terminar con este tipo de conflictos que destruyen mucho más que un pedazo de selva, atacan la esencia de la relación de entre los guaraníes y el entorno natural”.

Según explicó el referente de la pastoral, la tala del monte nativo se hace en rodales -espacios determinados autorizados por Ecología- donde el desmonte es medido y minucioso sobre especies específicas.

“La empresa elige los árboles más añejos porque ya no producen tantas semillas o frutos, pero sí tienen, por su gran porte, valor comercial por la madera”, detalló el periodista y continuó: “El mbya guaraní siente esa pérdida como algo muy profundo porque ellos son parte de su entorno”.

“Lo legal no siempre es moral”, sintetizó Vasco Baigorri en referencia a las justificaciones del ministro de Ecología, Mario Vialey, sobre los permisos otorgados amparados en un Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos.

Con el apeo de árboles y el conflicto abierto, el ministro Vialey se refirió a la disputa con los mbya y, en declaraciones al sitio web Argentina Forestal, explicó: “Las actividades se retomaron en dos lotes de la propiedad en esta segunda etapa de la cuarentena, ya que el sector forestal está exceptuado por ser una actividad considerada de servicios esenciales por disposición provincial y nacional. Respetando el Lote 3, que fue el señalado como un lugar sagrado por una de las comunidades -de cinco que conviven con la empresa-, se autorizó a continuar con su Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos en la propiedad según lo previsto por la legislación vigente”.

Asimismo, sobre el proceso de reanudación de las actividades, Vialey indicó que “en este tiempo se revisaron los procedimientos, y la empresa Carba S.A. tiene los planes forestales autorizados por el organismo para la extracción selectiva de bosques nativos”, dijo y remarcó: “Es una empresa que siempre mostró predisposición de participar en las mesas de negociación y aportan a los planteos propuestas superadoras. Necesitamos en Misiones más empresas como esta”.

El ministro aseguró que “este es un plan forestal antiguo, que cumplió con todas las instancias legales del proceso y fue respetuoso de todas las partes involucradas”, y planteó que “entre las mismas comunidades hay diferentes visiones e intereses, y por ello es una situación compleja de abordar para llegar a un acuerdo que atienda o conforme a todas las partes. Pero los canales de diálogo están vigentes”.

 

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Piden al Agro informes sobre convivencia entre yaguaretés y ganado

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La organización conservacionista Red Yaguareté presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, para conocer cuántas denuncias por depredación de animales domésticos atribuidas a yaguaretés y pumas se registraron en los últimos años, cómo fueron constatadas y qué compensaciones económicas recibieron los productores afectados de Misiones.

La solicitud, difundida a través de las redes sociales de la fundación, requiere información correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026 hasta la actualidad.

En el escrito, la organización también reclama detalles sobre la fecha y el lugar de cada denuncia, la especie involucrada, el procedimiento de verificación y el estado de las compensaciones previstas por la legislación provincial.

Desde la entidad sostuvieron que existe una falta de información pública “precisa y accesible” sobre la aplicación de las políticas vinculadas a la convivencia entre grandes felinos y la actividad ganadera. En ese sentido, cuestionaron que la difusión oficial se limite, en muchos casos, a publicaciones en redes sociales o declaraciones sin datos concretos.

“Quienes trabajamos en la conservación de especies en Peligro Crítico de Extinción como el yaguareté sabemos que, en su mayoría, esas difusiones carecen de veracidad y no muestran los verdaderos resultados de las acciones”, expresaron.

Datos

La Red Yaguareté recordó que durante más de 15 años desarrolló junto a productores ganaderos distintas experiencias de convivencia con grandes felinos, cuyos resultados fueron plasmados en informes técnicos, publicaciones científicas y propuestas de mejora que, según señalaron, contribuyeron a modificar la normativa provincial conocida como la “Ley de Grandes Felinos”.

Esa legislación establece la obligación del Estado provincial, a través de cartera del Agro, de compensar económicamente a personas o empresas que sufran pérdidas de animales domésticos por ataques de yaguaretés o pumas.

La organización indicó que, tras la implementación de ese sistema y el desarrollo del denominado “Seguro del Yaguareté”, impulsado junto a la empresa Río Uruguay Seguros como alternativa para algunas compensaciones, no se difundieron de manera detallada estadísticas oficiales sobre la cantidad de denuncias recibidas, los casos efectivamente comprobados ni las indemnizaciones otorgadas.

Acceso a la información pública

En ese marco, la fundación afirmó que el objetivo del pedido es acceder a información respaldada por evidencia y estadísticas oficiales que permita evaluar el funcionamiento del sistema y mejorar las políticas de conservación.

“Necesitamos y tenemos el derecho de conocer las acciones concretas, los avances, retrocesos y dificultades reales para continuar mejorando y evaluar la efectividad de lo realizado con información científica de calidad”, manifestaron.

Finalmente, remarcaron que contar con datos públicos y verificables permitirá analizar si las medidas implementadas favorecen la convivencia entre yaguaretés, pumas y productores ganaderos en toda la provincia. “La convivencia es el camino”, concluyeron.

