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MEDIOAMBIENTE

Denuncian el apeo ilegal de 300 árboles en territorio indígena en San Ignacio

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La incursión con motosierras sucedió en la colonia Mbocayaty. Piden que se investigue y señalan la inacción de la Policía al no querer tomar las reiteradas denuncias.

 

SAN IGNACIO. Miembros de la comunidad mbya guaraní Mbocayaty, de San Ignacio, denunciaron ante el juez de Instrucción el apeo ilegal de unos 300 árboles en su territorio. 

Según señalaron desde la comunidad en su escrito ante el magistrado, la incursión ilegal fue realizada por personas desconocidas el pasado 6 de mayo.

Bernardino Villalba, el cacique de la aldea, denunció asimismo la negativa reiterada de la Policía de Misiones de tomar las denuncias formuladas, “haciéndolos responsables de los daños que pudieran haber ocasionado en nuestro territorio”, dijo.

En este sentido, argumentó que el predio intrusado fue reconocido en los términos de la Ley 26.260 por Resolución N° 770/2012 en el Expediente N° E-Inai-51033-2011. Es decir, que se reconoce la posesión ancestral del territorio referido, con todos los efectos que eso implica, “entre ellos, el derecho de defenderlo de los usurpadores y/o intrusos”, adujo el cacique.

El apeo ilegal se registró el pasado 6 de mayo, cuando habitantes de la comunidad escucharon las motosierras cortando árboles a unos 30 metros del lugar donde se ubican las viviendas. 

Además, se informó que guardaparques de la zona del Teyú Cuaré se hicieron presentes en el lugar para constatar los hechos.

Por ello, reclaman que el juez “realice las investigaciones respectivas” tanto del apeo ilegal como del accionar policial “que una vez más y en forma sistemática discrimina negándose a tomar las denuncias correspondientes”.

El cacique Villalba informó además que fueron cortados unos 300 ejemplares, entre pequeños y grandes árboles de diferentes especies.

Asimismo, deslindaron responsabilidades en el Estado, al asegurar que “ningún movimiento de bosque como el que se realizó, por su magnitud y relevancia, puede hacerse sin la autorización del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, lo cual -los intrusos- no pudieron acreditar en el momento. Creemos que fue un apeo absolutamente ilegal”.

Los miembros de la comunidad piden a su vez que se ordene una medida de no innovar para garantizar los derechos territoriales de la comunidad: “Se hace indispensable la protección por parte del Estado, en este caso, consumado el despojo a través de formas y conducta penadas por el Código Penal, corresponde la intervención del Poder Judicial y más precisamente de la Justicia Penal”, cierra la denuncia.

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LA REGIÓN

Paraguay: el Bosque Atlántico sufre el avance de plantaciones de marihuana

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Entre 2004 y 2018 se deforestaron casi 1 millón de hectáreas en territorio paraguayo de la ecorregión que comparte junto a Brasil y Argentina.

 

ASUNCIÓN. La plataforma Global Forest Watch alertó por nuevos focos de deforestación en las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa), en la región Oriental del Paraguay.

Así, un equipo de Mongabay Latam y el diario La Nación de Paraguay viajó hasta las áreas protegidas para comprobar la destrucción de bosques debido a la plantación de marihuana.

Desde 2004, cuando entró en vigencia la Ley 2.524, conocida como de Deforestación Cero -que establece pena carcelaria para quienes hagan deforestación-, en los registros judiciales no hay rastros de que una persona investigada por delito ambiental haya terminado en la cárcel.

Según los informes de las circunscripciones judiciales departamentales, los casos judiciales en los que se investigan delitos vinculados a la deforestación tienen que ver con el tráfico de rollos o la extracción de madera.

Todas las causas terminan con leves condenas que van desde el pago de multas hasta la obligación del investigado de realizar trabajos comunitarios.

El Bosque Atlántico abarca los departamentos de Amambay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa, es decir, diez de los 14 departamentos de la región Oriental del Paraguay.

Esta ecorregión ocupa además la provincia argentina de Misiones, y secciones de los estados del suroeste del Brasil (Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo y Mato Grosso do Sul), donde se encuentra la mayor parte de la región.

Originalmente, contaba con una superficie de 120 millones de hectáreas de selvas, que en las últimas décadas fueron reducidas a un nivel alarmante. Muchas de estas regiones quedaron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, amenazando así la supervivencia de numerosas especies de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar los diferentes bloques por medio de corredores biológicos.

Sólo en territorio paraguayo se deforestaron 977.000 hectáreas desde 2004 hasta el 2018.

Para el abogado e investigador Juan Martens, lo que se da en los procesos judiciales relacionados al ambiente se llama “justicia selectiva”, ya que los únicos que son investigados por tráfico de rollos, deforestación u otros delitos conexos son los trabajadores de menor grado en toda la industria clandestina.

“Son los cultivadores, los que extraen la madera, los que cobran para llevar, los choferes. En los procesos judiciales no se tiene a un financista, a alguien que está realmente lucrando con la deforestación”, expuso Martens en diálogo con el medio paraguayo.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales diez se concentran en Caaguazú. En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú, los guardaparques hicieron 16 denuncias por presencia de parcelas para plantación de marihuana en el 2019. Ninguna de ellas terminó en una investigación judicial hasta ahora.

Existen organizaciones muy fuertes que operan con plantaciones ilegales y que, cada día, suman más gente a lo que ya sería una industria.

Para el Ministerio del Ambiente, la situación también se muestra complicada, a decir de Julio Marecos, director de fiscalización de la institución. “Solamente en el Parque Caazapá, hicimos 11 intervenciones en el 2019. Destruimos plantaciones ilegales de marihuana, de granos.

De todos estos operativos, apenas en un par de casos, se llegó hasta la cuestión judicial. Pero en el caso de marihuana, ni un sólo detenido en todas las operaciones.

Para el ejercicio fiscal de este año, el Congreso Nacional redujo en 27.000 millones de guaraníes el presupuesto inicial del Ministerio Público para el periodo 2020.

Esta medida afectó el funcionamiento de varias oficinas de la institución, principalmente las del interior del país. “Igual te digo que tengo gente seria, comprometida con la institución, haciendo todo lo posible por evitar que sigan destruyendo nuestros bosques”, finaliza Salas.

 

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MEDIOAMBIENTE

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