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Monotributo: subirán 51% los aportes y monto de facturación desde enero/20

El ajuste se hará efectivo en enero de 2019. La actualización surge al aplicar la ley 27.346 que ata las variables del esquema monotributista al aumento de los haberes jubilatorios.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). Por la reglamentación vigente aumentará poco más de 51 por ciento del aporte del monotributo a partir del primer día de 2020, según confirmaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Si se realiza una actividad de prestación de servicios, el ingreso máximo anual para ingresar y permanecer en el régimen impositivo simplificado será de aproximadamente $ 1.739.261, un promedio de $ 144.938 mensuales.

En la actualidad, ese tope es de $ 1.151.000, pero los contribuyentes se quejan porque la inflación disparó los precios y es cada vez más difícil mantenerse en ese régimen simplificado.

“Se cumple la actualización automática, pero va siempre detrás de la inflación”, señalaron varios especialistas consultados por distintos medios.

“Por eso, las escalas que fijan los valores máximos de facturación se ajustan a un 51% cuando la inflación va a estar cerca del 60%”, añadieron.

En el sector del comercio la facturación anual admitida será de hasta $ 2.608.892 y un promedio de $ 217.408 mensuales.

La actualización surge al aplicar la ley 27.346, que establece que las variables del esquema del monotributo se actualizan una vez por año, en un porcentaje equivalente al aumento acumulado en el período anual previo por los haberes jubilatorios del sistema nacional.

Por la actualización que se aplicará, la categoría “A” admitirá el año próximo a quienes facturen no más de $ 208.711 en doce meses, mientras que para las categorías “B” y “C” las cifras serán de $ 313.067 y de $ 417.423, respectivamente.

En la categoría “A”, la más baja el aporte mensual total, subirá a $ 1.955,4, en la “B” de $ 2186,5; en la “C” el importe del componente impositivo comienzan a diferenciarse según se trate de actividad comercial o de servicios y en el primer caso el total a pagar cada mes de 2020 será de casi $ 2.500 y en el segundo, de $ 2.457.

El pago con destino a la prestación de salud será en todos los casos de $1.041,1 por persona beneficiaria, mientras que el aporte jubilatorio se paga en función del nivel de facturación.

También se modificará el valor de los alquileres devengados en un año para desarrollar la actividad económica y el tope vigente para las categorías más altas, será de $313.067.

La nueva tabla de valores regirá desde de enero y será la que habrá que observar para el trámite de recategorización que habrá que hacer, en caso de corresponder, en ese mismo mes.

Los contribuyentes deberán observar en función de la facturación y de las otras variables contempladas en el monotributo si están en la categoría que les corresponde.

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Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto: “Queremos más derechos para todas”

El presidente electo Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto en la presentación de un libro en la Facultad de Derecho. “Queremos más libertad y derechos para todas”, dijo.

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Controles de alcoholemia y drogas a policías y otras fuerzas federales

Un grupo especial podrá llegar sin previo aviso a dependencias y operativos y el control será obligatorio.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad federales serán sometidos a controles antidoping y de alcoholemia en cualquier horario y sin previo aviso, según una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial.

La iniciativa está prevista en la resolución 507/2019, mediante la cual se crea la Unidad de Pruebas Toxicológicas (UPT), bajo la órbita de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad de la cartera de Seguridad.

Esa unidad realizará controles “de carácter obligatorio sobre el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la detección de consumo de estupefacientes y alcohol”.

“Para el cumplimiento de su objetivo estará autorizada a toda hora y sin previo aviso a ingresar en cualquiera de las dependencias u operativos de despliegue de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, indica el artículo 2 de la resolución.

La disposición alcanza a los integrantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes “deberán prestar plena colaboración y asistencia en los requerimientos” que le efectúen los miembros de la UPT.

Según se establece en el protocolo de actuación, quienes estén a cargo de los controles de alcoholemia y de estupefacientes “realizarán una selección aleatoria de los agentes que serán evaluados” y a tal fin “solicitarán listados del personal o bien recorrerán la dependencia u operativo eligiendo azarosamente a los agentes que se encuentren en sus puestos de trabajo”.

