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Según Unicef para diciembre en Argentina 6 de cada 10 niños será pobre

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Estiman que la pobreza infantil en Argentina llegará al 58,6% a fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus y la crisis económica que trajo consigo, la situación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables se agravaría a fin de año.

 

BUENOS AIRES. Al final de 2020 unos 756.360 niños, niñas y adolescentes (NNYA) más habrán caído en situación de pobreza en relación al último semestre del año anterior por la crisis del nuevo coronavirus, según las proyecciones que forman parte de informe presentado por Unicef, basado en las estimaciones de la caída del PBI y de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

En el marco de una teleconferencia de prensa de la que participaron una treintena de periodistas de todo el país, la organización alertó sobre el crecimiento de la pobreza infantil monetaria en Argentina, que en el segundo semestre de 2019 afectaba al 53% de los NNYA y podría escalar al 58,6% hacia fines del 2020; mientras que la pobreza extrema treparía del 14.1 al 16,3% en el mismo período.

En ese sentido, la representante de Unicef en la Argentina, Luisa Brumana, y la adjunta, Olga Isaza, llamaron a fortalecer las políticas de protección social a poco de cumplirse 80 días de conocerse el primer caso de Covid-19 en el país y a dos meses de implementarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El estudio “Efectos del Covid-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina” plantea que, de cumplirse una caída del PBI esperada de 5,7 puntos, la cantidad de NNYA pobres pasaría de 7 millones en 2019 a 7,7 millones hacia finales de 2020; y la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones.

Por otro lado, el análisis muestra fuertes desigualdades, dado que la incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando las niñas, niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%).

Además, si la vivienda está localizada en una villa o en barrios populares, la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a nueve de cada 10 niñas y niños, de acuerdo al informe. “Los datos nos muestran que el Covid-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las victimas ocultas de la pandemia”, señaló Brumana.

Ante este panorama, Unicef planteó tres recomendaciones: aumentar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH); ampliar la base de los programas de protección social flexibilizando las condicionalidades; e implementar políticas específicas que complementen estos programas y tengan en cuenta la situación de los NNYA que residen en hogares con una prevalencia de pobreza mayor.

El estudio sobre la pobreza infantil y la desigualdad en la Argentina se basa en datos oficiales y públicos del Indec. Se trabajó con el período 2004-2019, tratando de respetar la homogeneidad metodológica de la Encuesta Permanente de Hogares que es de donde surgen los datos de pobreza general e infantil (total y extrema) que se emplearon en las estimaciones.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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