La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2, Silvina Inés Bacigalupi, hizo lugar a la medida cautelar impulsada contra Samsa por unos 15 vecinos del barrio Itaembé Guazú y ordenó a la empresa habilitar el pago mínimo a los usuarios, y le prohibió el corte del suministro de agua.

La resolución judicial se conoció esta mañana y, según el escrito al que tuvo acceso La Voz de Misiones, la jueza fundamentó la decisión en los preceptos de “verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”.

El amparo contó con el patrocinio del abogado Horacio Enrique Koncke, y las gestiones del concejal posadeño Fernando Zarza, quien acompañó a los usuarios afectados, entre los que figuran personas discapacitadas y menores de edad.

En los considerandos de la resolución de la jueza Bacigalupi, se lee que “en los periodos comprendidos de enero 2025 a marzo de 2026” los demandantes “comenzaron a recibir liquidaciones de servicios con montos exorbitantes y desproporcionados”, y que “tras un pormenorizado análisis se constató que dichas sumas no guardaban relación con el consumo promedio histórico de las familias, evidenciando una alteración sistemática en la mediación volumétrica”.

Asimismo, el escrito judicial achaca al Ente Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), faltar a “su deber de control” y ofrecer a los usuarios como “única respuesta” la “oferta de planes de pago con tasa de interés asimilables al sector financiero”.

También, argumenta el respaldo judicial al amparo de los vecinos “con la evidencia técnica” expuesta ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre “la intrusión de aire” en la red de agua, acreditada “mediante soporte técnico y audiovisual” y surgida “del monitoreo realizado con herramientas digitales de precisión (Data Loggers)”.

“La falla no es una conjetura, sino una realidad hidráulica documentada”, señala la jueza y menciona el proyecto del concejal Jair Dib para que la Municipalidad de Posadas obligue a Samsa a instalar válvulas purgadoras de aire en cada conexión domiciliaria de la ciudad.

“Pese a haber sido notificada de éste proyecto y de los reclamos técnicos, la empresa Samsa ha optado por silencio total y manteniendo órdenes de corte de suministro y pretendiendo el cobro de deudas que carecen de causa lícita”, dice la resolución judicial.

Asimismo, acusa a Samsa de “conducta contumaz” por haber ignorado “los reclamos técnicos sistemáticos”, y apunta contra la “ineficacia del control” por parte del Eprac, que “ha permitido que esta situación se prolongue durante ciclos estacionales completos sin exigir las obras de infraestructura necesarias”.

Por todo ello, la jueza resolvió “la suspensión de la ejecución judicial de deudas que puedan tener los actores por facturas y/o convenios del año 2025 y 2026”; “la suspensión de cortes, o en caso que ya se hayan efectuado, la inmediata reconexión del servicio de agua potable sin costo”; el beneficio del “pago mínimo” para los usuarios demandantes, “mientras dure el proceso y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”; y “requerir al Eprac que informe en el término de cinco días de notificado si realizó el operativo de monitoreo de presiones en los 20 puntos específicos del barrio Itaembé Guazú durante 7 días consecutivos y en distintas franjas horarias”, y que “en caso afirmativo”, “acompañe el informe final”; y, “en caso negativo, que informe cuándo lo llevará a cabo”.

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Los ex policías Adolfo Guirula y Diego Correa, dos de los ocho que en 2024 fueron detenidos en una causa por presunto intento de sedición y conspiración después de los reclamos salariales de ese año, amanecieron este lunes encadenados a una ventana de la Casa de Gobierno para reclamar la reincorporación de ambos a la fuerza provincial.

Vestidos con el uniforme que utilizaban hasta antes de ser detenidos y posteriormente exonerados de la institución, los manifestantes se esposaron en el lugar con carteles e hicieron un video en el cual expresaron su reclamo.

“Nos encontramos acá y procedimos a encadenarnos, como petitorio principal tenemos la reincorporación a nuestro trabajo. Es una protesta pacífica, sin obstrucción y por tiempo indeterminado”, señaló Correa.

Y agregó: “No estamos agrediendo a nadie, no estamos dañando ningún bien del Estado ni bloqueando el ingreso. Es un reclamo pacífico y constitucional”.

Con el correr de las horas, al escenario se fueron sumando más integrantes de la denominada “familia policial” y a media mañana realizaron una asamblea en el lugar, instancia para la cual se sumaron el también ex policía y ahora diputado provincial Ramón Amarilla y su compañero Germán Palaveccino, que en las últimas elecciones fue candidato a diputado nacional.

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Luego de varias semanas de negociación y tras dos audiencias bajo conciliación obligatoria, la Municipalidad de Posadas y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soemp) alcanzaron un acuerdo salarial correspondiente a la primera paritaria de 2026, desactivando así un conflicto que había escalado en los últimos días con medidas de fuerza y posturas enfrentadas entre ambas partes.

El entendimiento quedó formalizado este martes durante la segunda audiencia realizada en sede laboral provincial, luego de un proceso que incluyó reuniones previas, un paro de 24 horas impulsado por el gremio y la intervención del Ministerio de Trabajo de Misiones para encauzar las negociaciones.

Según el acta firmada, el acuerdo establece una mejora salarial escalonada para el primer semestre del año. En marzo se otorgará una suma de 30.000 pesos: para los agentes de categorías 12 a 19, el monto se distribuye entre 13.860 pesos en concepto de pasaje y 16.140 pesos por capacitación laboral; mientras que para las categorías 20 a 24 se aplicará una suma directa de igual valor.

Además, se incorporó una actualización de las asignaciones familiares, incluyendo mejoras en los ítems por hijo, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal e hijo con discapacidad. A esto se suma una nueva recomposición prevista para mayo, compuesta por 20.000 pesos en ticket canasta y 15.000 pesos adicionales por productividad.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es el compromiso del Ejecutivo municipal de avanzar con 200 cambios de situación de revista, permitiendo el pase de trabajadores desde planta temporaria a planta permanente, bajo criterios de antigüedad, prestación efectiva de servicios y ausencia de sanciones disciplinarias.

El cierre de esta primera paritaria representa un giro respecto del escenario de días atrás, cuando las posiciones parecían irreconciliables: mientras el sindicato reclamaba una recomposición de 150 mil pesos, el Municipio sostenía una oferta considerablemente menor en un contexto marcado por la caída de ingresos municipales.

Municipales iniciaron el viernes de paro y hubo conciliación obligatoria

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