Provinciales
Amenazada? Jueza de Candelaria renunció tras mantener dos misteriosas reuniones
Fue visitada en su despachos por dos funcionarios municipales que le pidieron el cargo. No los identificó, pero dio aviso a la Policía. Este miércoles se reunió con el intendente Flores y salió con la renuncia en las manos.
POSADAS. La jueza de Faltas de Candelaria, Diana Beatriz Posdeley, renunció a su cargo tras mantener dos misteriosas reuniones con funcionarios municipales y el intendente Carlos Flores, pero negó que hubiera recibido presiones.
El caso tuvo amplia repercusión por las características casi mafiosas que las rodearon, aunque la supuesta víctima en ningún momento explicó con claridad cuáles fueron los motivos que la llevaron a aceptar los pedidos para que se alejara del cargo.
Posdeley, en declaraciones a distintos medios, se limitó a señalar que en su decisión “no hubo violencia”, que conversó en forma “pacífica” y que no aceptaría en ningún caso que entorpecieran su desempeño, pero evitó detallar qué había sucedido.
El martes último, la magistrada hizo público que había recibido la visita de dos funcionarios municipales que le habían pedido el cargo, en representación del intendente Flores, del oficialista Frente Renovador de la Concordia.
Tras la reunión admitió que se comunicó con el jefe de la comisaría local para advertirle en caso que se plantearan hechos de violencia, ya que “pensé que podía haber y por las dudas si necesitaba ayuda”, señaló al sembrar más dudas con respecto a las causas reales de su dimisión.
A pesar de la gravedad del hecho, no hizo referencia a las razones que esgrimieron los “visitantes” al pedirle que renunciara, pero anticipó que se iba a reunir con el intendente Flores para conocer los motivos de su injerencia en el quehacer de la justicia de Faltas.
El encuentro finalmente se concretó y al finalizar, Posdeley señaló que Flores se disculpó por el incidente del día anterior, pero “no llegamos a un acuerdo, conversamos tranquilamente y al no llegar a un acuerdo he decidido retirarme al cargo de juez”.
Por eso “he presentado mi renuncia, por la simple razón de que no voy a permitir que se entorpezcan mis funciones” y que “en esas condiciones no puedo seguir”, señaló sin dar mayores detalles del tono del encuentro y de las exigencias planteadas por Flores.
De acuerdo con comentarios recogidos por La Voz de Misiones en Candelaria, entre los cuestionamiento del intendente a la jueza renunciante figuró el hecho de que ésta fue nombrada por el anterior alcalde, Daniel Luna, lo que habría despertado cierta desconfianza entre ambos.
Por otro lado, Posdeley habría trabado algunos emprendimientos en ámbito municipal por no encuadrarse en la normativa, generando malestar en el Departamento Ejecutivo, pero las verdaderas razones del alejamiento de Posdeley quedaron en el más profundo secreto. Fue amenazada?
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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