Además, podrán requerir a las autoridades responsables la presencia de aquellos agentes que hayan sido seleccionados a tal efecto pero que se encuentren de servicio fuera de la dependencia u operativo.

En caso de que alguno de los test arroje resultado positivo, se pondrá en conocimiento a las autoridades del área a la que pertenece el efectivo, quienes deberán “suspender inmediata y preventivamente toda actividad operativa del agente en cuestión, restringiendo así también el uso de armamento”.

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El peronismo se encaminaba a aprobar un repudio al “golpe de Estado” en Bolivia

Cambiemos limitó su proyecto a condenar las intervenciones políticas y militares. Pero quedó en minoría. Macri pretendía que ni se hablara de “golpe”.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). Sin el apoyo del macrismo, el pronunciamiento de repudio “al golpe de estado en Bolivia” iba camino a ser aprobado por la mayoría peronista en Diputados, ya que no hubo acuerdo entre los bloque

Ya se había anticipado que el oficialismo se abstendría de votar el texto del PJ a pesar de haber presentado un proyecto que condenaba lo sucedido con Evo Morales.

El presidente Mauricio Macri logró que sus legisladores evitaran referirse a la salida de Evo Morales como “un golpe de Estado”, pero no evitó que repudiaran la intervención militar que lo obligó a dimitir el domingo.

El debate interno entre el PRO y la UCR demoró la sesión de la Cámara de Diputados e impidió que acordaran una declaración conjunta con el resto de la oposición y casi se frustre.

Es que los legisladores de Cambiemos no llegaron a sus bancas cuando había pasado una hora de la citación y Emilio Monzó bien podría haber suspendido la sesión, pero prefirió esperar hasta que se reunieran 129.

Ni bien comenzó, pidió un cuarto intermedio para negociar un texto común entre los bloques pero no fue posible y el secretario parlamentario Eugenio Inchausti leyó las tres declaraciones: la del Gobierno, la de la oposición y la de Evolución, el bloque de Martín Lousteau, que no estaba para firmar.

El de Cambiemos no menciona golpe de Estado y repudia las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y es bastante más duro que las definiciones de Macri y Faurie por estos días, con letra de los radicales con experiencia diplomática que integran el bloque.

Dice: “Ratificar el compromiso con la cláusula democrática de la OEA y el protocolo de Usuahia del Mercosur, repudiar los ataques contra el sistema democrático, sufridos por el Estado Plurinacional de Bolivia, las condenables intervenciones policiales y militares en el proceso político, como así también las gravísimas alteraciones a la voluntad popular que desembocaron en el anuncio de una nueva convocatoria a elecciones nacionales.

Rechazar cualquier golpe contra la democracia y cualquier tipo de violencia, apoyando las autoridades constitucionales y la alternancia democrática”.

“Abogar por el inmediato restablecimiento pleno del Estado de derecho que garantice la paz en el pueblo de Bolivia a través de la convocatoria y realización de elecciones con total transparencia y la vigencia irrestricta a sus normas constitucionales”, termina el texto firmado por los tres jefes de bloque: Mario Negri (UCR), Álvaro González (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El segundo párrafo de los fundamentos sienta una postura que tampoco se escucha en el palacio San Martín: “Es particularmente preocupante que reaparezcan en nuestro continente injerencias directas de las fuerzas armadas propiciando la renuncia de autoridades civiles”.

El del peronismo es escueto porque buscó ser consensuado por todo el recinto, pero no fue posible. “Expresar su profundo repudio al golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 en el Estado plurinacional de Bolivia, que obligó al presidente Evo Morales y a otros funcionarios a renunciar”, dice el primero de los tres párrafos.

El de Carla Carrizo y Teresita Villavicencio, aliadas de Lousteau, cuestiona el golpe de Estado en Bolivia y las “prácticas electorales” fraudulentas.

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