Nacionales
Viuda de Escobar, su hijo y Chicho Serna serán juzgados por lavar dinero narco
Además, otras seis personas serán juzgadas por lavado unos 3.000.000 de dólares y 1.700.000 pesos proveniente de la venta de drogas.
BUENOS AIRES. La viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo, el ex futbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna y a otras seis personas serán sometidas a juicio como acusados de lavar unos 3.000.000 de dólares y 1.700.000 pesos provenientes de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias realizadas entre 2008 y 2017 en Argentina, entre ellas en el emblemático Café de los Angelitos.
Según informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación a través de su página web, el juez federal 3 de Morón, Néstor Barral, resolvió elevar la causa a la etapa de debate oral.
Esta resolución coincidió con lo solicitado en agosto último por el fiscal federal 1 de dicho departamento judicial, Sebastián Basso, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
Entre los nueve acusados que irán a juicio están la viuda de Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero (59); el hijo de ambos, Juan Sebastián Marroquín Santos (42); y el ex futbolista “Chicho” Serna (52), a quienes se les atribuye haber realizado un aporte “esencial” para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos (60), vinculado al líder del Cartel de Medellín.
Antes de elevar el caso a juicio, el magistrado rechazó los planteos de oposición y de sobreseimiento realizados por parte de las defensas.
El MPF les imputa a Piedrahita Ceballos, al abogado argentino Mateo Corvo Dolcet (55), a María de los Ángeles Verta (53), a María Gabriela Sánchez (50) y a Pedro Antonio Ruíz (58), haber integrado “una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 -fecha en la que se detectaron las primeras inyecciones de fondos- hasta el 29 de septiembre de 2017”.
Para los pesquisas, esta organización se dedicaba a “poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió el ciudadano colombiano Piedrahita Ceballos por fuera del país, específicamente en la República de Colombia y en los Estados Unidos de América, con el objeto de otorgarles apariencia lícita”.
Con ese fin, la banda llevó a cabo “actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos” y mediante distintas empresas logró ingresar al sistema financiero argentino “sumas que alcanzaron los -cuanto menos- 3.081.164 dólares y 1.713.035,15 pesos”.
Por otro lado, los fiscales atribuyen a la viuda e hijo de Escobar Gaviria “haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada”.
Similar acusación pesa sobre Serna, a quien se acusa de “haberle entregado a Piedrahita Ceballos, a un precio irrisorio y ficticio, los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado El Campito -actualmente identificado como Club de Campo San Diego-, y dos lotes del Barrio Terravista SA, los cuales tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado Carlos María Aguilar”.
Finalmente, se le imputa a Esteban Adrián Delrio (59) el haber puesto en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes desplegadas por Piedrahita Ceballos, también en Colombia y los Estados Unidos.
El devenir del expediente permitió establecer que este colombiano y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en emprendimientos inmobiliarios en Pilar y servicios de bar/confitería, entre ellos en la explotación de “El Café de los Angelitos” de Balvanera, que fue allanado en 2017.
Mientras que el 25 de marzo último, el juez Barral dispuso que el predio “Pilar Bicentenario”, afectado a esta causa sea entregado al Municipio de ese partido del norte del conurbano para establecer un centro de diagnóstico de Covid-19.
En tanto, hace un año, el mismo magistrado había dispuesto el procesamiento con prisión preventiva del principal acusado junto a un embargo de 200 millones de pesos.
De acuerdo al MPF, Piedrahita Ceballos “fue señalado como una persona que ocupaba cargos jerárquicos dentro de todas las estructuras criminales que integró desde –cuanto menos- los años 90, y podríamos presumir que fue esa predilecta ubicación la que le permitió conocer a Escobar Gaviria”.
“Tengamos en cuenta que ese mismo posicionamiento fue el que a posteriori le permitió escalar en las altas esferas del Cartel de Cali, y laborar junto a los hermanos Rodríguez Orejuela”, añadieron los fiscales en aquel entonces.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
Una fuerte conmoción sacude a la provincia de Santa Fe tras un violento episodio ocurrido este lunes por la mañana en la ciudad de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años ingresó armado a un establecimiento educativo y efectuó disparos contra otros alumnos, provocando la muerte de un adolescente de 13 años e hiriendo a otros dos menores.
El hecho se registró alrededor de las 7.15 en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, cuando los estudiantes se encontraban reunidos en el patio interno aguardando el inicio de la jornada escolar y el izamiento de la bandera. Según las primeras reconstrucciones, el agresor extrajo un arma de fuego que llevaba en su mochila y abrió fuego de manera repentina contra sus compañeros.
Como consecuencia del ataque, un alumno de 13 años murió en el lugar tras recibir un disparo, mientras que otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones y fueron trasladados a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.
El atacante fue reducido y quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras personal policial y peritos trabajaban dentro del establecimiento para determinar las circunstancias del hecho, el tipo de arma utilizada y cómo el adolescente logró ingresar armado al colegio.
Desde el municipio local confirmaron que, tras el episodio, se suspendieron las actividades escolares y se dispuso asistencia psicológica para alumnos, docentes y familiares afectados por lo ocurrido. La investigación permanece en curso y no se informó todavía cuál habría sido el motivo del ataque.
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