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Científicas de la UBA desarrollan un bioplástico con mandioca y yerba mate

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Un equipo de científicas, estudiantes y becarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet desarrolló un material biodegradable elaborado a base de almidón de mandioca y yerba mate que podría convertirse en una alternativa sustentable al plástico convencional para el envasado de alimentos.

La investigación se lleva adelante en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos, bajo la dirección de la investigadora del Conicet Lucía Fama, junto a Natalia Hermoso, tesista de Ciencias Físicas; Leiza Fernández, becaria doctoral en Tecnología Química; y Julieta Pajoni, becaria doctoral en Ciencias Físicas.

El objetivo del proyecto es reemplazar parte de los plásticos derivados del petróleo por materias primas renovables de origen nacional, otorgando valor agregado a la fécula de mandioca y a la yerba mate mediante el desarrollo de films biodegradables aptos para el envasado de alimentos.

Según explicó Julieta Pajoni, el proceso comienza con la mezcla del almidón de mandioca con plastificantes naturales. Luego, esa combinación se procesa en una extrusora, donde se obtienen cordones termoplásticos que posteriormente son prensados mediante una prensa hidráulica para fabricar los films termoformados.

El desarrollo cobra relevancia frente al creciente problema ambiental que genera el plástico. Cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de este material en el mundo y apenas el 10% se recicla. El resto permanece durante décadas o incluso siglos en el ambiente.

Un film plástico convencional tarda entre 100 y 500 años en degradarse; este tarda apenas cinco semanas en tierra, dentro de un sistema de compostaje”, destacó Pajoni al explicar una de las principales ventajas del nuevo material.

La innovación también resulta especialmente significativa para Misiones, una de las dos provincias argentinas con producción industrial de fécula de mandioca. En Puerto Rico funciona la Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto (Caisa), donde desde hace varios años también se desarrollan productos con valor agregado a partir de este cultivo, como adhesivos.

Además del impacto ambiental positivo, las investigadoras sostienen que el proyecto representa una oportunidad para agregar valor a dos productos emblemáticos de la producción argentina. “Aparte del impacto ambiental, esta es una gran oportunidad económica para los productores de mandioca del país”, señalaron desde el equipo de investigación.

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Ponen en marcha un plan para reintroducir el loro Maracaná en Misiones

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones participa del Proyecto Maracaná, una iniciativa liderada por Aves Argentinas que busca reintroducir al loro homónimo, de lomo rojo, en el país, donde la especie se encuentra localmente extinta desde 1988.

Actualmente, once ejemplares atraviesan la etapa de entrenamiento para su futura liberación y ya nació el primer pichón en el marco de la iniciativa.

El proyecto reúne a organismos públicos y organizaciones especializadas con un objetivo común: generar las condiciones necesarias para que esta especie emblemática del Bosque Atlántico vuelva a habitar los ambientes donde desapareció hace casi cuatro décadas.

Aunque las causas de su extinción local no pueden atribuirse a un único factor, distintos estudios señalan que la pérdida y degradación del hábitat, la reducción de árboles aptos para la nidificación, el avance de la frontera agropecuaria, los conflictos con actividades productivas y la captura para el comercio ilegal de fauna contribuyeron a su desaparición.

Frente a este escenario, el Proyecto Maracaná impulsa un abordaje integral que combina restauración ambiental, investigación científica, manejo especializado de fauna y trabajo con las comunidades locales para recuperar las condiciones ecológicas necesarias para el regreso de la especie.

El Ministerio de Ecología integra esta iniciativa de Aves Argentinas junto al Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio),la Fundación Félix de Azara, el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güirá Oga y otros centros especializados, conformando una red de trabajo que articula capacidades técnicas, infraestructura y experiencia para avanzar de manera coordinada en la recuperación del maracaná lomo rojo.

El proyecto

Como parte del proceso de reintroducción, los ejemplares identificados o nacidos en cautiverio atraviesan una etapa de cuarentena sanitaria en Güirá Oga y posteriormente son trasladados a la Reserva Puente Verde. Allí comienza un período de socialización y entrenamiento en el que desarrollan habilidades fundamentales para sobrevivir en libertad, como el vuelo sostenido, la búsqueda de alimento, el reconocimiento del ambiente y la evasión de depredadores.

Los avances alcanzados reflejan el crecimiento del proyecto. Desde 2023, once ejemplares de maracaná lomo rojo se encuentran en entrenamiento intensivo en la Reserva Puente Verde, ubicada en la localidad misionera de Andresito.

Allí nació el primer pichón en el marco de la iniciativa, un hecho histórico que representa un paso fundamental para la futura reintroducción de la especie. Además, siete instituciones participan activamente en las tareas de recepción, cuarentena, cría y manejo de los ejemplares.

En este contexto, el Ministerio de Ecología habilitó recientemente el Centro de Manejo de Especies de la Reserva Puente Verde, ubicado en Península Andresito y administrado por Aves Argentinas. La nueva infraestructura fortalecerá las acciones del Proyecto Maracaná y otros programas de conservación de fauna silvestre, al ampliar la capacidad para el rescate, la rehabilitación, la cría y el entrenamiento de especies amenazadas, consolidando a Misiones como una provincia referente en la recuperación de la biodiversidad.

Rescataron a dos loros silvestres que eran ofrecidos en redes por $50.000

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