Nacionales
Denuncian a la AFI macrista por espiar a 400 periodistas

Según la presentación judicial, habría investigado a políticos, referentes sociales, académicos y empresarios. Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri también aparecen 400 periodistas.
BUENOS AIRES. La Justicia investigará al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el presunto espionaje ilegal de unas 500 personas, en su mayoría periodistas.
Los datos surgen de la denuncia presentada este viernes por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, en la que acusó a la gestión macrista de “producción de inteligencia ilegal”.
Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri hubo políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios, miembros de organismos de la sociedad civil y unos 400 periodistas.
A estos últimos se les habrían armado fichas de perfil ideológico para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 en Buenos Aires. De acuerdo con Caamaño, en cada caso figuraban “preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras”.
Además, explicó que cada ficha tenía comentarios como “siempre con posturas contra el Gobierno”, “se muestra muy crítico respecto del actual gobierno”, “muestra su afinidad hacia el peronismo”, o “apoya a gobierno”. En tanto, según el perfil llevaban señales verdes, amarillas o rojas, supuestamente para habilitar la acreditación que los periodistas y medios habían presentado ante la cancillería argentina.
Según consignó Télam, entre los presuntos periodistas investigados hay 61 corresponsales de medios extranjeros, a saber: empleados de las agencias noticias DPA (Alemania); Reuters (Gran Bretaña); Associeted Press y Bloomberg (Estados Unidos); EFE (España); AFP (Francia), ANSA (Italia); Xinhua (China); y Al Jazzera (Qatar).
En lo que respecta a medios gráficos, portales y agencias nacionales, fueron incluidos trabajadores de Clarín; La Nación; Infobae; Perfil; Página 12; BAE; Crónica; El Cronista; Diario Popular; Ámbito Financiero; Tiempo Argentino; La Prensa; La Voz del Interior; Télam; Noticias Argentinas; El Destape; Forbes Argentina; La Política On Line; The BA Times; y Revista Noticias.
También espiaron a periodistas, camarógrafos y productores de los canales de televisión Telefé; Canal 13; Canal 9; Televisión Pública; Todo Noticias (TN); C5N; Crónica TV; Canal 26 TV; América 24; CNN en español; Canal 3 (Rosario); Grupo UNO; Canal de la Ciudad (CABA); y Canal 12 (Córdoba). Además, investigaron a profesionales de Radio 10; Mitre; Cadena 3; Radio Nacional; La Red; Del Plata; Continental; Rivadavia; Radio de la Ciudad; y Latina.
De acuerdo con lo informado, en la lista figuraba el nombre completo de cada periodista, el detalle de los respectivos medios a los que pertenecían y observaciones a partir de sus intercambios o posteos en las redes sociales, en la que se incluía información sobre participación sindical, su ideología o asistencia a marchas, por ejemplo. Algunos fueron definidos como “kirchneristas” o por tener “ideas afines a Cambiemos”; o por subir tuits “en reclamo de la actividad de prensa”; o si era “miembro de ARGRA”; o de “Satsaid”; “Sipreba”; o si estaba “a favor del aborto”.
Según el escrito, en el caso de empresarios y sindicalistas que pidieron participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio de 2017, se incluían además puntillosos datos personales, patrimoniales y salariales.
“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”, detalla el documento, al tiempo que afirma que el accionar de la AFI se ejecutó “con manifiesta connivencia de la (entonces) autoridad máxima del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”.
“Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo”, aseguró el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.
En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó “preocupación por los casos de presunto espionaje ilegal contra ciudadanos, entre ellos, numerosos periodistas” y comunicó que “presentará un pedido de informes a las autoridades y organismos involucrados”.
Según fuentes judiciales, la denuncia presentada por la AFI se sustenta a partir de la información hallada dentro de tres sobres que había en el interior de una caja fuerte del organismo con las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.
Por sorteo, la causa recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa, en el que constituye el segundo expediente abierto por este tema.
Por su parte, Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas; a la exsubdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al expresidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.
Diario Federal
Nacionales
El gobierno anunció el cierre por decreto de Vialidad Nacional

En la tarde de hoy el vocero presidencial Manuel Adorni anunció los últimos decretos con “superpoderes” del gobierno nacional, entre los que finalmente confirmaron la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos detalles serán publicados en el Boletín Oficial mañana martes.
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, lanzó el vocero mientras anticipaba la medida que también alcanzará a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Al mismo tiempo, hizo referencia a la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por una causa vinculada a la licitación irregular de obras para rutas.
La medida, en concreto, afectará a alrededor de 5500 empleados, de los cuales al menos 140 se desempeñan en Misiones.
Respecto a la infraestructura, unas 118 rutas nacionales quedarían “a la deriva” con más de 40 mil kilómetros “sin mantenimiento ni cobertura”, según denunciaron los gremios del sector que desde hace varios días se mantienen en estado de alerta y movilización en varios puntos del país, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipara el lanzamiento del decreto en cuestión.
“De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales”, planteó Adorni durante el anuncio realizado en Casa Rosada.
A su vez, informó que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradas como nunca antes en la historia del país”.
Cabe recordar que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue creada como una entidad autárquica del Estado Nacional en 1932, transformando la antigua dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Corte de calle y protesta en Posadas
Esta mañana, empleados y referentes gremiales se apostaron en la intersección de las calles Jujuy y Bolivar para rechazar el inminente decreto que pondrá en riesgo los puestos de al menos 140 trabajadores en Misiones, mientras que otros serían cesanteados.
El Decreto Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467, que ahora serán derogados, fue la encargada de la creación y regulación de la Dirección Nacional de Vialidad, definiendo su estructura, funcionamiento y fondos. En concreto, se ocupó de la conservación, mantenimiento y proyección de las rutas nacionales, de las cuales en Misiones se ven comprometidas las arterias 12, 14, 105 y 101.
Posible disolución de Vialidad Nacional afectaría a 140 empleados misioneros
Nacionales
Cinco muertos por inhalación de monóxido de carbono en Villa Devoto

Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
Nacionales
Gobierno autorizó a la Policía Federal a vigilar redes y requisar sin orden judicial

En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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