La magnitud de tala ilegal dentro del Parque Provincial Piñalito Sur, ubicado en San Pedro, mantiene en alerta al Ministerio de Ecología de la provincia, que llevó el caso a la Justicia y conformó un comité de crisis para evaluar los daños en el área natural protegida y determinar responsabilidades.

“Es un hecho aislado que en la historia de los parques provinciales no ha ocurrido”, manifestó Facundo Riga, subsecretario de la cartera ambiental, en diálogo con La Voz de Misiones.

Los avances en la investigación que inició la semana pasada, la cual lleva adelante el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar, resultó con la detención del dueño de un aserradero de la localidad donde se incautaron 70 rollos de madera sin marca de martillo, es decir, sin la identificación de Ecología que define si el árbol está dentro de las especies permitidas para la tala.

El subsecretario Riga afirmó que por la “magnitud” del hecho se trata de “una ocasión particular que obviamente nos alertó al ministerio a hacer estas patrullas para tener las pruebas necesarias y hacer la denuncia”.

Cuando el área de Control Forestal informó a la cartera sobre el robo de madera nativa en Piñalito, una de las primeras medidas que tomó Ecología fue el traslado de los dos guardaparques que estaban de guardia en el momento que se presume que se llevó a cabo la tala.

Si bien en un primer momento trascendió que los trabajadores podrían estar vinculados al hecho y estaban bajo la lupa de la investigación, el subsecretario descartó esa versión a LVM y confirmó que se trató de una medida “habitual” y preventiva para “preservar la identidad de los ciudadanos” y “llevar tranquilidad de que el trabajo se está haciendo con normalidad”.

En esa línea, Riga reafirmó: “Somos todos víctimas de esta situación, el parque es responsabilidad de todos, y no se está evaluando ninguna medida”.

Además del empresario de 31 años detenido en la causa, la Justicia libró una orden de detención para integrantes de una familia maderera que posee un predio lindante al área protegida en el cual se encontró una motoarrastradora escondida en el monto, la cual se presume que fue utilizada para la extracción de especies nativas de gran porte del parque.

Detienen a dueño de un aserradero por apeo ilegal en Piñalito

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El Ministerio de Ecología ordenó el traslado de dos guardaparques que prestaban servicio en el Parque Provincial Piñalito Sur, ubicado en San Pedro, en medio de una investigación sobre apeo ilegal de madera nativa que tiene como principales sospechosos a integrantes de una familia maderera de la zona.

La investigación se disparó por orden del ministro de la cartera ambiental, Martín Recamán, el pasado jueves, cuando la Dirección de Control Forestal informó que, durante una inspección de rutina, encontró un ingreso no autorizado al área natural protegida y registró la extracción de ejemplares de especies nativas de gran porte, algunos de hasta 15 metros de altura, además, de rastros de maquinaria pesada en el lugar.

El reporte de la dirección implicó la conformación de un Comité de Crisis integrado por áreas de la cartera ecológica provincial, el Ministerio de Gobierno y Gendarmería Nacional, para llevar adelante la investigación que este martes arrojó los primeros resultados.

Investigación

De acuerdo a lo que informó Ecología, la Justicia ordenó un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Piñalito Sur que realizó la cartera en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía de Misiones.

En dicho rastrillaje, los funcionarios secuestraron una maquinaria forestal pesada oculta en un lote lindante al área natural protegida perteneciente a una familia de madereros que, a partir de ahora, son los principales sospechosos de haber cometido el apeo ilegal en la zona del Parque, en la cual está totalmente prohibida la extracción de bosque, ya que alberga una variedad importante de fauna y flora autóctona.

Según precisaron desde la cartera, fue posible encontrar oculta en el monte de la propiedad privada una motoarrastradora de rollos, marca Caterpillar CAT 518 color amarillo, gracias a los rastros que dejó en el suelo. La máquina quedó depositada en la comisaría de Tobuna.

La motoarrastradora fue encontrada oculta en el monte.

Asimismo, la Policía ubicó a dos trabajadores rurales identificados como Ramón (18) y Bruno (23), quienes declararon en la causa que se tramita en Juzgado  de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar.

También a ambos peones se le decomisaron sus teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

Además, el Ministerio de Ecología decidió el traslado de los dos guardaparques que se encontraban de guarda cuando se presume que se cometió el apeo ilegal en Piñalito y en sus lugares fueron asignados trabajadores provenientes de otros parques.

Dos peones rurales declararon en la causa que tiene como principales sospechosos a una familia maderera.

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Continúa el riesgo de incendio extremo en Misiones y, tras la quema de 250 hectáreas en El Zaimán, entre otras intervenciones realizadas el fin de semana, desde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología hicieron un llamado a la toma de conciencia, al tiempo en que alertaron sobre las sanciones vigentes que incluyen multas millonarias por iniciar focos ígneos en zonas rurales y forestales.

En diálogo con La Voz de Misiones, el titular del área, Lucas Russo, aseguró que las multas se aplican “siempre que se pueda dar con los responsables”. Pese al gran número de incendios registrados en las últimas semanas, el funcionario aseguró que “en los casos intervenidos hasta la fecha no hemos recibido actas con infractores identificados”.

El fin de semana pasado fueron quemadas alrededor de 1.000 hectáreas de pastizales en distintos puntos de la provincia en un total de 21 intervenciones efectuadas por los Bomberos de la Policía. De no tomarse los recaudos necesarios, esta situación podría ser una constante ante el período de sequía extrema que se extenderá hasta marzo, como consecuencia del fenómeno meteorológico “La Niña”, el cual anticipa escasas lluvias durante estos dos meses.

En caso de dar con los responsables de incendios, provocados por imprudencia humana o negligencia en zonas de pastizales o montes, el Ministerio de Ecología tiene potestad de actuar en el marco de la Ley Nacional de Manejo de Fuego.

Al respecto, Russo detalló: “La ley nacional 26.815 prevé infracciones y sanciones respecto a incendios rurales y forestales. Estas sanciones pueden ser multas de entre 1 y 50 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional, que al día de hoy rondan entre $230.000 y $11.500.000”.

Incendios en zonas urbanas

En cuanto a las sanciones, el subsecretario de Ordenamiento Territorial también recordó que existen ordenanzas municipales con sumarios ambientales y consecuencias penales para quienes provoquen incendios.

“En zonas urbanas los municipios son los órganos de aplicación en materia de sanciones, también si cuentan -por supuesto- con sus ordenanzas. Posadas, por ejemplo, cuenta con una al respecto”, dijo en alusión a la Ordenanza VI N°18 que prohíbe todo tipo de quema no autorizada en la ciudad, con el objetivo de custodiar la biodiversidad y los espacios comunes de la capital misionera. 

La prohibición abarca una amplia gama de actividades, desde la quema de residuos hasta fogatas recreativas y la cocción de alimentos en lugares no designados, por lo que, en balnearios se aconseja encender fogatas únicamente en parrillas y apagarlo por completo cuando haya cumplido su función.

En tanto, en rutas solicitan no arrojar colillas de cigarrillos, ya que la combinación de la sequedad del suelo, la vegetación vulnerable y los fuertes vientos, crean condiciones propicias para que cualquier pequeño fuego se convierta en una amenaza significativa.

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